La detención de alcaldes en Turquía abre una nueva batalla entre los ayuntamientos opositores y el Gobierno de Erdogan
El Ayuntamiento de Besiktas, uno de los distritos más céntricos de Estambul y el más rico de la urbe, amaneció este lunes rodeado por la policía, que instaba a sus empleados a identificarse para poder acceder a su puesto de trabajo. Unas horas antes, de madrugada, agentes de policía se habían llevado detenido a su alcalde, Riza Akpolat, del partido centroizquierdista CHP, al que la Fiscalía acusa de estar implicado en un caso de corrupción. El viernes, los alcaldes de Akdeniz (uno de los distritos de la ciudad sureña de Mersin), del partido prokurdo DEM, también fueron arrestados por orden de la Fiscalía bajo la acusación de terrorismo. Este lunes, además, el Ministerio de Interior encargó al prefecto que interviniese el Ayuntamiento, que lleva días bloqueado y tomado por la policía. La oposición acusa al Ejecutivo del presidente Recep Tayyip Erdogan de retorcer la ley y recurrir a estas medidas de excepción para doblegar el poder local de los partidos opositores, en venganza por haber perdido los comicios municipales del año pasado.
En el caso de Besiktas, la Fiscalía de Estambul ha ordenado la detención de 47 personas, a las que acusa de haber formado una “organización criminal” que mediante “sobornos” a alcaldes y altos cargos se aseguraba un trato de favor para sus empresas en las licitaciones municipales. No es la primera vez que un alcalde de este distrito es investigado por corrupción —ya ocurrió en 2018—, y los dirigentes del CHP no han entrado demasiado a discutir las acusaciones, sino la forma en que Akpolat ha sido detenido —en una efectista redada de madrugada que recuerda a operaciones antiterroristas—, dejando claro que, si hubiera sido llamado a declarar, lo habría hecho sin dilaciones. “El objetivo es generar la percepción de que es culpable”, denunció el líder del CHP, Özgür Özel, en rueda de prensa, comparando el caso con el del exalcalde de un partido aliado de Erdogan que recientemente fue puesto en libertad condicional en espera del proceso en apelación. Ello a pesar de haber sido condenado en primera instancia a 21 años de cárcel por su responsabilidad en el derrumbamiento de un edificio donde murieron 105 personas durante el terremoto de 2023.
En el caso de Akdeniz, fueron detenidos los dos coalcaldes, Hosyar Sariyildiz y Nuriye Aslan, junto a otros cuatro concejales del DEM bajo las acusaciones de “propaganda” y “pertenencia a organización terrorista” así como violación de las leyes de “prevención de financiación del terrorismo” y de “manifestaciones”. “El Gobierno del AKP [el partido islamista que dirige Erdogan] no abandona su actitud golpista contra la voluntad popular”, denunció el DEM en un comunicado. Los candidatos de este partido izquierdista prokurdo obtuvieron en Akdeniz un 37 % de los votos frente al 30 % del AKP. En Besiktas, bastión del CHP desde 2004, el alcalde detenido había recibido el 64 % de los votos.
Las elecciones municipales del año pasado alteraron significativamente el panorama municipal de Turquía. Fueron los primeros comicios que perdió el AKP desde su fundación en 2001 y la primera vez que el CHP vencía unas elecciones desde 1977. El partido centroizquierdista no solo se hizo con las cinco ciudades más pobladas del país, sino que arrebató al AKP antiguos feudos en el interior y el este de Anatolia.
Desde entonces, la Fiscalía ha abierto investigaciones contra los Ayuntamientos Metropolitanos de Estambul y Ankara —dirigidos ambos por alcaldes del CHP a los que se considera posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2028— para evaluar si su gasto en eventos, festivales y conciertos ha sido “excesivo” y ha causado “daño al erario público” (ambas instituciones respondieron publicando datos según los cuales sus antecesores del AKP gastaron mucho más dinero en la organización de actos públicos). Otra investigación ha sido iniciada por las deudas de los ayuntamientos del CHP a la Seguridad Social.
Igualmente, el Gobierno ha amenazado con cerrar el programa de guarderías del Ayuntamiento de Estambul alegando que una institución municipal no tiene competencias en Educación. Este es uno de los proyectos estrella del popular alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, que cuenta con 650 escuelas infantiles públicas a un precio diez veces inferior al de las privadas y ha ayudado a la conciliación de miles de familias trabajadoras (sobre todo a las mujeres, sobre quien suele recaer la crianza de los hijos en Turquía).
Además, el Gobierno ha intervenido nueve ayuntamientos (7 del DEM y 2 del CHP), que suman unos dos millones de votantes. De estos municipios, tres alcaldes han sido enviados a prisión y otro permanece en arresto domiciliario, todos ellos por acusaciones de terrorismo (tres son del DEM y uno del CHP). Desde 2016, el Ejecutivo turco ha intervenido más de 150 ayuntamientos —la inmensa mayoría de ellos dirigidos por formaciones kurdas— pese a las críticas de partidos de oposición y juristas porque este tipo de acciones violan la soberanía popular y la propia legislación local turca.
En la rueda de prensa de este lunes junto al líder del CHP, Imamoglu atribuyó las recientes detenciones al “enfado” del AKP por su derrota electoral y por la puesta en marcha de “un modelo municipal alternativo”. También cargó duramente contra Erdogan, al que acusó de manipular la judicatura para atacar a sus adversarios políticos (él mismo se enfrenta a varios juicios por los que podría ir a la cárcel o ser inhabilitado). “En la Turquía que diriges no queda rastro de ley ni de orden”, denunció: “Pero da igual lo que haga, nosotros seguiremos del lado de los ciudadanos, dándoles buenos servicios y, en las primeras elecciones que haya, le desbancarán de su cargo”.
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