TSS deposita 15 expedientes de casos de ventas irregulares de seguros de salud
El tesorero de la Seguridad Social (TSS), Henry Sahdalá Dumit, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar 15 expedientes sobre presuntas ventas irregulares de miles de seguros de salud, en perjuicio de los contribuyentes.
De acuerdo con lo explicado por Sahdalá Dumit, “el trabajo que ellos (las entidades denunciadas) hicieron fraudulentamente le cuesta a la Tesorería, en un solo mes, aproximadamente 54 millones de pesos» que la entidad deja de recibir y tiene que buscarlo «para pagar a los que sí están cotizando en la Seguridad Social”.
Sahdalá Dumit y el equipo jurídico de la TSS presentaron documentación sobre la detección de registros irregulares de miles de trabajadores a través del uso indebido de la clave de acceso que tienen personas que el empleador autoriza como su representante ante la institución.
Los expedientes fueron depositados en la Secretaría General de la PGR. Luego el titular de la TSS y el equipo jurídico conversaron sobre la situación con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
Sahdalá Dumit consideró que esos registros irregulares de personas representan un gran perjuicio económico, por lo que la TSS, en su rol de garante del correcto funcionamiento y de administradora del Sistema Único de Recaudo (SUIR) entiende que existen indicios importantes para que el Ministerio público inicie y profundice la investigación correspondiente.
Ministerio Público investigará
El Ministerio Público respondió en un comunicado de prensa que la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, encaminará todos sus esfuerzos para investigar las 15 denuncias sobre ventas irregulares de miles de los seguros de salud.
La procuradora conversó con Sahdalá Dumit y con los abogados Nermis Andújar y Emerson Calcaño, del área jurídica de la TSS.
El responsable de la TSS y los abogados de la entidad depositaron los expedientes ante la Secretaría General del Ministerio Público, que encabeza Gladys Sánchez Richiez, quien tramitará los documentos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
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