Un tribunal de Myanmar acusa a Aung San Suu Kyi de incitar al desorden público
Un mes después del golpe de Estado en Myanmar que depuso al Gobierno civil de Aung San Suu Kyi, la junta militar quiere asegurarse de que la líder de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés) no vuelve a gobernar en un futuro próximo. La Nobel de la Paz fue acusada este lunes de “incitación a los disturbios”, que supone el tercer cargo en su contra, durante una vista que atendió por videoconferencia. Mientras, las protestas continúan por todo el país, un día después de la jornada de represión policial y militar más violenta -que concluyó con al menos 18 muertos y 30 heridos por la escalada de violencia de los militares y policías, que emplearon balas de caucho, gases lacrimógenos y también fuego real para sofocar las protestas- desde la asonada del 1 de febrero, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Suu Kyi apareció este lunes en “buen estado de salud” durante una conexión por videoconferencia mientras se celebraba la vista en un juzgado de la capital, Naypyidaw, según Reuters. En la misma, se presentó un nuevo cargo (el tercero) en su contra, esta vez por divulgar información que puede incitar a disturbios y “provocar miedo o alarma”, contemplado por el código penal de la época colonial. Su abogado, Min Min Soe, informó de que la siguiente vista tendrá lugar el 15 de marzo. La Nobel de la Paz también está acusada de violar la ley de importaciones y exportaciones por la supuesta posesión ilegal de unos walkie talkies y de violar las medidas de prevención de contagios de coronavirus durante la campaña previa a las elecciones del pasado noviembre, que la NLD ganó con amplio margen.
Por los dos primeros cargos, Suu Kyi, de 75 años y en arresto domiciliario en Naypyidaw desde el golpe, podría ser condenada a una pena de seis años de prisión en total. El entorno de la conocida como La Dama, que pasó 15 años bajo arresto domiciliario durante el periodo de Gobierno de la antigua junta militar (1962-2011), considera que todas las acusaciones tienen motivaciones políticas y que están diseñadas para alejar a Suu Kyi de las próximas elecciones, que la nueva junta ha asegurado que convocará al finalizar el estado de emergencia (declarado por un año y prorrogable hasta dos). Los militares tacharon de fraudulentos los comicios de noviembre sin presentar pruebas, motivo que esgrimieron para llevar a cabo el golpe de justo hace un mes.
La junta militar ya ha comenzado los preparativos para las próximas elecciones. La comisión electoral nacional, integrada por nuevos miembros tras la asonada, se reunió con líderes de más de cincuenta formaciones en Naypyidaw el pasado viernes, entre ellos del ala política de los militares, el Partido de la Unión para la Solidaridad y el Desarrollo. No hubo, sin embargo, representantes de la NLD presentes, si bien lograron el 80% de los escaños durante los comicios de noviembre, apunta el medio nipón Nikkei.
Ante el acoso de la junta, la NLD planea formar un “Gobierno interino” constituido por los miembros que no han sido detenidos, que esperan sea reconocido por la ONU y la comunidad internacional. Solo los ministros de Exteriores de Indonesia y Tailandia se han reunido de momento con un representante de la junta militar. El encuentro, celebrado la pasada semana en Bangkok, la capital tailandesa, fue muy criticado por los manifestantes birmanos por el barniz de legitimidad que la cita concedía al régimen castrense. Pese a las críticas, los ministros de Exteriores de los países de la ASEAN (la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, integrada por Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, Tailandia, Camboya, Vietnam, Myanmar, Laos y Brunéi) mantendrán una reunión digital mañana martes en la que también participará un representante de la junta militar, según ha confirmado este lunes Vivian Balakrishnan, ministro de Exteriores de Singapur y el mayor inversor extranjero de Myanmar.
En una intervención en el Parlamento isleño, Balakrishnan urgió a las autoridades militares a desistir del uso de la fuerza letal y a “dar pasos inmediatos para prevenir que haya más violencia y muertes”. También instó a la liberación de Suu Kyi y del presidente del Gobierno civil, Win Mynt.
Pese a la violencia, este lunes miles de manifestantes regresaron a las calles de muchas urbes y localidades del país, también Yangón. Allí se vivieron nuevas escenas de represión de las fuerzas armadas, que lanzaron gases lacrimógenos contra los civiles, sin que se tenga aún constancia de que haya habido más víctimas mortales.
Fin a la Consejería de Estado
Zaw Min Tun, portavoz de los militares, ha asegurado que la junta actual ha decidido eliminar la Consejería de Estado, creada ‘ad hoc’ para Suu Kyi tras las elecciones de 2015, que ganó la NLD. Entonces, y ante la imposibilidad de que Suu Kyi fuese nombrada presidenta, ya que la Constitución de 2008 –elaborada por los militares- prohibió que lo fuera alguien con familia extranjera -una cláusula dirigida contra la Nobel, con dos hijos junto al británico Michael Aris-, se creó para ella el cargo de consejera de Estado. Superior al de presidente, Suu Kyi se convirtió así en la líder ‘de facto’ del país hasta su detención el pasado 1 de febrero por los militares.
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