Estudio: hay poco conocimiento sobre el delito de la trata de personas en RD
El desconocimiento que tiene la población y las autoridades sobre las modalidades de la trata de personas en el país causa que este delito pase desapercibido, según reveló ayer un estudio elaborado por Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
En medio de la pandemia del COVID-19 hubo factores que aumentaron la vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas, sobre todo en mujeres y niñas, de acuerdo con la investigación realizada en 11 municipios del país donde está presente este delito.
“Estas coincidencias demuestran que la trata de personas cuenta con un soporte de entramado social que fluye entre municipios, entre provincias y trasciende los territorios”, se afirmó en el estudio cualitativo realizado por Eddy Tejeda, Tahira Vargas e Ivrance Martine.
Los municipios estudiados fueron Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.
“La República Dominicana es un país de origen destino y tránsito de trata de personas”, afirmó Tahira Vargas, antropóloga social, y aseguró que en las zonas turísticas el delito es peor.
Vargas resaltó que otro de los problemas de la trata de personas en el país es la “normalización” del delito. Esto provoca que haya pocas denuncias y sentencias, y afecta a las estadísticas. “Los registros son muy escasos. Y peor todavía, en esos registros hay muy pocas sentencias”, reveló la investigadora.
“Tú tienes que sensibilizar a la ciudadanía para que se dé cuenta. Mucha gente no la denuncia porque no considera que es trata, no considera que es un delito, no consideran (las víctimas) que están siendo violentados sus derechos”, agregó Vargas.
Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, dijo que el estudio “desnuda” una dura realidad: “De un problema que está íntimamente ligado a la pobreza, la mercantilización del ser humano, a la discriminación, desigualdad, marginación, la violencia y la corrupción”.
Blanco abogó por un marco regulatorio preventivo y sancionador, y afirmó que la actual ley sobre trata “es deficiente”.
Débil judialización
El estudio criticó la débil judicialización de los casos de trata en la República Dominicana que afecta la prevención y la detección porque «acrecienta el miedo a la denuncia y la desconfianza en la persecución del delito».
«La trata se convierte en un delito con una alta impunidad y además permeada por la corrupción y complicidad de autoridades responsables de su persecución con los tratantes», se afirmó en el estudio.
El perfil de las principales víctimas de trata de personas en el país es adolescentes, jóvenes, de zonas rurales, de barrios marginados y pobres, y con bajo nivel educativo.
Las recomendaciones para el Estado son la capacitación a los responsables de combatir el delito, más recursos para el abordaje, incremento de investigaciones y datos estadísticos fiables, campañas educativas, involucrar a los ayuntamientos, entre otras.
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