“Los excombatientes entregaron las armas. Ahora deben entregar la verdad y han comenzado a hacerlo”
Eduardo Cifuentes lleva tres meses al frente de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal que la semana pasada afrontó el momento más crucial desde que empezara a funcionar, en 2017. El presidente del sistema de justicia encargado de investigar y juzgar los crímenes más graves perpetrados durante la guerra reflexiona, en declaraciones a EL PAÍS, sobre la importancia de la imputación de la antigua cúpula de las FARC. Sus palabras son al mismo tiempo una fotografía del clima que vive el país, que hace poco más de cuatro años se partió en dos ante los acuerdos que lograron poner fin a medio siglo de conflicto armado y llevaron a la desmovilización de la guerrilla, hoy convertida en partido político.
El magistrado nació en 1954 en Popayán, en el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia, y tiene un largo recorrido como jurista. Integró la Corte Constitucional, fue defensor del Pueblo y abogado. En noviembre sustituyó a Patricia Linares como máximo responsable de la JEP, un fuero surgido en virtud de los acuerdos de La Habana alcanzados por el expresidente Juan Manuel Santos que tiene como propósito el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. A cambio de admitir las atrocidades cometidas, el tribunal contempla para los condenados penas alternativas, sean ellos exguerrilleros o militares. La llamada Sala de Reconocimiento de la jurisdicción instruye siete grandes procesos y el 28 de enero -dos años y medio después de que los antiguos jefes de las FARC, encabezados por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se sentaran en el banquillo- imputó a ocho excomandantes por secuestro, una de las prácticas sistemáticas de la organización insurgente que más rechazo provocaron en la sociedad.
Cifuentes es consciente de su responsabilidad, mide sus palabras y pide contestar por escrito a las preguntas. La paz en Colombia todavía divide a la clase política. El actual presidente, Iván Duque, intentó reformar la JEP, aunque el Constitucional no se lo permitió, y la de derecha radical del partido de Gobierno, el Centro Democrático, encabezada por el exmandatario Álvaro Uribe, no ha dejado de presionar a la corte pidiendo su desmantelamiento. El magistrado enfatiza que la misión de la JEP es precisamente evitar la impunidad y defiende que “los excombatientes de las FARC entregaron las armas. Ahora lo que deben entregar es la verdad y han comenzado a hacerlo, pues esta primera decisión también se ha alimentado de sus primeras versiones libres”.
Pregunta. ¿Cuál es su reflexión sobre el fallo de imputación a la antigua cúpula de las FARC?
Respuesta. El acuerdo de paz está vivo y se aplica. El auto de imputación es una decisión trascendental para el proceso de transición a una paz estable y duradera en Colombia. La historia colombiana se caracterizaba porque los procesos de paz terminaban con la desmovilización de los actores armados y con amnistías incondicionadas por los crímenes cometidos. La fórmula ha tenido que cambiar. Ahora es paz sin impunidad. Nunca en la historia judicial del país habíamos tenido una causa judicial de esta magnitud, en la que se documentara de una manera tan exhaustiva un crimen cometido por una organización armada y que se seleccionaran los máximos responsables de esa forma de criminalidad. Este es el primer resultado en todo este trabajo que viene haciendo la JEP para mostrar la naturaleza degradada del conflicto armado en Colombia y los daños causados a su población. Esperamos poco a poco ir mostrando cómo fue ese camino hacia el horror que vivieron las víctimas y poder nombrar el mal y conjurarlo.
P. ¿Pero qué significado y alcance tiene para la sociedad colombiana?
R. Esta vez, gracias a la JEP, las atrocidades del conflicto no pasarán. Se comienza a desmontar la impunidad que se había asumido como algo normal en el paisaje colombiano. Colombia es un país en el que el índice de impunidad es muy alto. Hace muchos años se hablaba de una cifra cercana al 95% de impunidad. En el caso de las graves violaciones a los derechos humanos nos habíamos acostumbrado a que no se conocían los responsables y a que las víctimas jamás recibían justicia. La impunidad, como lo han mostrado muchos estudios hechos en Colombia, es una de las causas principales de la violencia en el país. Ante la falta de justicia estatal, las personas acudían a formas privadas de hacer justicia, con lo cual se incrementaba el número de víctimas y se erosionaba la legitimidad del Estado y su propia soberanía. La JEP, en poco tiempo, ha logrado mostrar que es posible hacer justicia respecto de los crímenes internacionales cometidos. Pero no basta con el conocimiento de los hechos. Eso es lo que acaba de aportar la JEP con esta providencia judicial. Ahora lo que se necesita es el acto de reconocimiento de los comparecientes imputados. Si este no se da se ha señalado que entonces podrán enfrentar, si son condenados al agotar un procedimiento adversarial, penas hasta de 20 años de prisión.
P. Le JEP empezó a instruir los casos hace dos años y medio. ¿Qué balance hace del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz?
R. Esta es una jurisdicción que ha surgido en un entorno muy difícil, con ataques desde diversos sectores y con intentos fallidos de modificarla o de eliminarla del todo. Como jueces debíamos, en cambio, concentrarnos exclusivamente en nuestra misión de investigar y sancionar los máximos responsables de los más graves crímenes cometidos en el conflicto colombiano. Para comenzar, se aplicó una lógica de crímenes de sistema y se abrieron siete macrocasos, que involucran una mayúscula macrovictimización. A esta primera decisión seguirán otras que igualmente expondrán las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El balance del trabajo de la JEP necesita más tiempo para decantarse, puesto que de lo que se trata es que aflore tanto en la sociedad como en los individuos una genuina conciencia humanitaria y una transformación que ponga fin a la repetición de ciclos de violencia, sea esta política o de cualquier tipo. El rechazo a las atrocidades que ha desencadenado esta primera decisión, va en esa dirección.
P. ¿Y qué disposición han encontrado por parte de los exguerrilleros?
R. Ellos tienen 30 días hábiles para estudiar el auto y adoptar una decisión respecto al mismo. Si optan por reconocer su responsabilidad, pueden acceder a las sanciones propias, que son sanciones restrictivas de la libertad, de 5 a 8 años, y que tienen una finalidad restaurativa. Pero si optan por no reconocer, pasan al proceso adversarial´ en el que la Unidad de Investigación y Acusación evaluará el caso y podrá acusar, si la evidencia así lo indica, ante el tribunal. Si los comparecientes son vencidos en juicio pueden enfrentar una pena de 15 a 20 años de prisión. Los excombatientes de las FARC entregaron las armas. Ahora, lo que deben entregar es la verdad y han comenzado a hacerlo, pues esta primera decisión también se ha alimentado de sus primeras versiones libres, las cuales han sido contrastadas por la JEP. Si la voluntad de decir la verdad y asumir la responsabilidad se mantiene se asegura en gran medida el éxito del proceso de implementación de la paz y se abre una avenida de reconciliación apelando a la justicia restaurativa en la que las víctimas son protagonistas centrales. Las imputaciones hechas se sostienen en una verdad que no oculta la gravedad de los hechos, dado que solo así se puede esperar un reconocimiento de la responsabilidad que esté a la altura de los daños y sufrimientos infligidos a las víctimas y que delimite con justicia el espacio donde debe operar – esa es nuestra esperanza—la reconciliación nacional.
P. ¿Cómo avanzan esos macrocasos?
R. Existen siete macrocasos en la Sala de Reconocimiento. Los otros van avanzando a un buen ritmo y esperamos que también en ellos se dicten autos de determinación de hechos y conductas en un tiempo breve. Pero también hay líneas de investigación que se han abierto o están a punto de abrirse, como son los de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento, afectaciones a los pueblos indígenas, entre otras. Es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue trabajando duramente para poder darle a las víctimas y en general a la población colombiana un relato judicial final de lo sucedido en el conflicto colombiano, con la determinación de los máximos responsables de los crímenes cometidos.
P. ¿Qué opinión le merecen las presiones de esos sectores políticos?
R. Los colombianos están alinderados con la paz. Algunos sectores políticos pueden no sentirse cómodos o incluso sentirse intimidados con las instituciones creadas por el acuerdo de paz, como es la JEP. Pero me queda difícil pensar que estén contra la paz y la verdad. Aspiro a que los críticos terminen por entender que las verdades criminales del conflicto ya no se pueden ocultar y que a las víctimas que son más de nueve millones de colombianos no se les podrá expropiar su derecho a la justicia. Para las víctimas la JEP es la última oportunidad de justicia, y no les vamos a fallar. Para los perpetradores que admiten toda la verdad y asumen la responsabilidad, la JEP es también dentro del país la última oportunidad de rehacer su existencia y de reconciliarse con las víctimas y la democracia.
P. Le pido una reflexión desde el lugar que ocupa en la JEP, que es una institución cuyo trabajo busca la reconciliación. ¿Cómo cambiado el país desde la firma de los acuerdos?
R. El componente de justicia del acuerdo de paz es fundamental para alcanzar una democracia sólida y fuerte, que vele por los derechos de las personas que viven en Colombia. Nuestro horizonte de actuación es la protección de los derechos de las víctimas. Para ello debemos averiguar la verdad de lo ocurrido. Sin verdad no puede haber justicia y sin saber qué fue lo que pasó no se pueden establecer las medidas para garantizar la no repetición. La verdad puede ser incomoda para muchos sectores, pero es nuestro trabajo develar lo sucedido. Poco a poco nos acercamos a la verdad completa de lo sucedido, a las causas estructurales del conflicto, a los terceros que lo promovieron o financiaron, a quienes tienen la máxima responsabilidad de lo sucedido. Sin esta determinación de responsabilidad la reconciliación no es posible. Las víctimas pueden, si así lo consideran, perdonar, pero antes deben saber a quién. Recién firmado el acuerdo final de paz hubo una reducción importante de la criminalidad en Colombia, incluso el número de muertes de soldados se redujo casi a cero.
Eduardo Cifuentes reflexiona finalmente sobre uno de los principales riesgos que afronta la estabilidad en Colombia: matanzas, asesinatos de líderes sociales, amenazas y persecución.
La violencia encuentra la forma de resurgir, y en el 2019, según datos de Naciones Unidas, hubo 36 masacres y 133 personas asesinadas en ellas. En lo que va corrido del 2021 se han presentado 6 masacres y 5 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Esto hace que este año sea el inicio de año más violento desde que se firmó el acuerdo de paz. Pese a ello confiamos en que se nuestro trabajo contribuya a develar las causas estructurales de la violencia y que el Gobierno colombiano proteja de manera efectiva a las víctimas, lideres y lideresas sociales y a los excombatientes. Tenemos confianza en que nuestro trabajo contribuya a fortalecer la democracia en Colombia, pero para poder lograrlo se requiere un esfuerzo mancomunado del Estado colombiano. Aparte de la justicia que puede proveer la JEP, la población más afectada por el conflicto y los territorios que vivieron una violencia extrema, demandan el cumplimiento real y efectivo de las reformas socioeconómicas plasmadas en el acuerdo de paz. En particular, se impone la reforma rural. Podemos emitir miles y miles de decisiones judiciales, pero si los Gobiernos no toman en serio la lucha contra la desigualdad en el campo, la no repetición de las atrocidades puede no ser sino una quimera.
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