Trump deberá pagar 110.000 dólares para que le sea retirada una orden de desacato
La enmarañada batalla judicial de Donald Trump a consecuencia de sus causas pendientes en Nueva York ha dado este miércoles un nuevo giro. El expresidente debe pagar una multa de 110.000 dólares a la fiscalía del Estado de Nueva York y satisfacer otros requisitos de documentación para librarse de una acusación de desacato por no presentarse en su día ante la fiscal, Letitia James, en el marco de una investigación civil sobre presuntas irregularidades en su emporio.
El juez Arthur Engoron, que ha anunciado este miércoles la cuantía de la multa, impuso a finales de abril al expresidente republicano una sanción de 10.000 dólares al día por su incomparecencia. En una audiencia virtual celebrada hoy, Engoron explicó que el contador del pago se detuvo el viernes pasado, cuando el magnate y sus abogados presentaron nuevas declaraciones juradas acerca de los documentos relevantes que había solicitado James para la la causa.
Trump reiteró, como hizo en abril, que no posee ningún archivo relevante, algo que Engoron calificó de sorprendente, dadas las dimensiones de su emporio y el volumen de negocio de este. El juez ha dado de plazo a Trump hasta el próximo 20 de mayo para cumplir con requisitos adicionales, entre otros la presentación de declaraciones juradas de su asistente personal y otros miembros de su equipo, así como un informe, encargado a terceros, sobre las cuentas de la Organización Trump, el nombre del emporio familiar.
La acusación de desacato podría reactivarse si Trump, actualmente el factótum en la carrera de las primarias republicanas, no presenta toda esa información a tiempo.
La fiscal James, con la que Trump mantiene un tira y afloja no sólo judicial, sino también político -ha denunciado reiteradamente ser objeto de una caza de brujas ideológica por parte de la fiscal demócrata-, sostiene que la investigación ha encontrado evidencias de que la Organización Trump, un conglomerado propietario de hoteles, campos de golf y otros bienes inmuebles en todo el mundo, proporcionó información engañosa a bancos y al fisco para obtener ventajas y beneficios en la concesión de préstamos y lograr exenciones de impuestos.
Aunque de momento ni el expresidente ni sus hijos, también investigados, han sido imputados, estas prácticas supuestamente fraudulentas costaron el puesto al director financiero del emporio, y mano derecha de Trump durante décadas, que se entregó a la justicia en la primavera pasada y al que muchos consideran un chivo expiatorio o cortafuegos para proteger al núcleo duro de la familia Trump. En enero, la fiscal James llamó a declarar a Ivanka y Donald Jr, los hijos mayores del expresidente. Pocas semanas antes, a finales de diciembre, el exmandatario intentaba frenar la causa con una demanda contra James.
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Lejos de resolverse, el proceso continúa con avances y retrocesos. Entre los primeros, destaca la retirada del apoyo al magnate de la auditora que durante décadas evaluó sus negocios, asegurando que las cuentas de los últimos diez años no son fiables. En el capítulo de retrocesos -o pequeños respiros para el republicano- figura la renuncia de dos investigadores que instruían una segunda causa, de carácter penal, en paralelo a la civil de James, sobre presuntas irregularidades del emporio. El abandono de los dos abogados se produjo después de que el nuevo fiscal de Manhattan, a cargo de esa investigación penal, expresara dudas sobre la pertinencia de seguir adelante con el caso.
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