El hambre contra América

Tendrían que ser antónimos. América Latina y hambre son palabras que nunca deberían juntarse. América Latina produce comida: lleva 500 años dedicada a producir comida –y algunos minerales. En América Latina viven unos 660 millones de personas; según los últimos recuentos, más de 60 millones pasan hambre. Uno de cada diez latinoamericanos no come suficiente.

(Es fácil de decir: uno de cada diez latinoamericanos no come suficiente. Pruebe, estimado lector, a imaginar la situación: no comer suficiente. Irse a la cama con el estómago vacío; no saber si va a conseguir comida para mañana; sentir que su cuerpo se debilita porque le faltan los nutrientes necesarios; ver llorar a sus hijos y no tener qué darles. Pruebe, estimado lector, y después cómase una buena fruta o una verdura orgánica, que son tan saludables.)

“Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre –y al mismo tiempo, para la mayoría de nosotros, nada más lejos que el hambre verdadera”, escribió un autor casi contemporáneo. “Entre ese hambre repetida, cotidiana, repetida y cotidianamente saciada que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo de diferencias y desigualdades. El hambre ha sido, desde siempre, la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía, ninguna plaga es tan letal y, al mismo tiempo, tan evitable como el hambre.”

Hambre es un cuerpo comiéndose a sí mismo. Un cuerpo que se come porque no tiene nada que comer, alguien que se consume por falta de consumo, una persona que deja de serlo.

“Yo no pienso en el futuro. Lucho diariamente, estoy en el día a día. Lo hago por mi hijo, no lo puedo dejar morir”, dice José Luis, caraqueño de 50, analfabeto en un inmenso barrio de chabolas, el Petare. Hace mucho que no consigue empleo; para comer pide en la calle, rebusca en basureros. “A veces se consiguen cosas. La otra vez vimos una bolsa, la rompimos, y conseguimos un arroz y una pasta que estaban nuevos, los habían botado sólo porque tenía gorgojos. Me los llevé y en la casa los limpiamos, los calentamos y nos lo comimos”, dice, recordando esa vez en que sí tuvo suerte. Otras veces no tiene: “De vez en cuando me levanto y me acuesto sin haber comido”.

En América Latina, otros 220 millones de personas –una de cada tres– viven en “inseguridad alimentaria”, uno de esos conceptos que el idioma burocratés inventó para decir sin decir demasiado. Significa, en última instancia, que quien la sufre no está seguro de poder comer pero quizá sí pero quién sabe no y a ver: que no sabe si va a comer todos los días. Comer, para tantos millones, no es un placer ni un deber; es un problema.

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Y así ha sido a lo largo de toda nuestra historia. Hubo, hace años, un momento, pero ese momento ya pasó. Fue hacia 2015: una década larga de aumento de los precios de las materias primas había conseguido reducir la pobreza y el hambre en América Latina a sus mínimos históricos. Parecía que la desgracia más persistente de la región por fin retrocedía, que empezaba una época nueva. La “inseguridad alimentaria grave” –personas que han pasado un día o más sin comer– bajó, en 2014, hasta los 47 millones, y se decía que seguiría bajando; en 2021 fueron 93 millones de personas, casi el doble.

La pandemia tuvo buena parte de la culpa: en una región donde la mitad de los trabajadores está en negro, donde la mayoría se busca la vida con trabajos de fortuna, donde tan pocos tienen resto, el cierre de las ciudades fue un desastre. Los trabajadores perdieron una de cada cinco horas laborables: redujeron sus entradas en un 20 por ciento mientras los precios subían y subían. Fue un desastre y lo sigue siendo, pero el retroceso había empezado años antes con la caída de los precios de las materias primas que exportamos. Y se complica ahora, con su aumento: los más pobres suelen sufrir las consecuencias de una cosa y su contraria. Si el maíz o el trigo suben en los mercados internacionales porque hay una guerra en el este de Europa o porque los especuladores globales lo deciden, sus precios suben también en los mercados locales de los mexicanos o peruanos o panameños que quieren comerlos –y ya no pueden. Un ejemplo: en Colombia, el precio de los alimentos subió en los últimos doce meses el 26 por ciento. O sea: millones de colombianos pueden comer un cuarto menos que el año pasado.

Lilian es paraguaya pero lleva casi veinte de sus 44 años en Buenos Aires. Lilian limpia casas de otros y maneja un comedor popular en una villa miseria, la 21-24, donde viven 45.000 personas. Lilian dice que la pandemia fue tremenda: “Cada vez venía más gente al comedor, nunca era suficiente. Estirábamos las raciones como podíamos para tener algunas más”. Pero ahora, dice, la situación no es mucho mejor: “Sin los comedores mucha gente en Argentina se moriría de hambre”, dice, y que está lleno de personas que se alimentan a base de mate y “reviro”, una masa de harina, agua, aceite y sal.

El hambre de fondo va más allá de pandemias y subas eventuales: es, como suele decirse, estructural. El problema decisivo está en cómo se reparten y se usan esos alimentos, la forma en que funciona su producción y su comercio: no para satisfacer las necesidades de la mayoría sino para que sus productores y distribuidores y especuladores ganen más dinero. Se suele decir que la causa del hambre es la pobreza; en realidad, su causa principal es la riqueza –de unos pocos.

Es la concentración de la riqueza alimentaria que muestra con modestia el famoso Dilema de la Vaca. El Dilema es, por supuesto, una simplificación –muy ilustrativa. En síntesis: si un agricultor cosecha diez kilos de cereal se enfrenta a un dilema: puede venderle un kilo cada una a diez familias, y que cada familia se lo coma y satisfaga su apetito. O puede venderle –más fácil y más caro– los diez kilos a un ganadero para que se los coma su vaca, que los transformará en un kilo de carne que el ganadero podrá vender a una o dos familias por mucho más dinero. Así, ese cereal que tantos necesitaban se transforma en carne que pocos pueden pagar; así se priva a quienes lo precisan de un alimento que se usa para proveer a los mercados ricos; así se concentra la riqueza alimentaria.

“Aquí sufrimos mucho, no hay trabajo y de comer bien no tenemos, de desayuno me como tortilla con sal, salsita si se puede, y si hay dinero vamos por huevito, que es lo típico que hay aquí y así, dos comidas nada más”, dice Raúl, 28, mexicano de un pueblo de Oaxaca. El pueblo se llama San Simón: tiene cinco mil habitantes, once iglesias y ninguna carnicería.

Varios países ñamericanos están entre los principales productores mundiales de trigo, maíz, soja, carne, mariscos, café, azúcar, uva, plátano y tantos otros frutos. Pero la palabra “productor” debería reemplazarse por la palabra “exportador”. América Latina, en general, no produce comida para que coman sus personas sino para que medren sus dueños, mayoristas, comisionistas varios.

Eso explica los casos inexplicables: por ejemplo, el hambre en países que se dedican sobre todo a cultivar comida. La Argentina produce alimentos que podrían satisfacer a unos 400 millones de personas; sin embargo, sobre su población de 46 millones, más de cuatro millones no comen suficiente. La explicación es casi simple: la mayor parte de esa producción se exporta, soja para los chanchos chinos. Así, sus dueños cobran dólares y sus compatriotas pasan hambre.

Es la condena ñamericana desde siempre: países que se dedican a producir materia prima para la exportación y que, para hacerlo, no necesitan mucha mano de obra –no necesitan a sus pobres para producir– ni necesitan un gran mercado interno –no necesitan a sus pobres para consumir–. Desde hace siglos, los ricos americanos no necesitan a sus pobres: solo precisan que no jodan demasiado. Para eso les sirven sus estados: para contenerlos. El estado ñamericano es, antes que nada, un estado contenedor, que primero recurre a las dádivas y, cuando ya no funcionan, a la buena vieja represión.

En América Latina una de cada cinco personas vive del asistencialismo, limosnas que contribuyen a mantener el sistema clientelar que, a su vez, sirve para desnaturalizar la representación política: consigue que grandes sectores de la población voten y obedezcan a los que les están dando esa limosna –para que sigan dándosela, para no caer en el hambre más extrema.

En Estados Unidos, el país más rico del mundo, nadie se muere de hambre. Pero uno de cada diez americanos, más de 35 millones de personas, mayoría de negros y de hispanos, necesita algún tipo de ayuda para conseguirlo: food stamps, distribuciones de alimentos, comedores populares. Las colas de los que esperan un bocado son habituales en todas las ciudades; Carlos Marroquín, 62, guatemalteco, décadas en California, organiza uno de estos repartos en Los Ángeles: “La gente que no tiene dinero debe decidir entre comprar comida o pagar la renta”, dice. Y que sí, que “se pueden crear programas donde se le da comida a la gente, pero lo vamos a hacer eternamente si no cambiamos el sistema.”

El hambre es la enfermedad que más mata en el mundo –y también en América Latina. Y es, al mismo tiempo, la más fácil de curar: con comida. Pero eso solo podrá solucionarse cuando haya, para empezar, empleos legítimos para la mayoría. Y cuando aceptemos que no acaparar los alimentos es la forma más primaria de solidaridad humana. El hambre tiene muchas causas; la falta de comida no es una de ellas. Vivimos un momento crucial: por primera vez en su historia la humanidad es capaz de producir alimentos suficientes para todos. Nuestro planeta podría criar comida para 12.000 millones de personas, muchos más que los que somos; para eso, los 2.000 millones más ricos deberíamos dejar de comer como comemos, tirar comida como la tiramos, pensar también en los demás.

Hay pocos lugares donde eso sea tan claro como en Latinoamérica: alcanzaría con ciertos cambios estructurales para que el hambre desapareciera. Y sin embargo no los hacemos: no hacemos al respecto casi nada. El hambre de millones de personas no forma parte de nuestras preocupaciones, nuestros debates, nuestras expectativas. Siempre me pregunto por qué hablamos sin parar de la amenaza ambiental que puede arruinar en el futuro tantas vidas, y casi nunca de todas esas vidas arruinadas hoy, ayer, mañana, por falta de comida. La respuesta más tonta –la más cruda– suele ser la más cierta: porque la amenaza ambiental nos amenaza a todos mientras que el hambre, pareciera, siempre lo sufren otros.

Y seguirá matando mientras no nos convenzamos de que, pese a las apariencias, lo sufrimos todos.

Emiliana tiene 28 años y vive en un ranchito de madera en un suburbio de Lima con sus dos hijos de tres y cinco años; su marido se fue cuando nació el segundo y a ella le cuesta mucho conseguir trabajos. Los tres suelen comer lo que les dan en una olla común o un programa social. Y ni así: “Son dos raciones, pero las dividimos entre los tres. ¿Pan? No hay, menos ahora que ha subido de precio”, dice Emiliana.

ALONSO MOLEIRO / FLORANTONIA SINGER. Caracas

José Luis Padrón tiene 50 años, vive en concubinato y tiene tres hijos. No sabe leer ni escribir. Vive en Maca, un vecindario que pertenece a Petare, extensa barriada de chabolas que se extiende por las colinas del este de Caracas.

Su casa está hecha de madera y techo de zinc. El piso es de cemento, con algunas partes de tierra. No tiene baño ni nevera. No tiene radio ni televisión. No tiene mesas ni sillas. No tiene agua. Tiene servicio de luz, una cocina de gas con dos hornillas, una cama, una cava sin electricidad para guardar comida enlatada y un perchero para la ropa junto a la de José Gregorio, su hijo de 8 años, que lo acompaña adonde va. Una sobrina que vive al lado abre cuando necesitan usar la nevera o el baño.

Cada mañana, como quien sale al trabajo, la gestión de José Luis es la misma: caminar varios kilómetros con su hijo para conseguir comida. Tocar los timbres de residencias de clase media en urbanizaciones como La Carlota o Santa Paula para pedir algo que sobre; pasar por panaderías a ver si ablanda algún corazón transeúnte; ofrecerse de voluntario para cuidar carros u organizar parqueos que le permitan ganarse una propina.

José Luis y su hijo han pasado un día y medio sin comer nada. Consiguen comida en sus gestiones, pero nunca nada que vaya más allá de los dos días de provisión. Latas de atún, pan viejo, rodajas de tomates o queso, galletas de soda, sardinas. A veces, dice, consigue pollo. “De vez en cuando me pasa, me levanto y me acuesto sin haber comido nada. La gente me ayuda. Algunos me conocen y me guardan cosas, otros se niegan. “Anda a pedir a Miraflores —el Palacio de Gobierno— me han dicho por ahí. No recibo ayudas del Gobierno, nunca. Mi esposa era la que manejaba esas cosas.”

La esposa de José Luis está presa, acusada de prostituir a su hija mayor, de la cual José Luis es padrastro. José Luis niega rotundamente que eso haya ocurrido. Cumple condena en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF. Le han reducido el castigo por buena conducta. Le queda un año para salir. Los otros dos hijos de José Luis, Gerardo —de 5 años— y Betania —de 9—, están en un Retén para Menores. Hace tres años no sabe de ellos.

Cuando comenzó la pandemia, más de la mitad de la gente con hambre en América Latina estaba en Venezuela, de acuerdo con datos de la FAO, organización de Naciones Unidas que en 2008 había hecho un reconocimiento al Gobierno de Hugo Chávez por avances en la situación alimentaria de la población que se vinieron abajo con la grave escasez de alimentos y la hiperinflación de los años de Nicolás Maduro.

La pobreza de ingresos, que alcanza a más del 95% del país según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) realizada anualmente por universidades venezolanas, ha producido cifras como estas: un tercio de los venezolanos está en inseguridad alimentaria, nueve de cada 10 no gana lo suficiente para comprar comida y siete de cada 10 no come carne.

“No pienso en el futuro. Lucho diariamente, estoy en el día a día. Lo hago por mi hijo, no lo puedo dejar morir”, afirma José Luis Padrón. “Cuando la cosa se pone fea, mi sobrina me toca la puerta, siempre tiene algo para José Gregorio. Yo a veces la ayudo también”.

Sin empleo hace muchos años, sin saber qué pasará con su esposa y sus otros hijos, José Luis camina con José Gregorio haciendo una cita diaria con los delirios de la incertidumbre. “Reviso basureros, a veces se consiguen cosas. La otra vez vimos una bolsa, la rompimos, y conseguimos un arroz y una pasta que estaban nuevos, los habían botado sólo porque tenían gorgojos. Me los llevé y en la casa los limpiamos, los calentamos y nos lo comimos”.

LUIS PABLO BEAUREGARD. Los Ángeles

Una señora coreana de 83 años se tambaleaba la mañana de un martes a la entrada de un gran edificio del este de Los Ángeles. La señora, que no habla inglés, llevaba dos horas en pie en una larga fila en la que esperaba a que le regalaran alimentos. “Le hemos dicho que podemos llevar la comida a su casa, pero insiste en venir porque tiene miedo de que se nos olvide”, asegura Carlos Marroquín, coordinador de Food for Health, una iniciativa que desde hace seis meses facilita el acceso a comida saludable para las comunidades más desfavorecidas. “Cualquier persona de edad avanzada en este país no debería estar batallando para tener comida. Es increíble. El sistema está roto, no funciona para la gente trabajadora, solo para la que tiene dinero”, añade el activista.

Los Ángeles es una ciudad que disimula bien la miseria. El relajado estilo de vida de Santa Mónica, la opulencia de Beverly Hills y los reflectores de Hollywood pueden hacer olvidar que el 23% de la población angelina vive en situación de pobreza. Es uno de los porcentajes más altos de toda California. La situación desborda las fronteras de Skid Row, una zona del centro aquejada por la crisis de los sin techo y por la epidemia de adicciones que golpea a otras grandes ciudades de Estados Unidos.

Todos los martes y jueves se crea una enorme línea a las afueras de un bloque de apartamentos de renta controlada propiedad de la Fundación Aids Healthcare. Esta fila cuenta otra historia sobre las necesidades alimentarias de esta ciudad. Carlos y sus ayudantes entregan cada mañana 200 boletos. Principalmente llegan mujeres mayores asiáticas y latinas. Algunas hispanas llegan empujando carriolas o cargando bebés en brazos. No hay afroamericanos, una de las minorías más castigadas. Cada boleto da derecho a elegir verduras frescas que Marroquín compra a una familia mexicana de pequeños empresarios. Este martes hay rábanos, lechugas, betabeles, naranjas, cebollas, huevos y zanahorias. “Este tipo de productos solo se encuentran en comunidades ricas, no las ves en las zonas centrales o del este de la ciudad. Aquí tratamos dignamente a la gente. Ellos pueden elegir sus productos en lugar de solo darles bolsas o latas con productos que quizá no saben cocinar”, explica.

Marroquín, de 62 años, nació en la ciudad de Guatemala. Llegó a Estados Unidos cuando era niño. Hizo el servicio militar y después fue empleado del servicio postal. Encontró su vocación como activista comunitario: ha trabajado por el derecho a la vivienda y ahora lucha por facilitar la seguridad alimentaria. “El sistema que existe da acceso a los alimentos a la gente que tiene dinero. Ellos tienen lo mejor. El esquema se creó para protegerlos con varias capas y hay una red de seguridad para ellos, no para la clase trabajadora”, indica.

Carlos tuvo a su cargo el banco de alimentos de la organización Urban Partners, una de las más grandes de la urbe. Después llegó la pandemia, que provocó hambre en casi el 30% de los hogares de las madres solteras del país, de acuerdo con un reporte de Brookings. En lo más duro de la contingencia, Carlos recuerda que la gente llegaba a formarse a las seis de la tarde del día anterior. Pasaban toda la noche y la madrugada para poder llevarse verduras que les alcanzan para una semana. Antes de la emergencia, unos 13.7 millones de hogares en el país, el 10,5% del total en el país, habían experimentado la escasez de alimentos. Esto representa a unos 35 millones de personas.

Aunque la pandemia aflojó el paso, la economía ha empeorado la situación de muchos. Especialmente la inflación, que ha disparado el precio de los alimentos. “Los números están subiendo rápidamente otra vez. La gente que no tiene dinero debe decidir entre comprar comida o pagar la renta. Y si no tienes seguro médico la situación es peor. O es medicina o leche. Es la situación que viven miles de personas”, asevera. El Gobierno de Joe Biden ha convocado para septiembre una cumbre en Washington sobre el tema de la hambruna y el acceso a los alimentos. Es la primera de este tipo desde la Administración de Richard Nixon.

El programa que Carlos dirige pronto será implementado en Florida y en Puerto Rico. En los próximos meses, la organización abrirá en el centro de Los Ángeles el restaurante 123Diner, que ofrecerá comida caliente y de menú para la gente que sufre de hambre. El desayuno costará un dólar; la comida dos y la cena tres. “Se pueden crear programas donde se le da comida a la gente, pero esto lo vamos a hacer eternamente si no cambiamos el sistema. De momento estamos fallando. Debemos buscar formas de facilitar el acceso a la comida para todos”.

CARLOS SALINAS MALDONADO. San Marcos (Guatemala)

Julieta Crisóstomo, 53 años, cuida de su nieto Erick (3 años) mientras prepara la comida. Esta tarde la mujer pondrá en la mesa una mezcla de tomates asados, chiles secos que ha cocinado en un comal y tortillas de maíz. Es para lo que da el raquítico presupuesto familiar. Crisóstomo ha visto partir de su casa a tres de sus cinco hijos, quienes han migrado a Estados Unidos empujados por el hambre y la falta de trabajo en esta comunidad indígena que lleva bien puesto el nombre: El Calvario. Espera que ellos consigan un empleo para garantizar aquí una mejor vida. Son su única esperanza para cambiar una vida marcada por las penurias.

El Calvario está en el departamento de San Marcos, una de las regiones más golpeadas por el hambre en Guatemala. El país cuenta con las tasas de desnutrición infantil más altas de América Latina y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha alertado de que el 50% de las familias no tienen acceso a una dieta equilibrada. Las estadísticas en rojo se repiten en todos los informes que preparan organismo internacionales, entre ellos el Banco Mundial, que fija a Guatemala como la nación con “la cuarta tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo, con poblaciones indígenas y rurales desproporcionadamente afectadas”. El mismo informe revela que la desnutrición crónica infantil (que retrasa el crecimiento de los menores) en Guatemala afecta al 47% de todos los niños de menos de cinco años, al 58% de los niños indígenas y al 66% de los más pobres.

En estas áridas montañas de Guatemala habitadas por gente de estómagos vacíos la miseria hace que la gente emigre, como los hijos de Julieta. Además de los tres que han marchado a Estados Unidos, sus otros dos hijos bajan del altiplano a las comunidades cercanas en busca de cualquier actividad que les sume algunos quetzales, la moneda local. Un día de trabajo en la construcción representa unos 70 quetzales (unos 10 dólares) y en la agricultura apenas 30 (cuatro dólares), aunque se escuchan historias de abusos y discriminación: hay empleadores que hacen firmar documentos a los indígenas que no saben leer en los que ellos renuncian a mejores salarios o derechos laborales. Y quienes los contratan deslindan responsabilidades por accidentes en horas de trabajo.

Debido a esas condiciones, centenares de personas dejan el altiplano para buscarse la vida en Estados Unidos. Al viajar por los polvorientos caminos de las montañas de San Marcos se pueden ver algunas casas de concreto que destacan entre las chabolas de adobe. Son el resultado de las remesas que los migrantes envían. Esas casas mejor construidas refuerzan las ilusiones de quienes no tienen nada, como la familia de Julieta Crisóstomo. Ella espera que sus hijos encuentren trabajo “para comprar un terreno y construir una buena casa”. Se trata de una apuesta a todo o nada, en la que a veces los que no tienen nada pierden lo único que les queda: de San Marcos son los 19 migrantes que las autoridades hallaron calcinados en Tamaulipas, México, en enero de 2021.

En cada uno de los hogares visitados en el altiplano guatemalteco se repite la misma historia: miseria, desempleo, analfabetismo y una dieta muy básica. Como la de la familia de Victoria Aguilón (50 años). “No hay pisto [dinero]”, dice, para justificar lo poco que tiene en su cocina: chiles secos, achiote (unas semillas que se usan para dar color a la comida) y chícharos. Ella muele los chiles con las semillas para lograr una masa roja que mezcla con harina de maíz y agrega al agua donde hierven los chícharos. Esa sopa será acompañada con café muy azucarado. Es la comida con la que hoy alimentará a sus hijos, María Leticia, de 17 años, y Osmar, de 15. Ellos ayudan a su madre en las labores de la casa y en la pequeña milpa que cultiva en el patio. ¿Por qué no van a la escuela? “No hay pisto”, repite Victoria mientras sirve la masa con chícharos.

NOOR MAHTANI. Bogotá

Cuando la cuchara no alcanza, usa los dedos. Pero Erick Albino, de 4 años, se esfuerza en que no quede ni un solo grano de arroz en el plato del almuerzo que devora en pocos segundos.

—Mami, quiero más.

—¿Te lo doy ahora o en un rato? Porque si es ahora, luego no hay.

—Ahora, pero con más huevito.

Aunque no es la primera vez que Andrea Usma, de 27 años, tiene esta conversación con el menor de sus hijos, “duele igual”. E igual es el menú que repiten las cuatro —a veces tres— comidas al día: arroz y huevo o pasta blanca y huevo. Ella solo almuerza y cena. “Si no, no nos rinde. Y prefiero que coman ellos”, dice, mientras sirve otra porción más reducida que la anterior al pequeño. El mayor, Jhonnier Albino, de 7 años, estará comiendo esa misma ración en clase.

Antes de la pandemia, la familia Usma no conocía el hambre ni la pobreza. “Ellos no sabían lo que era un ‘no’. Todo lo que pedían, se lo podía dar”, lamenta. Andrea trabajaba en un call center en el barrio bogotano de Patio Bonito, en un sector vulnerable, al suroeste de la capital. Cobraba unos 2,5 millones de pesos (unos 625 dólares); algo más de dos sueldos mínimos colombianos. Vivían en una casa “hermosa y llena de cosas” y ella no sabía ni cocinar porque “todo lo pedíamos de fuera”.

Pero la covid acabó con la estabilidad de un plumazo. Cancelaron su contrato por horas en la empresa y los ahorros le dieron para mantenerse unos meses. “Tampoco pensé que el coronavirus fuera a durar mucho más”, reconoce. A los seis meses, después de venderlo todo (ordenador, televisión, equipo de sonido…) la casera los echó y la caridad empezó a ser la norma. Ahora viven en la casa de los padrinos de los pequeños; una segunda residencia sin terminar. El padre de los niños tiene arresto domiciliario y bajos recursos; las demoras burocráticas han impedido las ayudas del Gobierno y los comedores sociales no son una opción porque piden 2.500 pesos por persona (60 céntimos de dólar). “Somos tres. Yo no tengo esa plata. Estoy en ceros”.

Esta joven encarna la situación “crítica de hambre” de la que hablaba la FAO en el informe publicado a principios de año. La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estimaba que al menos 7,3 millones de colombianos necesitarán asistencia alimentaria. Y que más de la mitad de la población sufrirá inseguridad alimentaria.

En las paredes cuelgan las fotos de sus hijos y sus diplomas de fin de curso, en un esfuerzo por decorar el que es ahora su hogar. Los juguetes de Erick se amontonan en una cesta y, en la cama tendida, descansan un sinfín de peluches con nombre. Los juegos, dice la madre, al menos lo entretienen.

En el último año, Andrea ha adelgazado 10 kilos. “Y noto que los niños también han bajado de peso y les hace falta calcio. Ando buscando como dárselo, pero está todo muy caro. Y si compro algo de carne o leche, ya no me da para nada más. Prefiero que no se vayan con hambre a la cama”. Andrea intenta no derrumbarse. “Es duro como madre ver que se dan cuenta de que no les puedo dar el nivel de vida que tenían antes. Y también es muy doloroso para mi orgullo”, asegura.

Las deudas se le acumulan en una cuenta que ya supera los cuatro millones (mil dólares): cuatro meses del alquiler de su anterior casa y otros cuatro del colegio privado de su hijo mayor. “Él es de los mejores de la clase. Sabe de geografía, matemáticas, sociales… ¿Cómo lo voy a sacar de allá?”, se pregunta. “Eso sí que no me lo perdonaría”.

Emiliana Bernal Muñoz vive con sus dos hijos, de tres y cinco años de edad, en uno de los distritos periféricos de Lima, Carabayllo, a unos 27 kilómetros del centro de Lima. Antes de la pandemia trabajaba como lavandera, pero no ha podido recuperar su empleo.

“Primero no nos dejaban salir a la calle o entrar a otras casas por la cuarentena; luego, cuando he podido volver, ya me habían reemplazado”, explica. Este es el tercer año en que la alimentación de su familia depende de una olla común cercana a su barrio, organizada por vecinas. Como no tiene ingresos, la consideran un caso social y cada día le entregan un plato de almuerzo aunque no pueda pagar.

“Nos queda poquito: dos o tres cucharitas para cada plato”, describe Emiliana, madre soltera de 28 años, sobre cómo distribuye la ración que recibe diariamente de la olla común Mujeres Unidas, en Carabayllo.

En Mujeres Unidas, 20 ciudadanas en situación de pobreza se turnan para recolectar restos de alimentos que los mercados no venden, o buscar donaciones, y con eso cocinan. Cobran 25 centavos de dólar por almuerzo a quienes cuentan con un empleo, y con lo recaudado pagan la leña o el aceite que no consiguen por donación. Desde el año pasado, el dinero no les alcanza para comprar bombonas de gas, ni para proteínas: el menú usual es legumbres con arroz.

En el cerro de piedra donde vive Bernal, ella y los vecinos compran el agua a camiones cisterna pues no hay tendido de red de agua ni desagüe. “20 soles (5,5 dólares) duran para 20 días como máximo. Usamos el agua del lavado de ropa para el sanitario”, describe, y muestra su tanque de plástico frente a la casa prefabricada de listones de madera.

La jefa del hogar tiene un trabajo eventual: seleccionar y preparar retazos de tela para el armado y cosido de trapos industriales. Por cada kilo de retazos que deja listos para la costura, le pagan un sol (25 centavos de dólar).

Con ese único ingreso compra agua, recarga su móvil (sin internet), paga la luz, el transporte de mototaxi cuando tiene que bajar del cerro hacia la carretera y compra alimentos que alivien el hambre: manzanas, por ejemplo, o maíz inflado azucarado (palomitas de maíz gigante). Su hijo menor tiene problemas respiratorios, así que el gasto en medicinas y en transporte a un centro de salud para que lo nebulicen es otra preocupación.

El desayuno lo resuelven con un programa social llamado Vaso de Leche, que existe hace 38 años en Perú, por el cual las familias más necesitadas con hijos menores de 6 años reciben ese alimento o avena distribuido por las municipalidades a través de comités locales.

“En este caso dividimos las dos raciones entre los tres. ¿Pan? No hay, menos ahora que ha subido de precio”, responde Bernal, quien llegó desde Cajamarca a vivir a Carabayllo hace seis años con el padre de sus hijos. El hombre se fue a la selva hace tres años y no volvió.

La vida en lo alto de un cerro de piedra y tierra muerta —sin acceso a servicios básicos y distante de los centros de salud— encarece cada necesidad. Emiliana Bernal y sus hijos crían cuatro gallinas. “En dos o tres meses ya podrán poner huevos”, comenta.

Mientras el Estado no concrete una política de seguridad alimentaria para el 30% de población que vive en la pobreza en Perú, la situación puede ir a peor debido al incremento del costo de vida. Según un informe de la FAO de diciembre último, entre 2018 y 2020 el 47.8% de los peruanos padeció inseguridad alimentaria moderada o grave:10.6 puntos más que en el período 2014-2017. Es decir, se quedaron sin alimentos o pasaron un día entero sin comer.

MAR CENTENERA. Buenos Aires

En sus 18 años en Argentina, la paraguaya Lilian Gómez nunca vio tanta hambre en su país adoptivo como en 2020, durante los primeros meses de pandemia. “Cada vez venía más gente al comedor, nunca era suficiente. Estirábamos las raciones como podíamos para tener algunas más”, recuerda esta referente de la organización Barrios de Pie. Habla de largas filas de vecinas que se sobreponían al miedo de contagiarse de covid para que sus hijos no se fueran a la cama con el estómago vacío. “Todos teníamos miedo, pero la situación era muy difícil y nunca cerramos”, cuenta desde el interior del comedor Corazón abierto, al fondo de uno de los pasillos de la 21-24, la villa de emergencia más grande de la ciudad de Buenos Aires.

En 2020 la pobreza en Argentina llegó al 42%, la cifra más alta desde la crisis del corralito de dos décadas atrás, y ascendió al 60% en el caso de los niños. La prohibición de salir de casa para evitar la propagación del coronavirus dejó a la mayoría de habitantes de los barrios más pobres sin otros ingresos que las ayudas estatales, porque muchos trabajan en negro en empleos que no se pueden hacer a distancia, como la construcción, tareas de limpieza y cuidados y venta ambulante. “El bolsón de alimentos que daban en las escuelas no alcanzaba para 15 días”, dice Gómez. Y una decena de mujeres que hacen fila con tuppers a la espera de la cena le dan la razón.

Sólo en la villa 21-24, en la que viven alrededor de 45.000 personas, funcionan 45 comedores gratuitos y más de un centenar de merenderos. “Sin los comedores mucha gente en Argentina moriría de hambre”, asegura esta mujer de 44 años, madre de dos hijos adolescentes. Destaca que la amplia red de asistencia estatal de Argentina diferencia a este país del suyo, Paraguay. Criada en una familia rural junto a seis hermanos, Gómez recuerda que durante su infancia a menudo no tenían otra cosa que llevarse a la boca que pan duro. Con suerte, el sueldo de peón rural de su padre alcanzaba a veces para un pequeño plato de pasta “hervida sólo con agua”, sin tampoco aceite ni queso. “De niña yo también pasé hambre”, explica.

Cuando su familia se mudó del campo a Asunción y su padre empezó a trabajar como albañil, “los domingos eran una fiesta si había guiso”, cuenta. A los 26 años, Gómez se mudó de Paraguay a una Argentina que comenzaba a salir de la crisis de 2001-2002. Como muchos otros inmigrantes sin ingresos fue a vivir a una de las villas miseria de la ciudad, a casa de un familiar, hasta que logró independizarse. Hoy compagina el trabajo de empleada doméstica con su labor como referente de Barrios de Pie en el barrio de Barracas, en el sur de la capital argentina.

Además de concurrir a los comedores, las familias pobres con hijos de hasta 14 años pueden solicitar la tarjeta Aliment.ar, en la que el Gobierno cada mes ingresa entre 9.000 y 18.000 pesos (entre 75 y 150 dólares) para adquirir alimentos y otros bienes básicos, como pañales. “Nos levantamos muy temprano para acceder a las ofertas, pero la plata no alcanza porque los supermercados mienten con los precios, nadie controla”, cuenta Marisa, una de las mujeres que aguardan en la fila para llevarse guiso de arroz a casa.

“En Buenos Aires vemos más malnutrición que hambre”, explica Gómez, preocupada por la creciente obesidad infantil, que afecta ya a uno de cada tres menores de edad argentinos. Por fuera de los comedores escolares y barriales, “muchas familias se alimentan a base de mate y reviro”. Se refiere a una comida hecha de harina, agua, aceite y sal. En 2021, Argentina creció un 10,3%, pero la recuperación económica casi no se sintió en los barrios más vulnerables. “La situación está un poco mejor, pero a los comedores vienen casi las mismas familias que antes y la ayuda es menos”, lamenta Gómez. Ha disminuido también la calidad de la comida que reciben y con la que cocinan para intentar que nadie se acueste sin cenar, en lo posible con un plato caliente ahora que se acerca el invierno.

NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR. São Paulo

La palabra fome (hambre) está mucho más presente en los discursos de los políticos brasileños, en las manifestaciones y en el universo tuitero que en los barrios miserables donde es un drama cotidiano de infinidad de las familias, el asunto sobre el que gira buena parte de sus vidas. Es la extendida incertidumbre de no saber qué cenarán o si comerán mañana. La señora Erika Souza, un ama de casa de 39 años, hace malabares para alimentar a sus ocho hijos y a su primera nieta. “Antiguamente comíamos más, pero conseguir trabajo es cada vez más difícil”, dice, refiriéndose a los tiempos previos a la pandemia. Con grandes dosis de esperanza, esta zona de Jardim Peri, la favela de São Paulo donde viven los Souza, fue bautizada como Futuro mejor.

La señora Souza abre el frigorífico de las cuatro paredes de alquiler en las que viven hacinados para mostrar con una sonrisa los cuatro litros de leche que le han entregado este martes en la guardería. “Esto es solo para los pequeños”, avisa. En la nevera no hay ni un solo alimento más. Solo agua para beber porque del grifo rara vez sale. “Aquí no vivimos, aquí sobrevivimos”, repite categórica.

Diecinueve millones de brasileños pasan hambre en su día a día, lo que los especialistas denominan inseguridad alimentaria grave. Son el doble que antes de la pandemia y representan el 9% de la población, lo que significa retroceder al nivel de 2004, según la más reciente encuesta nacional realizada por la red de académicos Pensann. El coronavirus aceleró de manera dramática un incremento del hambre que comenzó en 2014 con la eliminación de políticas públicas que durante la década anterior habían sacado a millones de brasileños de la pobreza.

En casa de los Souza no hay postre. Los días entre semana tampoco se desayuna. Por eso, el regreso a las clases presenciales supuso un enorme alivio para la ajustada economía familiar. Allí los críos toman el almuerzo o la merienda. Y luego, en casa, la Souza despliega sus trucos. “Como si cocino todo el paquete de feijão (frijoles) se lo comen porque son niños y no tienen control, pues cocino solo la mitad o un tercio, y reparto”. Arroz y frijoles es la base de su dieta, como la de los brasileños en general. Su problema es conseguir con qué acompañarlo. Cada vez es más difícil porque las donaciones escasean. Este martes acaba de recibir, junto a otras 90 familias, una cesta básica donada por una multinacional que llega hasta Futuro Melhor gracias a la activista social Sophia Bisilliat. Pero ya han sido advertidos de que esta ayuda probablemente acabará el mes que viene.

Cuando no tiene nada de nada que añadir al arroz y frijoles, echa mano del último recurso: su madre. Le pide un repollo y algún huevo. En millones de hogares del Brasil periférico y rural la carne desapareció del menú hace mucho.

Más de 116 millones de brasileños (es decir, el 55% de los hogares) padece inseguridad alimentaria por la desaparición de algunos programas de ayudas públicas, la altísima inflación y el elevado desempleo. Ese panorama ha colocado esta cuestión en el centro de la precampaña electoral. Pese al lema de que Brasil alimenta al mundo, el país no logra alimentar adecuadamente a todos sus ciudadanos.

Luiz Inácio Lula da Silva, que ganó sus primeras elecciones con la lucha contra el hambre como bandera, pretende repetir ahora la gesta. Mientras el presidente Jair Bolsonaro confía en Auxilio Brasil, el nombre con el que rebautizó la antigua Bolsa Familia impulsada por Lula y cuya paga ha duplicado. La señora Souza aún no ha decidido a quién votar: tiene otras urgencias.

ROCÍO MONTES. Santiago de Chile

Casi donde acaba el popular municipio de Puente Alto, en el sur de Santiago de Chile, un barrio marginal y humilde intenta sacudirse de los prejuicios y de las necesidades extremas. Es Bajos de Mena, una zona de la ciudad que pocos conocen, sin supermercados, librerías ni zonas verdes para los niños, con familias trabajadoras que deben convivir con problemas de delincuencias y drogadicción. Es un lugar precario que, sin embargo, tiene entre sus riquezas a sus líderes. En la villa Mamiña II, la batuta la lleva Claudia Martínez, una mujer de 50 años que desde octubre de 2019 —la fecha del estallido social en Chile— levanta de lunes a viernes una olla común para darle un plato de comida a sus vecinos. Con la pandemia y luego con la inflación desatada (el Gobierno de Gabriel Boric pronostica que en 2022 llegará al 8,9%), ha sido una de las pocas ollas comunes del país que mantiene su funcionamiento. Llegó a entregar 800 almuerzos con la ayuda del mismo municipio de Puente Alto y la misma caridad de la gente, luego bajó a 280 raciones y hoy nuevamente sube la cantidad de beneficiados, a medida que la situación económica se complejiza por el alza de precios de los alimentos y por el elevado costo de la vida que no cubre un sueldo mínimo (unos 410 dólares).

“Estamos dando a 340 personas, cada día llega nueva gente”, relata la dirigente social, que cuenta con la ayuda voluntaria de otras tres pobladoras para cocinar desde las seis de la mañana. Comenta que atienden a hijos de madres con problemas de adicción, a personas que viven en la calle, a adultos mayores abandonados y pobres, pero cada vez en mayor medida a familias que tienen un ingreso, pero no les alcanza para comer. “Es impresionante la necesidad de las personas y está todo tan caro: el gas, el aceite, la verdura, el arroz, el pan. En Chile hay hambre y se equivocan quienes piensan lo contrario”.

“Me da tristeza ver a personas que incluso tienen un trabajo y cuyos sueldos no les permiten alimentar a su familia. Es gente que alguna vez estuvo bien y que jamás pensó en llegar a esta situación, por lo que se acercan a pedir ayuda con vergüenza”, describe Martínez.

Es lunes 2 de mayo y Rosa Álvarez, de 59, llega hasta la olla común Mamiña II para buscar almuerzo. Tiene una pensión de invalidez de unos 150 dólares, porque no puede trabajar. Vive con dos adultos mayores y, gracias a esta iniciativa social —muy común en los años de pobreza de la década de los ochenta, durante la dictadura de Augusto Pinochet— ha podido sobrevivir. Cuenta que, en otros momentos, llegó a pedir comida en la calle o simplemente bebió agua en los parques para sentir que llenaba su estómago.

De acuerdo con los datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede regional en Santiago, “en Chile, al igual que en el resto de los países de América Latina, lamentablemente hay hambre”, según relata Julio Berdegué, su representante regional. Se refiere al hambre como se entiende en la FAO y en otros organismos internacionales: que la cantidad de alimentos que una persona consume habitualmente no alcanza ni siquiera para proporcionar la energía básica que necesita el organismo humano. Desde ese punto de vista, los datos oficiales hablan de que en Chile un 3,4% de la población vivía en condición de hambre entre 2018 y 2020; es decir, unas 600.000 personas. “Es una gran cantidad considerando que se trata de un país que tiene todas las capacidades económicas e institucionales para que este número fuera cero”.

KARINA SUÁREZ. Oaxaca (México)

Raúl Camarillo Dolores solo cuenta las horas para volver a irse de San Simón Zahuatlán en Oaxaca. “Aquí sufrimos mucho, no hay trabajo y de comer bien no tenemos. De desayuno como una tortilla con sal, salsita si se puede, y si hay dinero vamos por huevito, que es lo típico que hay aquí y así, dos comidas nada más”, relata el joven de 28 años mientras sostiene en brazos a Esmeralda, una de sus hijas. Apenas un puñado de casas y una decena de iglesias enclavadas en la mixteca oaxaqueña delimitan al que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), fue el municipio más pobre de México en 2020. Con menos de 5.000 habitantes, más del 84% de la población se encuentra en una situación de pobreza extrema.

En San Simón Zahuatlán hay 13 barrios, 10 iglesias, un panteón municipal y ninguna panadería ni carnicería. Si acaso, dos veces por semana, un comerciante recorre las estrechas brechas de tierra con un automóvil colmado de cajas y hieleras con piezas de carne, pollo, verduras y pan. Los niños corren por las laderas, a veces jugando fútbol, a veces matando pájaros con sus resorteras. Sus habitantes aseguran que la mayoría de la gente emigra para ganarse la vida. Los que se quedan —sobre todo mujeres y ancianos— siembran maíz y frijol, tejen sombreros de palma y hacen balones de fútbol por menos de un dólar, que luego venden en el mercado de Huajuapan, el municipio aledaño.

La mirada de Raúl se topa cada mañana con el horizonte de montañas, pero sus sueños y los de su familia se encuentran más allá de esos montes, lejos de los campos donde creció, pastoreando las chivas y vacas de sus abuelos; lejos de algunos recuerdos que preferiría olvidar, como el hambre que hizo que que él y otros compañeros se desmayaran en el salón de clases; lejos de la carencia por la que abandonó sus estudios en tercer año de primaria y comenzó a trabajar a los 11 cargando bultos de cal y cemento.

El terreno donde ahora juegan sus cuatro hijos también da cuenta de su pasado. Al fondo, en una casita de lámina de menos de dos metros cuadrados, donde ahora guardan la madera, vivía él con sus abuelos paternos. Sus padres, recuerda Raúl, se ausentaban por meses porque salían a trabajar a la capital de Oaxaca. “Mi abuelo sufrió mucho estando aquí, no tenía dinero para darme. Mi papá siempre salía, mi mamá se fue con mi papá y mis hermanos se quisieron ir con ellos. Nada más me quedé yo con mis abuelitos”, cuenta.

Los coyotes del monte y la sequía acabaron con los chivos y las vacas de la familia. Cansado de ser cargador en San Simón, a los 23 años Raúl decidió emigrar a la ciudad de Tampico, en el Estado de Tamaulipas. Ahí, el joven mixteco que apenas chapurreaba el español conoció por primera vez el mar. A 670 kilómetros de su hogar trabajó como comerciante y después como repartidor de una bodega.

Un año más tarde decidió regresar a su Estado natal y probar suerte en la capital para estar más cerca de sus abuelos. “En Oaxaca si no tienes estudios te vas de lavatrastes, de mesero, y el sueldo es muy poco. La experiencia la tengo, pero los estudios no. Me iba a Oaxaca un mes o 20 días, ganaba 3.000, 4.000 pesos (unos 200 dólares) y me regresaba aquí a San Simón”, detalla Raúl.

Por un momento, su laconismo se rompe con una sonrisa pícara al hablar de cómo conoció a su esposa, Esperanza Eleuterio, hace una década. Pero su gesto dulce es breve: su rostro vuelve a apagarse al recordar las dificultades diarias, desde el hambre y los alumbramientos de su mujer en las manos de parteras ante la falta de médicos, hasta el temor de que sus hijos enfermen gravemente por la picadura de un alacrán en un entorno en donde no existe suficiente antídoto y el hospital más cercano se encuentra a una hora y media de camino en coche.

“Esa vida fea que yo viví, no se la quiero dar a mis hijos. Me voy a regresar a la bodega, ahí no sufro mucho y mis hijos pueden estudiar mejor que aquí y hay más posibilidad de que vayan subiendo, porque aquí no vamos a avanzar”, dice. Para la familia Camarillo Eleuterio la única ruta posible para dejar atrás la estela de carencia alimentaria —que, según el Coneval, afectó a más de 28,6 millones de personas en México al cierre de 2020—, es alejarse de la mixteca oaxaqueña.

CRÉDITOS

Edición y coordinación: Eliezer Budasoff, Lorena Arroyo y Guiomar del Ser

Diseño: Ana Fernández

Maquetación: Alejandro Gallardo

Foto y vídeo: Estados Unidos: Raquel Natalicchio; México: Héctor Guerrero; Guatemala: Nayeli Cruz; Colombia: Gladys Serrano e Iván Valencia; Venezuela: Gaby Oráa y Andrea Hernández; Perú: Leslie Searles; Brasil: Victor Moriyama; Chile: Sofía Yanjarí; Argentina: Pablo E Piovano

Edición visual: Héctor Guerrero 

Edición de vídeo: Adriana Kong 

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