Irlanda del Norte suspende controles fronterizos pos-Brexit al aparecer amenazas de violencia
El Gobierno autónomo norirlandés ha actuado con rapidez. Ante la aparición de una serie de pintadas callejeras amenazantes en las cercanías de los puertos de Belfast y Larne, las actividades de control fronterizo entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña que establecía el Acuerdo de Retirada de la UE han quedado suspendidas. “All Border Post Staff are Targets” (Todos los empleados de los puestos fronterizos son objetivos), se podía leer en un muro de piedra cercano a las instalaciones portuarias. El subcomisario jefe de la policía norirlandesa, Mark McEwan, ha asegurado sin embargo que “no existe ninguna información concreta” que corrobore que detrás de las amenazas pueda estar alguna de las organizaciones paramilitares que sembraron el terror durante décadas en el territorio británico. “Hay una tensión considerable en la comunidad, con el incidente de las pintadas, comentarios vertidos en las redes sociales y otra serie de actos menores que, evidentemente, nos provocan mucha preocupación”, ha dicho, pero se ha mostrado convencido de que los autores de todo este revuelo eran individuos que actuaban de un modo aislado.
Las formaciones políticas pro-británicas de Irlanda del Norte, especialmente el DUP (actualmente al frente del Gobierno autónomo) han sido muy críticas ante la nueva realidad pos-Brexit. Con el propósito de evitar la imposición de una nueva frontera entre las dos Irlandas, Londres y Bruselas acordaron que el territorio británico permaneciera dentro del espacio aduanero y el mercado interior comunitario. La nueva frontera virtual sería el mar de Irlanda, y los controles aduaneros o fitosanitarios tendrían lugar entre la porción británica de la isla y Gran Bretaña (así se denomina al Reino Unido cuando no se incluye a Irlanda del Norte). Ese resultado fue el que la ex primera ministra, Theresa May, se propuso evitar a toda costa, y la cesión que Boris Johnson no tuvo reparo en ofrecer para salvar el Brexit en el último minuto, a finales de 2019.
Los unionistas norirlandeses se sintieron traicionados. La polémica maniobra de la Comisión Europea, la pasada semana, de activar un mecanismo de seguridad contemplado en el Protocolo de Irlanda del Norte para imponer controles a la exportación de vacunas desde la República de Irlanda (territorio UE) a Irlanda del Norte, ha provocado reacciones airadas. Bruselas se echó atrás de inmediato y reconoció el error, pero provocó lo que durante años se había intentado evitar: agitar las aguas en una región que sufrió décadas de enfrentamientos y violencia. Los unionistas del DUP han llegado a sugerir a Johnson que aprovechara la oportunidad para ignorar definitivamente las disposiciones acordadas en un protocolo que siempre rechazaron.
“Después de consultarlo con mi equipo, he decidido retirar al personal de los puertos de Belfast y Larne. Su seguridad sigue siendo objetivo prioritario. He hablado con los ministros del Reino Unido para señalarles nuestras preocupaciones”, escribía a última hora de este lunes en su cuenta de Twitter Edwin Poots, el consejero autónomo de Agricultura y diputado de la DUP.
En Belfast y Larne se encuentran puestos de control para realizar las nuevas inspecciones ganaderas y fitosanitarias que impone el Brexit. Un total de 12 empleados del Gobierno norirlandés han sido retirados provisionalmente después de que aparecieran las amenazas. La Comisión Europea ha tomado la misma decisión con su personal en esas instalaciones. “Les hemos pedido que no acudan hoy al trabajo y seguiremos observando la situación y adaptarnos a su desarrollo”, ha dicho el portavoz de la Comisión, Eric Mamer.
El alcalde del condado de Antrim, al que pertenece Larne, Peter Johnston (también miembro del DUP) ha respaldado la decisión de retirar a los empleados, “ante lo que describiría como unas pintadas muy inquietantes y un relevante aumento de la tensión de las comunidades provocada por el Protocolo de Irlanda del Norte”.
El Sinn Féin, la formación republicana partidaria de la reunificación de la isla, también ha mostrado su apoyo a la suspensión de los controles portuarios. Prácticamente todos los partidos norirlandeses han expresado su preocupación por el aumento de la tensión en la zona. Incluso el primer ministro de la República de Irlanda, Micheál Martin, ha descrito los últimos acontecimientos como “desagradables y siniestros”.
La aprobación del Protocolo de Irlanda del Norte desató las iras de muchos diputados conservadores, convencidos de que el Gobierno de Johnson había resquebrajado la unidad del Reino Unido. Downing Street intentó incluso alterar los términos del acuerdo internacional para dejar en manos de los ministros la decisión de relajar los controles aduaneros en ese territorio, en una maniobra que provocó una reacción airada de Bruselas. La UE amenazó con emprender acciones legales, y el Gobierno de Johnson tuvo que dar marcha atrás en el Parlamento. Aun así, el Ejecutivo británico insiste en pedir un cierto periodo de tregua que ayude a rebajar la tensión y solucionar las fricciones comerciales. “A corto plazo, están surgiendo una serie de problemas que yo no definiría como menores. Son cuestiones muy relevantes que afectan a la vida de los ciudadanos de Irlanda del Norte, y que necesitan ser resueltas”, ha dicho el jefe de Gabinete de Johnson (con rango ministerial), Michael Gove.
Dublín pide que se calmen los ánimos
El tráfico comercial entre las dos Irlandas, y entre el territorio norirlandés y Gran Bretaña, se mantiene abierto, y políticos de ambos lados de la isla han lanzado llamamientos para que se calmen los ánimos y se rebaje la tensión. Ante la Comisión Especial Seanad, creada en el Parlamento Irlandés para controlar y supervisar el desarrollo del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE, representantes de todos los ámbitos han querido templar la situación. “Una declaración mal interpretada por parte de cualquier político podría ser asumida como el visto bueno para que algunas personas lleven a cabo comportamientos contrarios a la convivencia”, ha advertido Colin McGrath, socialdemócrata y presidente de la Comisión de Control al Ejecutivo del Parlamento autónomo de Irlanda del Norte, en Stormont. La diputada del Sinn Féin, Martina Anderson, ha exigido que se emprendan acciones penales contra todos aquellos que lancen amenazas en las redes sociales o que se dediquen a comprobar y anotar las matrículas de los agentes fronterizos. Ha señalado directamente a las fuerzas unionistas norirlandesas, a las que ha reclamado “que hagan un llamamiento a los suyos para que cesen las amenazas”.
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