El juez del ‘caso Stormy Daniels’ sentenciará a Trump el día 10 por sus 34 delitos, pero sin enviarle a la cárcel
Donald Trump se convertirá el próximo 20 de enero en el primer delincuente convicto que ocupa la Casa Blanca. Además, lo hará ya conociendo la sentencia por los 34 delitos por los que un jurado le declaró culpable en el caso Stormy Daniels. Por sorpresa, tras aplazar indefinidamente la sentencia, el juez Juan Merchan ha anunciado este viernes que impondrá la pena al presidente electo el próximo viernes 10 de enero. Eso sí, el juez ha anticipado que no enviará a la cárcel a Trump, sino que se inclina por una exención incondicional de la condena.
El juez señala que no encuentra “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “correspondía” hacerlo antes de su juramento el 20 de enero. “Solo con la resolución definitiva de este asunto se servirá a los intereses de la justicia”, argumenta. En todo caso, se tratará de una sentencia no firme. Los abogados de Trump pueden recurrirla. Incluso pueden tratar de evitar aún que se dicte sentencia acudiendo al tribunal de apelaciones.
“Si bien este tribunal, como cuestión de derecho, no debe tomar ninguna decisión sobre la sentencia antes de dar a las partes y al acusado la oportunidad de ser oídos, parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación del tribunal a no imponer ninguna pena de encarcelamiento, una sentencia autorizada por la condena, pero que el Pueblo [la acusación] admite que ya no ve como una recomendación factible”, sostiene el juez en su resolución de 18 páginas.
“Como tal, en el equilibrio de las consideraciones antes mencionadas, junto con las preocupaciones subyacentes de la doctrina de la inmunidad presidencial, una sentencia de exención incondicional parece ser la solución más viable para garantizar la finalidad y permitir que el acusado persiga sus opciones de apelación”, añade.
El juez de distrito de Manhattan rechazó el mes pasado la petición del presidente electo de que se desestimara su condena por el caso Stormy Daniels en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que concede amplia inmunidad a los presidentes en el ejercicio de su cargo. Antes, en noviembre, se había mostrado partidario de congelar el caso mientras Trump fuera presidente y había aplazado indefinidamente la sentencia, pero finalmente lo que hace es anticiparse a que ocupe el cargo.
Trump fue declarado culpable por un jurado popular de 34 delitos de falsificación de cheques, facturas y registros contables. Pretendía con ello ocultar los pagos de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels —para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016—. La falsificación de registros comerciales se castiga con hasta cuatro años de cárcel, aunque las penas por cada uno de los delitos se pueden cumplir de forma simultánea. En casos como el de Trump ―sin contar que ahora es el presidente electo― ya era poco probable que el condenado tuviera que ingresar en prisión. Lo habitual es que un condenado por esos delitos quede en libertad condicional o reciba una multa, pero en este caso no habrá en principio condiciones para su libertad, según ha sugerido el juez.
Merchan hace otra concesión. “Para disipar las preocupaciones del acusado en relación con las exigencias mentales y físicas durante este periodo de transición (…) este tribunal permitirá al acusado ejercer su derecho a comparecer virtualmente en este procedimiento, si así lo desea”, escribe. Trump no tendrá que pasar, por tanto, por la humillación de ir a escuchar su condena.
La estrategia de defensa del expresidente se ha basado en dilatar y retrasar los casos hasta después de las elecciones. Con sus maniobras, Trump ha evitado sentarse en el banquillo en sus otros tres procesos penales, de los cuales se ha librado en la práctica tras ser elegido presidente.
En el caso de Nueva York, el único por el que ha ido a juicio, trató primero de anular la condena en virtud de la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo que concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales. Merchan rechazó esa tesis. Los abogados de Trump también alegaron la práctica del Departamento de Justicia de no perseguir a presidentes en el cargo. Por analogía, sus abogados creían que debía aplicarse también a un presidente electo.
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