La ONU concluye que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), de la ONU, ha finalizado un año de trabajo y ha concluido que Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, en conjunto con siete instituciones estatales desde 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas con balas de alto calibre por la policía y grupos paramilitares.
El informe, presentado este jueves en Ginebra (Suiza), constituye una prueba suficiente para activar el derecho penal. A diferencia del informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras su investigación sugería la comisión de delitos de lesa humanidad; el de la ONU no solo los “prueba”, sino que también señala al Estado y atribuye responsabilidades específicas, que van desde la pareja presidencial a los mandos intermedios que materializaron en las calles la orden de “vamos con todo”, desencadenante de una violencia letal que dejó más de 355 muertos entre abril y septiembre de 2018.
“Una de las diferencias fundamentales de nuestro informe es la profundización en otros fenómenos que se generaron dentro de la espora de violencia del año 2018 hasta hoy en día”, explica Ángela María Buitrago, una de las expertas y exfiscal de Colombia. “El grupo de la CIDH tuvo un tiempo reducido de mandato y, por lo tanto, se centra en las muertes y los asesinatos realizados. Si bien, analiza elementos de contexto y elementos de cierres de espacios cívicos, no llega a profundizar en responsabilidad ni en rendición de cuentas, que es un aspecto clave de nuestro mandato”.
Así, la investigación de Naciones Unidas “encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”. El grupo de expertos de la ONU resalta que “tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”. Además, el Ghren resalta que los mandos superiores y jefes de la Policía y del Sistema Penitenciario sabían o “debían haber sabido de los crímenes y violaciones cometidos por sus subordinados: “No adoptaron medidas preventivas y sancionadoras, a pesar de tener la capacidad efectiva de hacerlo”.
Emplazan a la comunidad internacional
El presidente del Ghren, el alemán Jan-Michael Simon, comparó la situación de Nicaragua con la violencia y persecución que marcó la década de 1930 en Europa. “Todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Núremberg”, aseguró. Los expertos manifestaron que es necesario buscar el ejercicio de jurisdicción universal, lo que implicaría que cualquier país podría empezar una acción penal contra el Estado nicaragüense.
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Según el informe, el Ghren aplicó el estándar de prueba de “motivos razonables para creer”. A pesar de que dicho umbral es inferior al que se requiere para determinar responsabilidades en un proceso penal, es “suficiente para justificar la realización de ulteriores investigaciones”. En ese sentido, aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma como para llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional, emplazan a la comunidad internacional a que se arranquen procesos penales, cada país desde su jurisdicción, por estos crímenes, como ya lo ha hecho Argentina.
“Cualquier país que tenga el tipo penal de crímenes de lesa humanidad introducido en su orden jurídico interno, en su Código Penal, puede iniciar un proceso. Son muchos los Estados que reconocen el Estatuto de Roma, incluidos miembros de Naciones Unidas. Esto va asociado a una cláusula de jurisdicción que abre el camino a ejercer penalmente bajo el principio de universalidad; es decir, indistinto de la nacionalidad de la víctima”, explicó Jan-Michael Simon a EL PAÍS.
De ahí que, ante sus hallazgos, el grupo de la ONU emplazase a la comunidad internacional a ampliar “las sanciones sectoriales a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional”. También sugirieron a Gobiernos y organismos multilaterales que, en las negociaciones de proyectos de cooperación, prioricen acciones orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Además, el informe ve de suma gravedad el despojo de la nacionalidad de 317 personas realizado por el régimen a opositores políticos, a periodistas o a intelectuales críticos.
Además, el texto de la ONU determina que funcionarios de diversas estructuras del Gobierno han cometido “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión”. Por ahora, no ha habido ninguna reacción política en Managua. De hecho, el régimen Ortega-Murillo se negó a cooperar con los expertos, ya que nunca reconocieron el mandato otorgado por Naciones Unidas.
El Ghren es un mecanismo de la ONU creado expresamente con el fin de investigar los abusos cometidos por el régimen de Ortega-Murillo desde abril de 2018. Su mandato obtuvo luz verde del Consejo de Derechos Humanos del organismo el 31 de marzo de 2022. La resolución para crearlo fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay, y se aprobó con 20 votos a favor y 7 en contra. Este jueves, los hallazgos fueron presentados a los medios de comunicación, y reflejan la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua, a pocas semanas de cumplir cinco años de una dictadura consolidada a base de represión policial y paramilitar.
«El régimen no es capaz de soportar la presión»
Silvia Ayuso
En una comparecencia por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, una de las presas liberadas en febrero y despojadas de nacionalidad por el régimen de Managua, Dora María Téllez, la mítica Comandante Dos del sandinismo, ha valorado este jueves su liberación y expulsión a Estados Unidos junto a otros dos centenares de presos como un “indicador” de que el régimen está cediendo a la presión internacional y de que los Ortega-Murillo han “fracasado” con su estrategia de “intercambiar rehenes por legitimidad” de su Gobierno.
Para Daniel Ortega y Rosario Murillo, “éramos rehenes para ser cambiados por la legitimidad, por el reconocimiento a la legitimidad del Gobierno que emerge del fraude electoral de noviembre de 2021”, ha explicado Téllez a la sesión convocada por la delegación de la Eurocámara para las relaciones con Centroamérica. Por ello, ha agregado, su salida del país de forma incondicional ha abierto “alguna puerta” hacia una futura transición democrática. “Es el indicador del fracaso de esa estrategia (…) y eso es muy importante porque es una señal de que el régimen no está siendo capaz de soportar la presión”, ha recalcado.
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