Un sector de aliados de Juan Guaidó presiona para participar en las elecciones locales y regionales en Venezuela
El líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció el miércoles la convocatoria de nuevas protestas contra Nicolás Maduro. “Nada hacemos siendo mayoría desde nuestras casas”, afirmó el político desde la plaza de Los Palos Grandes, en el este de Caracas, en la primera comparecencia en semanas. La reaparición de Guaidó coincide, sin embargo, con otro movimiento: en la oposición se afianza una ola revisionista que quiere tomar distancias de la estrategia de los últimos años y reconsiderar la participación electoral en el marco institucional del chavismo. Esa posición, que debilita al dirigente de Voluntad Popular, está tomando vuelo y ha tocado las fibras de algunos sectores de los principales partidos antichavistas.
Especialmente en Acción Democrática (formación que se abstuvo en el debate interno sobre la continuidad de Guaidó al frente de la Asamblea Nacional) y en algunos sectores de Primero Justicia (integrado por políticos como Henrique Capriles y Carlos Ocariz) se está presionando internamente para asistir a los comicios de gobernadores y alcaldes de este año. Mientras tanto, en las filas opositoras se espera también el anuncio formal de la alianza que está preparando desde Madrid Leopoldo López. Este intenta preservar su capital político para resistir los embates de los críticos, sobre todo de Capriles, su rival directo en las entrañas de la oposición, quien se viene expresando en términos cada vez más enérgicos con cuestionamientos a Guaidó, demandando una nueva estrategia que tenga como foco la lucha por mejores condiciones electorales.
La nueva alianza opositora tendría un diseño en el cual tanto Guaidó como López distribuyen responsabilidades y fortalecen alianzas con algunas formaciones minoritarias, como la Causa Radical y Encuentro Ciudadano; el cura jesuita Luis Ugalde, antiguo rector de la Universidad Católica Andrés Bello; y las organizaciones de la sociedad civil presentes en el llamado Frente Amplio.
Guaidó y su entorno tienen claro que la voluntad de medirse en las urnas que existe en una parte de sus aliados es alta, en particular cuando los esfuerzos desplegados en 2019 contra Maduro han fracasado. En su intervención, el político intentó cabalgar esta ola afirmando que forzar un acuerdo con el chavismo para abrirle las compuertas a una cita electoral es un objetivo compartido. Sin embargo, esas condiciones, argumentó, no se han cumplido en modo alguno.
Si Guaidó no lograra retener a Acción Democrática y a algunos líderes regionales en ningún caso quedaría planteada una ruptura con ellos, sino que se tomaría distancia de la medida, esperando el resultado y conservando el desacuerdo civilizadamente, invocando la unidad, según fuentes de la oposición que han preferido el anonimato.
La reconfiguración de la estrategia opositora es una demanda de la comunidad internacional, el escenario donde se han producido los mayores reveses de Nicolás Maduro.
Un nuevo comunicado del Grupo Internacional de Contacto —ahora crecido con la participación de República Dominicana y Chile— deja claros los puntos claves de la nueva etapa en la crisis venezolana: exhortan a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente y equilibrado y piden reanudar las negociaciones políticas con prontitud y “establecer un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”.
También lanzaron la pelota al terreno opositor: “Los miembros del Grupo Internacional de Contacto hacen un llamado a las fuerzas democráticas para que se unan como parte de un esfuerzo más amplio y concertado para un mayor diálogo, que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad”.
En un tercer lugar tocan la campana a la propia comunidad internacional y abren el frente para involucrar a más actores en este terreno. “Venezuela necesita el apoyo de una comunidad internacional que trabaje unida. El GIC expresa su continua voluntad de incrementar los contactos con socios regionales para fomentar un entendimiento y una respuesta a la situación en Venezuela. Los esfuerzos internacionales articulados y complementarios son cruciales para ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia y el orden constitucional. También se mantendrán los contactos estrechos con las partes interesadas nacionales”.
Esta declaración ocurrió el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Joe Biden deshizo la última vuelta de tuerca que dejó la Administración Trump. Washington autoriza operaciones que involucran puertos y aeropuertos venezolanos, excluyendo al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos del Gobierno de Maduro, de las prohibiciones que se impusieron el 19 de enero, un día antes de la investidura del demócrata.
Un funcionario del Tesoro dijo a la agencia Reuters que se estaban calibrando las sanciones y sus licencias, pues estaban “comprometidos a garantizar el flujo ilimitado de bienes humanitarios a Venezuela”. La medida mantiene el veto sobre transacciones que involucren diluyentes para la industria petrolera, pero sirve de matiz sobre lo que podría ser la política de Biden con respecto a las sanciones venezolanas: una en la que no se dejarían sin efecto totalmente las restricciones, pero en la que hay cabida para aliviar la presión y espacio para la negociación.
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