Sexta testigo Odebrecht admite que no encontró ilícitos ni relación entre empresa de imputados

La abogada María Álvarez de Maio terminó de declarar este martes en el juicio por los sobornos de Odebrecht en el que admitió que no encontró ilícito en los documentos de las empresas de Ángel Rondón, Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa, los cuales analizó para la elaboración de los informes societarios que acreditó ante el tribunal.

Al ser sometida al contrainterrogatorio, Álvarez de Maio declaró que las empresas Lashan Corp., Copodan, SAS, Conamsa, SRL, Roymar, SRL, Hacienda Los Ángeles y Adeline Group Corporation, propiedades del imputado Ángel Rondón, no están vinculadas a los demás acusados.

Dijo que no encontró acta de asamblea, de gerencia, de consejo de administración que establezca la realización de operaciones entre las empresas de Rondón con los encartados Conrado Pittaluga, Juan Roberto Rodríguez, Víctor Díaz, Galán y Andrés Bautista.

La abogada Emery Rodríguez le preguntó si en las asambleas ordinarias, extraordinarias o anuales de esas compañías, con cuyos documentos hizo los informes, se registraron cesión de crédito, autorización de préstamos o traspasos de acciones a los demás imputados o a una de sus empresas, a lo que Álvarez de Maio respondió que no.

Cuando era cuestionada por las defensas sobre su calidad para la elaboración de los informes, la testigo admitió que los realizó a solicitud del Ministerio Público a solo un año de entrar a trabajar a la Procuraduría General de la República (PGR) y que, antes de ese empleo, solo tenía diez meses de experiencia profesional como abogada en un bufete privado.

Declaró que no posee estudios especializados de maestría en Derecho Societario y que elaboró los informes porque tenía conocimientos “básicos” de la Ley de Sociedades Comerciales, en virtud de un diplomado de cuatro meses impartido por el propio Ministerio Público.

Versión del Ministerio Público

María Álvarez de Maio fue una de las analistas del Ministerio Público que elaboró informes societarios de las empresas que, supestamente, los imputados utilizaron para lavar dinero de los sobornos recibidos por Odebrecht.

Estos documentos son parte de las evidencias aportadas por el Ministerio Público ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con la pretensión de ganar el caso de corrupción administrativa contra Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.