Crecen las protestas de la sociedad civil birmana contra el golpe de Estado militar
La junta militar responsable del golpe de Estado de este lunes en Myanmar ha puesto su primera carta sobre la mesa. Ha acusado a la jefa de facto del gobierno civil Aung San Suu Kyi, de 75 años y detenida al comienzo de la asonada, de violar la ley de importación y exportación. La premio nobel de la Paz continuará arrestada durante quince días. Según documentos de la Policía birmana hechos públicos este miércoles, durante un registro de la vivienda de Aung San Suu Kyi después de su detención se encontraron unos aparatos de rastreo de ondas de radio que supuestamente la consejera de Estado había adquirido en el extranjero y había introducido en el país de manera ilegal. La Dama los había estado utilizando, según la acusación, sin la licencia necesaria. Myanmar solo autoriza el uso de ese tipo de aparatos a las fuerzas de seguridad y el Gobierno, y el empleo ilícito puede suponer hasta tres años de cárcel, informa Efe.
Los llamamientos a la resistencia civil se multiplicaban este miércoles en Myanmar, la antigua Birmania, dos días después del golpe de Estado. En un ambiente de incierta calma -”la calma antes de la tormenta”, según la describe E., un residente español en Yangón, la capital económica, que ha preferido no identificarse-, médicos en los hospitales públicos han dejado de atender a pacientes en un gesto de protesta; en Facebook, el grupo recién creado Movimiento de Desobediencia Civil acumulaba cerca de 150.000 seguidores.
En el exterior del país, Estados Unidos ha calificado oficialmente la asonada militar de “golpe”, lo que abre la vía a la imposición de sanciones unilaterales contra los proclamados nuevos líderes del país.
En el interior, según el digital independiente birmano Frontier Myanmar, los cerca de 400 diputados de la Liga Nacional para la Democracia (el partido de La Dama, NLD, por sus siglas en inglés) que aún permanecían bajo arresto en un complejo residencial oficial en Naypidaw, la capital, han recibido orden de regresar a sus domicilios en un plazo máximo de 24 horas.
La actividad es frenética en las redes sociales, especialmente en Facebook -la más popular en la antigua Birmania- , para llamar a la protesta contra el golpe militar. En las calles, según relata E, la situación es radicalmente opuesta a la que se vive en Internet. “Aparentemente hay una tranquilidad total, una calma extraña que no se cree nadie”, afirma. El sentimiento es de incertidumbre; abundan los rumores, pero apenas hay información contrastada. No ayudaron los cortes a los servicios telefónicos y las interrupciones en el de internet en las primeras horas del golpe.
“Entre la gente, el sentimiento es, sobre todo, de tristeza”, explica este trabajador internacional. El lunes, a medida que trascendía el alcance del golpe, vio a gente deshacerse en lágrimas. Otros se declaraban incapaces de volver a vivir un día más bajo una dictadura, después de la que perpetuó a los militares en el poder y convirtió a Myanmar en uno de los países más pobres del mundo entre 1962 y 2011.
“Durante el día, la apariencia es de normalidad. Al anochecer, aunque no se ha declarado una hora oficial de toque de queda, todo el mundo se marcha para casa, el panorama se hace desértico”, explica este trabajador internacional.
Como parte de las medidas para devolver al país a su actividad rutinaria, se ha anunciado que, pese a lo que se había divulgado inicialmente, el aeropuerto de Yangón reabrirá esta misma semana y se retomarán los vuelos de repatriación de birmanos atrapados en el extranjero por la pandemia de la covid. La antigua Birmania también ha levantado las restricciones de internet impuestas en parte de los estados Rakáin -hogar de la minoría rohinyá- y Chin (oeste) desde 2019, lo que acaba con el bloqueo considerado más largo del mundo, según informa Efe.
La noche pasada, por primera vez desde la ronda de detenciones, Yangón vivió una gran cacerolada -según la tradición birmana, ese ruido metálico espanta a los demonios- contra las autoridades militares, que pudo oírse en toda la ciudad junto a gritos de “¡Viva Madre Suu!”.
Este miércoles, según asegura el Movimiento para la Desobediencia Civil en Myanmar en su página de Facebook, al menos 70 hospitales y departamentos médicos en treinta ciudades, entre ellas Yangón, han suspendido sus actividades. En las redes circulan numerosas fotos de personal médico con un lazo rojo en la solapa, en señal de protesta, y tres dedos de la mano en alto.
El comunicado del personal médico distribuido por el Movimiento acusa al Tatmadaw, como se conoce popularmente al ejército en Myanmar, de haber antepuesto sus intereses a los de los 55 millones de birmanos, una población empobrecida y vulnerable durante la pandemia de covid. “Rechazamos obedecer cualquier orden del régimen militar, que ha demostrado que no les importan nuestros pobres pacientes”. “Obedeceremos solo al gobierno que hemos elegido democráticamente”, subrayan.
La nueva junta militar ha prometido convocar elecciones dentro de un año y entregar el poder al ganador, aunque por el momento no ha dado a conocer ningún tipo de hoja de ruta para llegar a ese momento. Las fuerzas armadas justificaron el golpe por las acusaciones de un “grave fraude electoral” -rechazadas por la Comisión Electoral nacional- que se perpetró, según el ejército, en los comicios del 8 de noviembre. La NLD se impuso de manera arrolladora y logró 346 diputados en la cámara baja, por solo 33 para los partidos que apoyan al Tatmadaw.
El martes, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de urgencia y a puerta cerrada sobre la situación en Myanmar, aunque no consiguió llegar a un acuerdo entre los países miembros por el bloqueo de China, principal socio comercial y aliado político de su vecino del sur. En Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin insistía este miércoles en que “es incorrecto decir que China apoyó o consintió el golpe en Myanmar”.
En un comunicado, el G7, que reúne a las siete economías más desarrolladas del mundo y la Unión Europea han expresado este miércoles su condena al golpe y exigido la puesta en libertad de los detenidos.
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