Gobiernos de todo el mundo han ordenado rastreos internos por la amenaza de Pegasus
La revelación, en julio de 2021, de que el sistema israelí de espionaje informático Pegasus había sido usado en una doble dirección —por algunos gobiernos y contra algunos gobiernos— desató un clima de sospecha e incertidumbre que se ha arrastrado hasta hoy, y que ha dejado en la ciudadanía la sospecha de que la verdad solo ha sido contada a medias. El Gobierno español ha anunciado este lunes que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron hackeados por el programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias oficiales. Pero el escándalo ha afectado a muchos otros países.
En el Reino Unido, los servicios de seguridad procedieron de inmediato a rastrear el móvil del primer ministro, Boris Johnson, de varios de sus ministros y de altos cargos del Ministerio de Exteriores. “No comentamos asuntos relativos a la seguridad nacional”, se limitó a explicar entonces un portavoz de Downing Street. Las informaciones conocidas hasta ahora proceden de las investigaciones realizadas por el llamado Proyecto Pegasus, impulsado por la organización Amnistía Internacional y un grupo de medios de comunicación —entre los que se encuentra EL PAÍS—, bajo el paraguas del consorcio de investigación Forbidden Stories. Todo fue verificado y difundido por el grupo de estudio del control de información y vigilancia de las redes Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto.
Los servicios de seguridad británicos no hallaron pruebas concluyentes de que el teléfono del primer ministro ni los de otros miembros importantes del Gobierno hubieran sufrido robos importantes de datos, y no pudieron señalar ningún dispositivo concreto infectado. Sí dieron al menos con cinco aparatos interceptados en el departamento de Exteriores, según informó la revista New Yorker.
El Gobierno francés también fue víctima, en 2019, de un espionaje masivo de sus teléfonos móviles, incluido uno de los del presidente, Emmanuel Macron, según reveló el diario Le Monde. El periódico participó en la investigación del Proyecto Pegasus. Tanto el móvil del presidente de la República como los de varios de sus ministros, según los datos revelados, habían sido interceptados. El cliente que había usado las herramientas de espionaje de la empresa NSO, la desarrolladora del spyware, contra personas francesas relevantes, había sido un servicio de seguridad de Marruecos, que el periódico no identificó. Las potenciales víctimas de Pegasus fueron decenas de periodistas, activistas de derechos humanos y políticos.
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Ni en el caso británico ni en el francés hubo dimisiones, de los responsables de su servicio de seguridad, por lo que parecían más que evidentes fallos de control y prevención.
Un caso particular fue precisamente el del país de origen del servicio de seguridad que espió a Macron, Marruecos, según la investigación de Le Monde y Forbidden Stories. En la lista de teléfonos infectados que elaboró el consorcio de investigación figuraban no solo los números de periodistas, activistas y altas personalidades marroquíes críticas con el régimen, como el príncipe Moulay Hicham, primo hermano del rey —conocido como el príncipe rojo—, sino incluso el móvil del propio soberano, Mohamed VI. La reacción de Rabat fue negar haber adquirido el programa espía y anunciar la apertura de una investigación por parte de su Fiscalía, no sobre si ese software había sido utilizado por uno de sus servicios de seguridad, sino sobre “la publicación” de unas acusaciones que definió de entrada como “falsas”. El Gobierno marroquí intentó después llevar a los tribunales franceses a Forbidden Stories y los medios de comunicación que divulgaron la noticia. La Justicia gala ni siquiera admitió a trámite las demandas.
Doble uso de Pegasus
La empresa israelí NSO ha defendido desde el principio que sus únicos clientes son los gobiernos de los distintos países, y que la finalidad del spyware es poder combatir las amenazas terroristas o del crimen organizado. En septiembre del año pasado, el Gobierno alemán admitió, en una sesión a puerta cerrada de una comisión parlamentaria, que la policía federal (BKA, en sus siglas en alemán) había utilizado el sistema Pegasus. Reveló la noticia la agencia AFP, que citaba fuentes parlamentarias, y confirmaba de este modo informaciones previas de ese mismo día de medios vinculados al consorcio Forbidden Stories, como el canal NDR o el Die Zeit. La BKA utilizó el programa de espionaje en “un número limitado de casos”, según esas mismas fuentes parlamentarias, y solicitó de NSO que inutilizara algunas de las funciones de la versión adquirida, para limitar su alcance. Las estrictas leyes de privacidad alemanas limitan el tipo de datos que se pueden obtener sin autorización judicial. La exigencia de explicaciones al Gobierno de la entonces canciller, Angela Merkel, por parte de miembros de la oposición y de organizaciones como Amnistía Internacional, no tuvo ninguna consecuencia en forma de dimisiones.
Merkel pidió públicamente restricciones a la venta de estos programas de software espía. “Es importante que no terminen en las manos equivocadas”, dijo. “No deberían venderse a países donde quizá no esté garantizado que la justicia vigile las operaciones”, insistió la canciller.
La Oficina Central Anticorrupción del Gobierno de Polonia compró el sistema Pegasus en 2017, con fondos procedentes del Ministerio de Justicia, según pudo saber recientemente el Senado de ese país a través de los documentos conocidos en una comisión de investigación. Al menos hubo dos casos de personas vinculadas con el senador de la oposición Krzysztof Brejza, líder del partido liberal Plataforma Cívica. Tanto su asistente personal como el padre del senador recibieron en sus teléfonos móviles mensajes identificados con el modo de intrusión que despliega Pegasus. El Senado polaco mantiene abierta la comisión de investigación que comenzó a investigar este asunto en enero de este año.
El Gobierno húngaro de Viktor Orbán se ha negado hasta la fecha a admitir oficialmente que adquirió los servicios de NSO y que compró el sistema de espionaje informático. Sin embargo, uno de los parlamentarios del partido en el poder, Fidesz, admitió recientemente a la prensa que la compra se había realizado. Lajosw Kosa preside la Comisión de Defensa del Parlamento húngaro, cuyas actas deben mantenerse en secreto hasta 2050 por exigencia legal. El ministro del Interior, Sandor Pinter, admitió a ese mismo órgano parlamentario que los servicios de seguridad del país solo habían usado Pegasus con autorización judicial, aunque los datos revelados por los medios participantes en el consorcio Forbidden Stories —el diario Gazeta Wyborcza, fundamentalmente— indicaron que decenas de miembros de la oposición, junto a periodistas, habían sufrido rastreos e interceptaciones.
Las investigaciones llevadas a cabo por los propios medios de Israel, el país que desarrolló Pegasus, han señalado que las fuerzas de seguridad utilizaron también el sistema para espiar a políticos de la oposición, durante el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Alcaldes, ex empleados públicos o activistas de diversas organizaciones fueron vigilados con el spyware, según el diario económico Calcalist.
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