El Brexit acecha a los europeos más vulnerables en el Reino Unido
Casi un millón de inmigrantes decidieron abandonar el Reino Unido y volver a sus países durante 2020, según el Observatorio de Inmigración de la Universidad de Oxford (MO, en sus siglas en inglés). La imposibilidad de encontrar trabajo, la falta de ayudas sociales por su situación irregular y una soledad aumentada por el confinamiento motivaron este éxodo. La nueva Ley de Inmigración aprobada por el Gobierno de Boris Johnson, vigente desde el 1 de enero, complicará mucho el regreso de los que quieran intentarlo en un futuro. Pero es la aplicación definitiva del Brexit, a mediados de este año, la que amenaza con convertirse en una bomba de relojería para los miles de personas convencidas de disfrutar ya en este país de una vida estable y asentada.
“El problema vendrá a mediados de año, con las personas mayores que comiencen a experimentar problemas, y se den cuenta, por ejemplo, de que ni siquiera tenían el pasaporte renovado después de tantos años”, reconocía recientemente a EL PAÍS una fuente de los servicios diplomáticos españoles en el Reino Unido. El Gobierno conservador puso en marcha, a partir de marzo de 2019, el llamado EU Settlement Scheme (Programa de Asentamiento para Ciudadanos de la UE). A través de un servicio en línea, cualquier residente comunitario en territorio británico podía solicitar su residencia con la presentación de su pasaporte y algún documento que acreditara una estancia previa de al menos seis meses (contrato de alquiler, impuesto municipal o recibo de electricidad y gas). Una vez reconocida y aceptada la petición por el Ministerio del Interior, los derechos de movilidad, trabajo o asistencia social y sanitaria previos al Brexit se mantenían intactos.
Hasta la fecha, según fuentes oficiales, poco más de cinco millones de personas (de ellas, al menos 246.000 españoles) han adquirido el nuevo estatus (al iniciarse la negociación del Brexit se estimaba en unos 3,6 millones los comunitarios en el Reino Unido). Y hasta el 30 de junio de 2021 la ventanilla sigue abierta, a condición de demostrar una residencia previa al 31 de diciembre de 2020, cuando concluyó el periodo de transición. “La mayoría de los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido son jóvenes y con altos niveles de educación, y no deberían tener problema en entender y utilizar un proceso de petición que se ha simplificado al máximo”, ha afirmado Madeleine Sumption, la directora del MO. “Pero amenaza con presentar muchas más dificultades para ciertos grupos de personas que, o bien desconocen ese proceso, o pertenecen a colectivos vulnerables que sufren exclusión social o abusos”, añade.
Las cifras censales del Reino Unido son difusas, pero el MO calcula en aproximadamente 140.000 las personas que llegaron a este país hace más de 30 años. Su edad media ronda los 68 años, y muchos de ellos tienden a pensar que están exentos del nuevo esquema, o ni siquiera saben de su existencia. En el caso de los hijos nacidos en territorio británico, la ley no les concede de inmediato la nacionalidad, por lo que los padres también deben registrarles en el mismo esquema. Las cifras previas apuntaban a la existencia en esa situación de cerca de 700.000 menores.
El holandés Wiard Sterk, uno de los impulsores de la campaña The3Million en defensa de los derechos de los ciudadanos comunitarios ante el Brexit, advierte de que, incluso en el caso de que un 70% o un 80% de residentes complete con éxito el proceso de regularización, la posible cifra de personas que se verán desprotegidas es preocupante. “Nos encontramos con casos similares a los del escándalo Windrush, en los que muchas personas carecen de documentación a pesar de haber residido en este país casi toda su vida”. El Windrush fue el primer barco que transportó hasta el Reino Unido a finales de los años cuarenta a centenares de afrocaribeños procedentes de las colonias británicas. Durante el Gobierno de la conservadora Theresa May, muchos de ellos quedaron varados en sus países de origen cuando, al concluir su viaje de visita, no pudieron volver a entrar al territorio británico.
“El Gobierno ya ha dejado claro que quien cumpla los requisitos para acogerse al esquema y tenga motivos razonables para haberse saltado el plazo tendrá nuevas oportunidades de presentar la petición”, explicaba a EL PAÍS Kevin Foster, el secretario de Estado de Inmigración, en una entrevista reciente. Pero el Ejecutivo de Boris Johnson no ha definido aún claramente cuáles serían esos motivos razonables, mientras las nuevas reglas de inmigración, mucho más restrictivas, ya están en vigor.
Diversas organizaciones humanitarias han denunciado la situación de todos los ciudadanos comunitarios en circunstancias de vulnerabilidad que han acabado por engrosar las cifras de los “sin hogar” en el Reino Unido. Se calcula que podrían sumar hasta 2.000, la mayoría procedentes de Polonia y Rumania. “Su expulsión sería el último recurso, y antes procederíamos a pedirles que abandonaran voluntariamente el país con ayudas públicas. Si se niegan, podemos vernos obligados a expulsarles”, reconocía a Politico un portavoz del Ministerio del Interior. El Gobierno de Johnson ha puesto en marcha un plan de retorno voluntario, que incluye a los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido, con ayudas de hasta 2.300 euros, pero se desconoce de momento el número de personas que se ha acogido a la oferta.
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