La democracia no representativa
¿Quién designaría un gerente para su negocio y vendría 4 años después a ver cómo le ha ido? ¿Acaso el ojo del amo no engorda el caballo?
En el sistema de democracia representativa los ciudadanos hemos descuidado el seguimiento de nuestros asuntos, dejándolo en manos de los representantes elegidos. Como la mayoría de las leyes presentan implicaciones económicas, y como el costo de la campaña política es exorbitante, estos curules se han convertido en negocio.
Muchos sienten que más que representar a los ciudadanos las cámaras legislativas se ha convertido en una cuna de privilegios que aleja a los representantes del objetivo de buscar el bien común y fomentan el clientelismo político.
El bicameralismo es una forma de gobernanza política que nace en Inglaterra en el siglo XIV cuando los pequeños terratenientes y profesionales libres burgueses o ´comunes´ se organizaron para elevar sus peticiones y defender sus intereses ante la Corona. En República Dominicana, el Senado acoge un representante por territorio y la Cámara de Diputados aplica un criterio poblacional. Si bien ambas cámaras presumen de representantes dignos y dedicados, en la práctica hay pocos casos donde una cámara obliga al debate o contraría la otra sobre temas de relevancia.
La cantidad de leyes aprobadas, con sus implicaciones económicas, viene aumentando. Entre ellas la designación de provincias como ecoturísticas (Hato Mayor ley 77-02; Duarte, 8-23 y Espaillat, 41-23), la creación de empresas químicas y eléctricas o definido vías de transporte (42-23, 365-22, 003-21), la promoción el desarrollo hipotecario y de fideicomisos (28-23) y la eliminación de aranceles sobre bienes básicos (6-22). Aparte, la ley 361-22 visionariamente incluye el «robo sin violencia y sin armas» como hecho punible. De poco de esto se entera la población.
¿Cuál es el costo económico de este modelo bicameral? El presupuesto del Senado para 2025 es de RD$3,010.8 millones y la Cámara de Diputados es de RD$5,896.4 millones, sin contar las exenciones fiscales.
Adicionalmente, la Junta Central Electoral distribuirá unos RD$1,500 millones anualmente a 26 partidos políticos para que sobrevivan entre elección y elección. En tiempos de social media esto debe reconsiderarse, pues si bien las elecciones se ganan con dinero, para las conquistas políticas basta un mensaje. Por esto, luce positivo la sentencia del Tribunal Constitucional que aprueba las candidaturas independientes a las cuales no les corresponderá ningún tipo de donación. La oposición de los partidos políticos a esta medida evidencia su orientación monopolista.
Visto que la Cámara de Cuentas no puede con tanto, y dado que la supervisión ciudadana de los asuntos públicos es vital para una democracia funcional, más que promover a partidos políticos que además deforman la supuesta representatividad ¿pudiera considerarse un financiamiento mínimo a entidades dedicadas al seguimiento ciudadano de los asuntos públicos como forma de hacer más representativa la democracia?
Aunque genera un riesgo de compromiso, si financiáramos organismos independientes de evaluación tendríamos a cientos de jóvenes evaluando el uso y resultado del gasto municipal, educativo, de salud, transporte y planteando soluciones en vez de tratar de candidatearse para enriquecerse en menos tiempo de lo que requiere estudiar una profesión. Jefferson escribió: «Estoy persuadido que el buen sentido del pueblo será siempre el mejor ejército«.
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