Bachelet evita ahondar en la represión de los uigures en Xinjiang en el cierre de su visita a China
La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha concluido su polémico viaje de seis días a China moderando sus declaraciones sobre la represión contra la minoría uigur, aunque sí ha asegurado que ha instado al Gobierno de Xi Jinping a “revisar” su política antiterrorista para garantizar que cumple los estándares internacionales de derechos humanos. Desde antes de su arranque, la visita de Bachelet ha recibido numerosas críticas de gobiernos occidentales y ONG, que temen que Pekín utilice la gira como un instrumento de propaganda.
La expresidenta chilena ―en las quinielas para suceder a Antonio Guterres y convertirse en la primera mujer secretaria de la ONU― visitó esta semana Cantón, en el sur de China, y la región de Xinjiang, en el noroeste. Sobre esta última, la oficina de Bachelet ha criticado en el pasado los abusos contra la minoría musulmana uigur, una comunidad de doce millones de personas, y la falta de respeto a los derechos humanos. Los abusos por parte de China han sido nuevamente documentados esta semana en una filtración publicada por catorce medios internacionales, entre ellos EL PAÍS: en torno a un millón de personas de la etnia uigur y otras minorías musulmanas han sido objeto de persecución, maltratos e internamiento en lo que gobiernos occidentales y ONG consideran campos de reeducación y que China describe como meros centros de formación profesional.
Limitada por la burbuja impuesta por Pekín con el argumento de la lucha contra la covid, Bachelet ha visitado en Xinjiang la cárcel de la ciudad de Kashgar y un antiguo centro reconvertido en escuela. También se reunió con líderes del gobierno local y representantes de la sociedad civil. “Esta visita no era una investigación; las visitas oficiales de los altos comisionados son por naturaleza muy prominentes y, simplemente, no permiten el tipo de trabajo detallado, metódico y discreto de una investigación”, ha señalado la alta comisionada en una rueda de prensa por videoconferencia antes de emprender regreso a Ginebra. El valor de su viaje, ha puntualizado, ha estado en la posibilidad de abordar la situación de los derechos humanos en Xinjiang y el resto de China con las máximas autoridades del país; la alta funcionaria ha conversado por videoconferencia con Xi el miércoles.
La exjefa de Estado, sometida ella misma a torturas durante el régimen de Pinochet en Chile, reconoció que el viaje no le ha permitido conocer las dimensiones del programa de campos de reeducación ―a los que ella se refirió en todo momento como VETC, el acrónimo en inglés para “centros de educación y formación vocacional”, la denominación china―. Pero sí que ha planteado al Gobierno, asegura Bachelet, problemas como la ausencia de un control judicial del programa, alegaciones de uso de la fuerza, maltratos y denuncias de restricciones a la libertad religiosa, entre otras preocupaciones.
Las autoridades locales le han asegurado, según indicó la alta comisionada, que ese programa ha concluido. China sostiene que los internos en esos campos se “graduaron” en 2019 y los centros se han reconvertido en escuelas, centros comunitarios y otros tipos de instalaciones. Pero diversas ONG y think tanks consideran que parte de ellos continúan funcionando como lugares de reeducación.
“He planteado preguntas y preocupaciones sobre la aplicación de medidas antiterroristas y de desradicalización”, ha indicado Bachelet, “particularmente el impacto en los derechos de los uigures y otras minorías musulmanas”. China sostiene que su programa de centros de reeducación y otras prácticas coercitivas hacia los uigures en Xinjiang, incluido un amplio plan de vigilancia, es necesario para combatir el terrorismo y el extremismo, después de una serie de atentados en la primera mitad de la década pasada.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Durante su rueda de prensa, la alta funcionaria consideró “profundamente preocupantes” las detenciones de activistas, legisladores y periodistas en Hong Kong bajo la Ley de Seguridad Nacional, y destacó la importancia de permitir la libertad de religión y proteger el aprendizaje del lenguaje autóctono en Tíbet. Al mismo tiempo, Bachelet ha destacado la importancia de China ―cuyo Gobierno se muestra cada vez más vocal en la defensa de sus intereses en las instituciones multilaterales, y que trata de ampliar su influencia en los organismos de la ONU― como “contribuidor clave en los foros multilaterales y regionales”. Y alabó los logros de Pekín en la lucha contra la pobreza, su legislación para proteger los derechos de la mujer y su apoyo a las metas de la ONU sobre desarrollo sostenible.
La rueda de prensa de Bachelet había causado una gran expectación: cerca de 200 periodistas internacionales se conectaron para tratar de preguntar a la alta comisionada sobre su visita. Pero en su comparecencia, de 45 minutos de duración, la respuesta más profusa fue a una pregunta de un medio estatal chino sobre el racismo en Estados Unidos y la matanza en una escuela de la localidad texana de Uvalde. Mientras tanto, las cuestiones específicas sobre Xinjiang recibieron contestaciones mucho menos detalladas de Bachelet.
La visita de Bachelet, cuyo mandato terminará en septiembre, es la primera de un alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU a China desde la efectuada por Louise Arbour en 2004. De hecho, el viaje ha estado preparándose durante tres años: la alta comisionada expresó en 2018 por primera vez su deseo de viajar a Xinjiang ante las “preocupantes” denuncias que llegaban sobre los campos de reeducación; poco después, en 2019, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, extendió una primera invitación para una visita “amistosa”.
Por su parte, cerca de 200 ONG habían solicitado la cancelación del viaje, al considerar que no ofrecía las condiciones necesarias para determinar de manera independiente la verdadera situación de los abusos contra los uigures. El portavoz del Departamento de Estado en Washington, Ned Price, había considerado la gira “un error”. Las organizaciones de uigures en el exilio también han expresado su decepción ante la visita. “Como se esperaba, la alta comisionada ha desperdiciado una oportunidad histórica para investigar el genocidio uigur y conseguir justicia para el pueblo uigur”, ha declarado el presidente del Congreso Mundial Uigur, Dolkun Isa.
Sin embargo, otros expertos habían indicado que, pese a las limitaciones, la visita ofrecía valor. “Es imperativo que se vea a la alta comisionada relacionarse con el Gobierno de China”, declaró el viernes en una charla con periodistas Philip Alston, antiguo relator especial de la ONU sobre pobreza y derechos humanos. “El mero hecho de que haya tenido un intercambio [de opiniones] directo con el presidente Xi Jinping es un logro”, agregó Alston.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
About Author
