La UE y EE UU difieren sobre las próximas sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania
Occidente se mueve en un espacio cada vez más reducido para imponer medidas dirigidas a acorralar la economía rusa e impedir que siga alimentando la guerra en Ucrania. El ritmo para tomar decisiones históricas se ha reducido y el enfoque de los socios occidentales de Kiev sobre los pasos a seguir difiere. Las sanciones sobre Moscú funcionan y, aunque más despacio de lo esperado, tienen impacto. Sin embargo, tienen agujeros y Rusia encuentra fórmulas para importar y exportar a través de terceros países. Mientras Estados Unidos presiona para que se imponga una prohibición total de las exportaciones a Rusia en el Grupo de los Siete (G7), como fórmula para hacer tabla rasa y tapar todas esas grietas, la UE —más partidaria de ir paso a paso y sector a sector— cree que este abordaje no es viable y apuesta por diseñar mejores herramientas contra la elusión y sondea la idea de establecer un mecanismo para disuadir a los países que ayudan a Rusia a evadir las restricciones.
Washington, frustrado por las lagunas que permiten a Moscú recibir todavía tecnología occidental que puede tener un doble uso, civil y militar, está abogando para que el G7 —EE UU, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá, además de la UE— acuerde un veto total a las exportaciones a Rusia, con excepciones en los sectores agrícola y farmacéutico, según adelantó la agencia Bloomberg y confirman fuentes comunitarias.
Pero aunque la prohibición total puede satisfacer a algunas capitales como una señal fuerte y muy simbólica hacia Moscú, no solo no recibiría la luz verde de los Veintisiete Estados miembros de la UE sino que no sería “sostenible”, señalan fuentes de Bruselas embarcadas en el proceso de negociación de cara a la reunión de líderes del G7 prevista para mediados del mes de mayo en Hiroshima (Japón). E incluso si saliera adelante acordar las excepciones sería muy complejo y en la práctica podría incluir tantas que sería “solo un papel más”, dicen las mismas fuentes. Incluso los países más duros sobre la política de sanciones hacia Rusia se muestran preocupados de que sustituir ese abordaje de sector por sector por el de un veto total con excepciones, reabra el debate y debilite las sanciones, apunta un diplomático europeo.
Impedir la evasión
A la vez, la UE debate desde hace semanas su próximo paquete de sanciones contra Rusia. Sería el número 11. Y el enfoque es el mismo que el bloque persigue para el G7: tapar agujeros e impedir la elusión y la evasión. De hecho, la Unión ha nombrado a un enviado especial de la UE para la implementación de sanciones, David O’Sullivan, que está tratando de hacer una radiografía de la situación. La semana pasada, O’Sullivan viajó a Kazajistán para hablar con las autoridades y concienciar de que se mueven para que el país no se emplee como plataforma para la elusión.
La UE no tiene mecanismos para sancionar a los países terceros que ayudan indirectamente a Rusia a importar productos occidentales, aunque se podría implantar a nivel de los Estados miembros, señalan fuentes comunitarias. La Comisión Europea analiza ahora las fórmulas para desplegar una serie de herramientas que impidan esa elusión, que pueden incluir desde alentar a las empresas a que establezcan cláusulas comerciales sobre el uso y destino final de los productos hasta un mecanismo para restringir la venta de algunos productos a ciertos países, según varias fuentes diplomáticas.
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Ya en febrero, un grupo de 12 países —entre los que estaban España, Francia, Alemania e Italia— reclamaron a Bruselas que mejorase sus herramientas anti-elusión y propusieron crear “listas de vigilancia de empresas e industrias”, según la propuesta que ha visto EL PAÍS. Además, los tres países Bálticos ―Estonia, Letonia y Lituania— y Polonia están presionando para que se avance hacia un veto del tránsito por el territorio de Rusia de un gran grupo de productos que el Kremlin podría usar en su guerra en Ucrania, según un documento de análisis al que ha tenido acceso este diario.
Frustración de Washington
La creciente frustración de Washington ante los agujeros del mecanismo de sanciones no ha bastado de momento para convencer a todos los socios del grupo. Hace apenas diez días, en una reunión preparatoria de la cumbre de Hiroshima del próximo 19 de mayo, tanto la UE como Japón consideraron inviable la opción de generalizar el castigo a Rusia mediante una prohibición total de las exportaciones en vez de la actual aplicación por sectores. Pero EE UU no ceja en el empeño de convencer a los principales socios del G7. Este jueves, el subsecretario del Tesoro de EE UU, Wally Adeyemo, y el subsecretario de Comercio, Don Graves, se reunieron con el viceministro de Finanzas japonés, Masato Kanda. Junto con los responsables del denominado Mecanismo de Coordinación de la Aplicación de las Sanciones del G7, estudiaron cómo reforzar la implementación de las medidas multilaterales y los controles a la exportación, de manera que Rusia no pueda conseguir los insumos que necesita para equipar a su ejército y los ingresos necesarios para financiar su guerra.
En la mira de Washington están una zona de sombra, las llamadas jurisdicciones de transbordo, y los terceros países a través de los cuales puede estar burlándose el cerco de Occidente al Kremlin. Tanto Washington como el G7 sospechan de Estados como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y países de Asia central, que han aumentado su comercio con Moscú desde que se impusieron las primeras sanciones occidentales por la invasión de Ucrania.
Aunque Tokio no se ha pronunciado al respecto más allá de señalar la inviabilidad de la propuesta, en la reunión del jueves su representante repasó con sus homólogos estadounidenses los componentes clave que Rusia está intentando adquirir para restaurar la capacidad de su maquinaria bélica y sustituir las pérdidas de material en el campo de batalla. Según informó el Tesoro, Adeyemo, Graves y Kanda convinieron en el importante papel del sector privado a la hora de identificar las vías de agua en la aplicación de las medidas y reiteraron la necesidad de proporcionar orientación y compartir información con las compañías privadas.
Según un equipo de investigadores que cruzó datos oficiales del comercio exterior de Rusia con información sobre transporte marítimo global, aumentan las sospechas sobre infracciones generalizadas en Asia a lo largo del primer trimestre del año, relativas al tope de precios del petróleo impuesto por el G7. En diciembre, se acordó un límite de 60 dólares por barril del precio del crudo ruso, prohibiendo a las empresas de los países miembros prestar una amplia gama de servicios, en particular seguros y transporte marítimo, si los cargamentos se compraban por encima de ese precio.
Pero en el primer trimestre de este año, casi todo el petróleo salido del puerto ruso de Kozmino, en el Pacífico, se vendió a 73,14 dólares el barril, por encima de lo fijado, y más de la mitad de los fletes se realizaron mediante algún tipo de servicio del G7, según un estudio del Instituto KSE, dependiente de la Escuela de Economía de Kiev, que presiona para que se endurezca la aplicación de la ley. Mientras el debate sobre cómo abordar la elusión continúa, los miembros del G7 parecen avanzar hacia la prohibición y el seguimiento de los diamantes rusos con un “mecanismo de trazabilidad”, una medida que no afecta a un gran pedazo del pastel económico ruso, pero que ha sido largamente esperada y es muy simbólica.
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