A la caza del último nazi en Estados Unidos
Friedrich Karl Berger llegó a Estados Unidos en 1959 como uno más de esos millones de inmigrantes europeos que por entonces se buscaron la vida en este rico trozo de mundo. Al acabar la Segunda Guerra Mundial recaló primero en Canadá, procedente de Alemania, pero luego se estableció en Oak Ridge, una pequeña ciudad de Tennessee. Allí creó un hogar junto a su esposa y su hija, trabajó fabricando máquinas pelacables y se convirtió en un miembro más de esa comunidad prototípica de suburbio americano. Allí se jubiló y enviudó, allí se convirtió en abuelo y allí, cerrando el ciclo de cualquier biografía corriente, estaba Friedrich Karl Berger destinado a morir. Pero el pasado sábado, con 95 años, la justicia lo deportó a su país de origen por haber servido como guardia nazi del campo de concentración de Neuengamme, cerca de Hamburgo.
Solo la muerte de los culpables, el paso inexorable de los años, pondrá fin en Estados Unidos a la caza a los criminales del holocausto judío. En 1979 el Departamento de Justicia puso en marcha un programa especial para detectar, investigar y deportar a cualquier colaborador de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, ha ganado casos contra 109 individuos. En los últimos 30 años, según sus datos, ha cazado a más nazis que el resto de países juntos. Nunca ha cejado en el empeño de encontrar hasta el último escondido en su territorio. Con Berger el pasado sábado, son ya 70 los deportados y, por fechas y la falta de casos similares pendientes, puede convertirse en uno de los últimos, si no el final.
El sórdido pasado de este vecino de Tennessee salió a la luz entre la documentación hallada en un barco alemán hundido por las fuerzas aliadas, que fue descubierto en 1950, cinco años después del ataque. El material fue investigado por los historiadores del Departamento de Justicia estadounidenses y, con los años, dieron con Berger. Este admitió en febrero de 2020, ante un tribunal, que había servido en un campo satélite de Neuengamme, cerca de la ciudad alemana de Meppen, que albergaba sobre todo a prisioneros rusos, holandeses y polacos. Los reos vivían en condiciones “atroces”, según el juez, y eran explotados trabajando en el exterior durante el invierno de 1945 “hasta la extenuación y la muerte”. A finales de marzo, conforme las fuerzas británicas y canadienses ganaban terreno, los nazis abandonaron el complejo. Es entonces cuando el ciudadano alemán desempeñó un papel especialmente dañino.
Berger se encargó de custodiar la evacuación forzosa de los prisioneros en un viaje “inhumano” de dos semanas que segó 70 vidas, según la sentencia. Otros centenares de presos murieron después, al ser retenidos en dos embarcaciones ancladas en la Bahía de Lubeck, en el mar Báltico, que los británicos bombardearon por error. Entre los restos apareció la información de Berger. El juez migratorio de Tennessee emitió la orden de deportación el 28 de febrero, tras un juicio de dos días. Los vecinos de Oak Ridge se quedaron perplejos y él comenzó una batalla legal para evitar la expulsión que terminó el pasado noviembre, cuando se confirmó la orden.
El nonagenario llegó el pasado sábado a Fráncfort y fue entregado a los investigadores para un interrogatorio, según Associated Press, si bien la justicia alemana había desestimado los cargos contra él tiempo atrás por falta de pruebas, según The Washington Post, una decisión que podría revertirse tras el procesamiento en EE UU. En una conversación con dicho periódico el pasado marzo, Berger alegó que solo tenía 19 años cuando sucedieron los hechos y se había visto forzado a trabajar en el campo de concentración. “Después de 75 años esto es ridículo, no lo puedo creer”, se quejaba en aquella entrevista, sus únicas declaraciones públicas.
Sin embargo, en el juicio había admitido también que nunca pidió un traslado de ese sitio y que, en aquel entonces, aún seguía cobrando una pensión de Alemania por su trabajo en el país, incluido “su servicio durante la guerra”.
Berger fue deportado con base en una enmienda de 1978, conocida como la Enmienda Holtzman a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que prohíbe a cualquier cómplice de la persecución nazi entrar o vivir en Estados Unidos. “En este año que marca el 75 aniversario de las condenas de Nuremberg, este caso demuestra que el paso de las décadas no detendrá al Departamento de la búsqueda de justicia en nombre de las víctimas de los crímenes nazis”, destacó el fiscal general interino, Monty Wilkinson.
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