Eduardo Belliboni: “Hay gente en Argentina que no tiene derecho a comer”
El líder piquetero argentino Eduardo Belliboni (Banfield, 63 años) aparece junto a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas en su fotografía de WhatsApp. Con sus casi dos metros de altura, el Chiquito Belliboni (apodo irónico que conserva de sus tiempos como ferroviario) se ha convertido en una de las caras más visibles de las protestas contra el Gobierno de Alberto Fernández. En una entrevista con EL PAÍS, rescata la organización de las Madres en la última dictadura para defender la importancia de la lucha callejera en Argentina. “Cuando alguien diga que protestar no sirve que piense en las Madres de Plaza de Mayo, que lograron que se castigue a los genocidas. Estuvieron solas protestando en las condiciones más difíciles, dando vueltas a la plaza, y casi todo el mundo las miraba mal, incluso algunos sectores del pueblo. Las llamaban locas cuando eran las únicas cuerdas en este país donde se secuestraba, se torturaba y se asesinaba”, afirma.
En los últimos meses, el referente del Polo Obrero, la organización social afiliada al partido de izquierda Partido Obrero, ha encabezado movilizaciones y acampes en el centro de Buenos Aires en un contexto de inflación disparada que roza ya el 60% interanual y golpea en especial a los más pobres. “Hay gente que nos dice: ‘Ustedes protestan todos los días’. ¿Pero cómo vamos a protestar todos los días? No podríamos, sería imposible. Lo que pasa es que hay muchas protestas porque Argentina es una sociedad en conflicto. Las instituciones que tienen que dar respuestas no la dan”, afirma Belliboni.
Pone como ejemplo la grave pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. “El salario mínimo hoy es de indigencia, es de 39.000 pesos (317 dólares)”, dice, al explicar que ese sueldo ni siquiera alcanza para la compra de alimentos, según los datos oficiales. Dos sueldos mínimos tampoco son suficientes para la canasta básica familiar, que incluye además de comida bienes como vestimenta, calzado y medicamentos (pero no el costo del alquiler). “La canasta básica hoy está en 90.000 pesos (730 dólares) y nadie, o muy pocos, cobran 90.000 pesos en Argentina. Los salarios están, en promedio, entre 50.000 y 70.000 pesos. Estamos hablando del salario en blanco, el salario de los trabajadores no registrados es aún más bajo”, denuncia.
Para Belliboni, la crisis actual es heredera “de los problemas no resueltos en 2001, como el endeudamiento de los gobiernos argentinos”. A diferencia de entonces, cuando Argentina entró en bancarrota, el Congreso argentino acordó en marzo una reestructuración de la deuda de 45.000 millones de deuda con el FMI a la que se opuso la izquierda y parte del kirchnerismo, hoy dentro del Gobierno.
Este referente social coincide con quienes se oponen al pago de la deuda y a la reducción de déficit público acordada con el FMI y defiende que los fondos tienen que destinarse a mejorar las condiciones de vida de la sociedad argentina. “El Gobierno debería poner en marcha obras públicas que permitan darle ocupación a millones de personas, tener planes de viviendas que podrían potenciar la construcción, pero no hay nada de todo esto. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional está absorbido por el pago de la deuda [al Fondo Monetario Internacional]”, sostiene.
A sus 63 años, Belliboni se dedica hoy de pleno a la militancia, aunque cuenta que aún hace algún trabajo ocasional como electricista, una de las muchas ocupaciones que ha tenido a lo largo de su vida, además de ferroviario, conductor de remís y empleado en fábricas.
“Menudo quilombo armaron el otro día”, dice una mujer al acercarse a la mesa del café donde tiene lugar la entrevista, a pocos metros del Congreso argentino y a un par de cuadras donde el Polo Obrero celebra el plenario en el que se decidirá la fecha de la próxima movilización. “Quilombo armamos, pero no sé si está a favor o en contra”, se cuestiona el líder piquetero cuando se va.
Parte de la población argentina critica el caos de circulación que provocan las manifestaciones y piden al Gobierno medidas para limitarlas, pero por ahora no han prosperado. El Ejecutivo macrista aprobó un protocolo que luego no puso en práctica. El actual Gobierno ha pedido también sin éxito a los piqueteros que busquen otras formas de reclamar. “El derecho a transitar nunca está eliminado, porque no se cortan todas las calles, se cortan algunas, sobre todo las principales y donde está el poder político. En cambio, el derecho a comer no está limitado a ese día, en esa hora y en ese lugar sino que ocurre todos los días. Hay mucha gente que no tiene derecho a comer, que no tiene derecho a un trabajo y eso está por encima de la dificultad que puede tener alguien a transitar en determinado momento”, responde Belliboni.
Algunos movimientos sociales forman parte del Gobierno peronista de Fernández, como Barrios de Pie y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El Ejecutivo conserva también el apoyo de las grandes centrales obreras, la CGT y la CTA, pero la izquierda no se siente sola en las calles. “En Argentina las centrales obreras han abandonado a los trabajadores a su suerte y cada uno sale por su cuenta. Vos tenés un problema con la luz y nadie te da bolilla. ¿Entonces qué hace la gente? Sale a cortar la calle. Las fábricas salen a cortar calles. Las centrales obreras deberían estar luchando contra el ajuste, ser un canal de reclamo a través, por ejemplo, de un paro, pero no lo hacen, son la correa de transmisión de los intereses del Gobierno. No solo de este Gobierno, de todos”, agrega.
A diferencia de referentes de Barrios de Pie o del MTE, que creen que la fuerte red de asistencia social en los barrios reduce el riesgo de un estallido social como el de 2001, Belliboni opina que “las condiciones están dadas” tanto en Argentina como en América Latina. “Lo que no se puede pronosticar es cuándo va a ocurrir, porque un estallido tiene que ver con las condiciones sociales con las que vive el pueblo, con que la gente un día se harta a veces por las cosas aparentemente más pequeñas. Como decían en Chile: no son los 30 pesos que aumentó el subte, son 30 años de humillación”, sentencia.
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