La Fiscalía de Colombia pide no investigar a Álvaro Uribe por manipulación de testigos
La Fiscalía de Colombia ha desistido de acusar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta un proceso por manipulación de testigos que lo mantuvo más de dos meses en detención domiciliaria y lo llevó a renunciar a su escaño en el Senado para salir de la órbita de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal designado para el caso, Gabriel Jaimes, ha pedido este viernes dar por cerrada la investigación contra el político sin llegar a juicio, pero ahora debe sustentar su decisión ante un juez, de manera que el dilatado caso pasa a una nueva etapa antes de alcanzar un desenlace.
“Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, dijo a primera hora de la mañana de este viernes la Fiscalía en un comunicado. Esas conclusiones “serán expuestas en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito que disponga el sistema de reparto”, en un escenario judicial que todavía es apelable y se puede tardar meses. Solo entonces se conocerán con detalle los argumentos de la decisión.
El expresidente Uribe reaccionó de inmediato al fallo, que lo beneficia. “Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, escribió en su cuenta en Twitter. El senador Iván Cépeda, reconocido como víctima en el proceso por soborno y fraude procesal contra Uribe, ya había advertido que desde que el caso llegó a la Fiscalía –encabezada por Francisco Barbosa, un íntimo amigo del presidente Iván Duque– no había habido ninguna clase de garantías para las víctimas y sus abogados. El fiscal Jaimes “ha desviado la investigación, ha menospreciado y se ha abstraído de la investigación hecha por la Corte Suprema de Justicia, de las miles de pruebas que hay en el expediente y que fueron claramente sustentadas por la Corte en un escrito de más de 1.500 páginas cuando dio la orden de privar de la libertad a Uribe”, le dijo Cepeda a EL PAÍS antes de conocer la decisión. Anticipó, además, que llegado el caso apelaría la decisión. “Aquí todavía hay mucho trecho por recorrer”, vaticinó.
La causa se remonta a 2012, cuando el senador Cepeda intentó demostrar los vínculos de Uribe con el paramilitarismo. El exmandatario presentó una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema –con competencias sobre aforados como los legisladores– por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades criminales de los grupos armados de ultraderecha. Pero fue hasta mediados de 2018 cuando el caso tuvo un giro, pues el alto tribunal, tras casi seis años de investigaciones, decidió archivar el proceso contra Cepeda y en su lugar pidió investigar a Uribe –por aquel entonces senador– bajo la sospecha de que él y sus abogados fueron los que manipularon testigos.
La denuncia original de testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de una antigua propiedad de la familia Uribe, señala que en esa finca, la hacienda Guacharacas, se conformó un bloque de autodefensas en la década de los noventa, cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia. Monsalve, considerado un testigo clave en el caso, se negó a declarar de nuevo ante “una Fiscalía sesgada y parcializada, donde el señor Uribe Vélez parece más una víctima que un imputado”, según justificó su abogado, Miguel Ángel del Río. Dijo entonces que solo declararía “ante un juez imparcial, en una audiencia pública, oral, transparente”. La defensa del exmandatario ha buscado desacreditar el testimonio de Monsalve.
La medida de casa por cárcel para un expresidente no tenía precedentes en Colombia. El pasado agosto, cuando Uribe todavía era senador, la Corte Suprema ordenó su detención preventiva y domiciliaria. El exmandatario renunció entonces al Senado, donde era el líder indiscutible del Centro Democrático, el partido de Gobierno, y la Corte decidió a comienzos de septiembre enviar el expediente a la Fiscalía por considerar que había perdido la competencia.
El alto tribunal también decidió en septiembre enviar a la Fiscalía otros tres expedientes en los que investigaba de manera preliminar a Uribe, los relacionados con las masacres de Ituango –conocidas como El Aro y La Granja–, la masacre de San Roque –en la que, según la Corte, los perpetradores “al parecer” utilizaron como base de operaciones la Hacienda Guacharacas– y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Todos ocurrieron mientras Uribe era gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, pero fueron declarados crímenes de lesa humanidad. por lo que no prescriben.
A pesar de la decena de procesos que enfrenta en la justicia, Uribe, protagonista permanente de la polarización que ha marcado a la sociedad colombiana, se ha mantenido como un gran fenómeno electoral y es el mentor político del presidente Duque. Durante los dos periodos de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), se convirtió en el más férreo crítico del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC y congregó a los sectores más conservadores alrededor del Centro Democrático. Aunque durante sus dos mandatos entre 2002 y 2010 mantuvo altísimos niveles de popularidad, su aceptación se ha derrumbado. El 58% de los encuestados tenía una imagen desfavorable del expresidente en la más reciente medición de la firma Invamer que se conoció esta semana, frente a un 35% de imagen favorable.
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