Colombia busca regularizar a un millón de venezolanos indocumentados
El Gobierno de Colombia se propone regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos indocumentados que ya se encuentran en su territorio mediante un estatuto temporal de protección con una vigencia de 10 años. El proyecto ratifica la política de acogida y flexibilidad migratoria que el país ha mantenido contra viento y marea, con una hoja de ruta para integrar a las familias venezolanas que se han asentado a lo largo y ancho de su territorio en los últimos años. También se convierte en una puerta de entrada a la oferta de servicios del Estado, en vísperas del inicio de la vacunación masiva que a partir del próximo 20 de febrero busca inmunizar a la población en medio de la pandemia de la covid-19.
“Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país”, declaró el presidente Iván Duque, luego de reunirse en Bogotá con el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi. “Nosotros no somos un país rico, somos un país de ingreso medio y hemos hecho un gran esfuerzo fiscal frente a esta situación”, recordó el mandatario. Señaló que espera que otros países de la región sigan ese ejemplo, y que la comunidad internacional contribuya con recursos y herramientas para atender a la población migrante. “Con esto Colombia reafirma su amor y su respaldo a todo el pueblo venezolano que ha sido víctima de esta tragedia”, concluyó en referencia al régimen de Nicolás Maduro.
Más de cinco millones de venezolanos han huido de su país empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas en los últimos años, un flujo masivo que se ha intensificado con el deterioro de la crisis económica y el bloqueo institucional en Caracas. De ellos, un tercio se ha asentado en busca de oportunidades en la vecina Colombia, con la que Venezuela comparte más de 2.200 kilómetros de una porosa frontera en la que abundan los cruces informales conocidos como “trochas”. Al cierre de 2020, había 1.729.537 venezolanos del otro lado de la línea limítrofe, de los cuales 966.714 se encontraban en situación irregular —es decir que han entrado por las trochas, o excedido los términos del permiso concedido—, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia. Durante 2019 el número en situación irregular se multiplicó por dos, y se estabilizó en ese punto durante el primer tercio de 2020, cuando la pandemia cambió por completo las expectativas de todos los habitantes de la región.
El mecanismo jurídico anunciado —complementario al régimen de protección internacional de refugiados, según han explicado las autoridades colombianas— busca esencialmente lograr un registro único de la población migrante venezolana —que las autoridades prevén echar a andar en algo más de tres meses—, otorgar el beneficio temporal de regularización y eventualmente facilitarles el tránsito al régimen migratorio ordinario. Las medidas incluyen a todos los migrantes venezolanos regulares, a los que se encuentren en Colombia en situación irregular para el 31 de enero de 2021 y a los que ingresen a Colombia por un puesto de control migratorio durante los primeros dos años de vigencia del naciente Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).
“Es un gesto humanitario emblemático para la región, incluso para el mundo entero”, señaló Grandi, la cabeza de ACNUR, al destacar que representa un compromiso con los derechos humanos y permitirá, entre otras, una mayor cobertura de vacunación en medio de la atención de la pandemia. “Este importante acto de solidaridad permitirá que aproximadamente un tercio de los cinco millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana”, subrayó por su parte una declaración del secretario general de la ONU, António Guterres.
La pandemia ha dejado en evidencia las precarias condiciones de los migrantes venezolanos dispersos por América Latina. En Colombia, por mucho el principal país de acogida, forman parte de los sectores más expuestos al coronavirus. En su inmensa mayoría, especialmente los que carecen de papeles, forman parte de las franjas vulnerables de la sociedad que han sentido con más fuerza los embates de la crisis económica provocada por la pandemia —nueve de cada diez alimentan las filas de la informalidad—. Las medidas de confinamiento decretadas para contener los contagios les han dificultado a lo largo del último año ganarse la vida en las ciudades en que habían encontrado refugio. Por otro lado, en su país de origen, al que miles buscaron regresar, las autoridades chavistas los han tratado de “armas biológicas” y les han restringido el retorno. Con todo, las autoridades colombianas han advertido que, a pesar del cierre fronterizo en vigor por la crisis sanitaria, el flujo migratorio se ha reactivado y vuelve a estar al alza en circunstancias que hacen temer brotes de xenofobia.
La migración masiva ha producido una notable presión sobre los servicios públicos colombianos. Duque dijo en diciembre que, ante el temor a un efecto llamada que pudiera provocar una “estampida”, los migrantes sin papeles no tendrían derecho a la vacuna contra la covid-19 que se empezará a administrar el 20 de febrero, una afirmación que le costó una oleada de críticas. Desde entonces, las autoridades sanitarias han matizado esa postura, y el propio presidente ha pedido reiteradamente la movilización de recursos de la comunidad internacional para atender la mayor crisis migratoria del continente. El anuncio ofrece un horizonte sanitario mucho más claro a todas estas personas, cuya cobertura en pandemia estaba en entredicho.
“En un avance normativo sin precedentes en su política migratoria, Colombia asume el compromiso de establecer un Estatuto de Protección Temporal para apoyar a las miles de personas venezolanas que han llegado a su país impulsando su integración. Este es un referente para un mundo que cada vez pone más obstáculos a los migrantes”, valora Lucas Gómez, el gerente presidencial para la frontera y la migración desde Venezuela. Entre un “sinnúmero de beneficios” para la población migrante destaca el aseguramiento en salud como parte de una regularización que permitirá incluirla en los planes de vacunación.
Xenofobia y cierre fronterizo
Al principio de la pandemia, la ya de por sí elevada negatividad en torno a las personas de origen venezolano sufrió un severo repunte en la medición periódica de la encuestadora Invamer. En aquel momento, los prejuicios se multiplicaron ante el miedo de que los migrantes fueran un vector de contagio. Dicha hipótesis se vio poco a poco descartada por los hechos, y el pico de raíz xenófoba se redujo, volviendo a los niveles prepandemia.
Pero, en paralelo, sí ha habido un cierto repunte al alza del porcentaje de ciudadanos colombianos que consideraría justo o adecuado que se mantuviera la frontera abierta para el tránsito después de la pandemia.
Son todavía una minoría de un cuarto los que preferirían cerrarla, pero es posible que el anuncio de Presidencia tenga un efecto positivo sobre estos índices, apoyándose también en la integración dentro del esquema de salud y vacunación de Colombia. Ni la estructura institucional del país ni su población están habituados a la recepción de grandes contingentes de personas, pero este reto puede servir precisamente como detonante.
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