Crónica brevísima de la corrupción y la impunidad

En el país, de los millares de actos de corrupción que se cometen en la administración pública, solo un porcentaje ínfimo es denunciado, casi siempre en programas de investigación periodística. De éstos, solo un reducido número es investigado por el ministerio público, y aun menos son los que llegan a las jurisdicciones de instrucción y de juicio. En su trayecto procesal muchos de estos casos son archivados, declarados nulos, los acusados descargados o caen en un limbo jurídico y finalmente perimen. En los muy contados en que se producen condenas con la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, suele operar el indulto.

Esta es la triste historia de la corrupción y de su gemela desalmada, la impunidad.

Ahora que en el país se proclama un ministerio público independiente, es oportuno reconstruir la crónica de los casos de corrupción que se hicieron de público conocimiento en las últimas décadas. Aquí no se trata de hacer juicios de valor, sino de exponer los casos y su destino procesal y esperar que en verdad haya comenzado una nueva historia frente al robo de los recursos públicos.

Banco Agrícola

Los hechos: En 1997, el Banco Agrícola, siendo su Administrador General Paíno Abreu Collado, presentó tres querellas contra Adriano Sánchez Roa y 30 funcionarios y empleados de la institución, por malversación de más de RD$100 millones mientras fungió como Administrador de 1994 a 1996. Sánchez Roa se mantuvo prófugo hasta el 2003 cuando se entrega a las autoridades.

Acusación: Falsificación, prevaricación, asociación de malhechores, robo, estafa y abuso de confianza.

Resultado: Sánchez Roa sale absuelto mediante Auto de No ha Lugar del 30 de julio de 2003 que no fue apelado ni por el Ministerio Público ni por el Banco Agrícola.

PEME

Los hechos: Estas siglas significan Programa Eventual Mínimo de Empleo. Creado en el 1996 en la presidencia de Leonel Fernández. A través de este programa se disfrazó un mecanismo para pasarle sueldos mensuales a individuos de los barrios que participaban en protestas sociales para neutralizarles o comprar su lealtad. Leonel Fernández lo justificó diciendo que “es mejor pagar a tener que matar”. La acusación presentada por el Ministerio Público, el 11 de septiembre de 2000, especifica que en el manejo del programa se han “burlado, pervertido y transgredido los procedimientos contables legalmente establecidos para el manejo de fondos del Estado”. Se identificó que el PEME contaba con “centros clandestinos de operaciones”. Se establece que para cambiar los cheques se valieron de 29,423 registros de cédulas falsas; 59,935 cédulas válidas, pero con nombres distintos. Además, parte de los recursos del programa se utilizaron para financiar las campañas de 1998 y de 2000 del PLD.

Imputados: Luis Inchausti, Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe NG Cortiñas y otros funcionarios.

Monto Involucrado: RD$1,427 millones.

Violaciones: Asociación de malhechores, falsedad en escritura pública, usurpación de funciones, coalición de funcionarios, prevaricación, robo y violación de los artículos 102 y 115 de la Constitución.

Resultado: En el 2005, Leonel Fernández, siendo presidente de la República, dispuso el retiro de la acusación y quedó el caso cerrado.

Aeropuerto Internacional La Isabela

Los hechos: La obra se inicia en el 1999 siendo Secretario de Obras Públicas Diandino Peña y concluye en el 2004, siendo titular Miguel Vargas Maldonado. Una auditoría de la Cámara de Cuentas de 2004 reveló la comisión de actos de corrupción. De acuerdo al oficio de la Cámara de Cuentas, del 14.10.2004, apoderando la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, solicita adoptar medidas legales contra los que resulten responsables del perjuicio patrimonial sufrido por el Estado Dominicano ascendente a las sumas de RD$137,289,627.50 y US$61,838.84. Se establece que en la construcción figuran deudas inventadas y servicios no contratados para desviar fondos; pago a sobreprecio de obras y de los terrenos. Además, el diseño y construcción de la vía de acceso a la terminal, con extensión de 5.1 km. presupuestada en RD$212,858,665.96 y terminó valorada en RD$478,858,628.30, lo que equivale a RD$95.7 millones por kilómetro, es decir que la mitad de lo invertido en la obra fue tan solo en la vía de acceso. Los trabajos de construcción se incrementaron en relación a lo originalmente presupuestado en más de un 229%.

Resultado: La Procuraduría Fiscal del DN, presidida por Alejandro Moscoso Segarra, “no encontró indicios de irregularidad alguna.”

Turbinas

Los hechos: Miembros y ex miembros de la Fuerza Aérea Dominicana fueron acusados de sustraer y vender de forma fraudulenta, entre 2002 a 2004, a la Fuerza Aérea de Colombia y a un museo en los Estados Unidos, cuatro turbinas de aeronaves militares A37D, incautadas al narcotráfico.

Monto envuelto: US$245,000.00.

Imputados: General Retirado Virgilio Sierra Pérez; coronel retirado Eldito Méndez Casanova; Luis Benito Peralta Vásquez y Héctor Rafael González.

Resultado: En el año 2008 los imputados fueron descargados por el 2do. Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo, decisión ratificada por la SCJ.

(Continuará)