El miedo de Starmer a la derecha populista frena un acuerdo de movilidad juvenil entre el Reino Unido y la UE
Cada vez que un Gobierno intenta ocultar sus cartas, corre el riesgo de que la falta de coordinación lleve a alguno de sus miembros a meter la pata. El secretario de Estado británico para Asuntos Europeos, Nick Thomas-Symonds, que comparecía a finales de 2024 ante una comisión de la Cámara de los Lores, sugirió allí por primera vez que Downing Street estaría dispuesto a contemplar un Esquema de Movilidad Juvenil (con permisos limitados para trabajar o estudiar), un objetivo planteado el pasado mayo por la Comisión Europea y deseado por países tan potentes como Alemania.
Hasta entonces, Londres se había resistido a debatir esa posibilidad.
“Debe ser la UE la que defina sus propuestas y las ponga sobre la mesa. Dependerá mucho de a qué se refieren cuando hablan de movilidad juvenil”, admitió Thomas-Symonds con una franqueza que la oficina del primer ministro convirtió de inmediato en imprudencia. “Creo que el ministro ha dejado claro que nunca regresaremos a la libertad de movimiento de personas de la UE”, dijo pocas horas después un portavoz de Keir Starmer. “Y ya hemos señalado claramente que no estamos siquiera considerando un Esquema de Movilidad Juvenil”, afirmó.
Los vaivenes de Starmer han creado incertidumbre en Bruselas. El nuevo primer ministro laborista comenzó su mandato con el compromiso, que no dejaba de repetir en cada encuentro con sus homólogos del continente, de reiniciar unas relaciones con Europa muy deterioradas por los anteriores gobiernos conservadores, empeñados en utilizar el Brexit como permanente arma contra la UE.
Y, sin embargo, a pesar de ser consciente de que la recuperación de un espacio de libertad para jóvenes trabajadores y estudiantes de ambos lados del canal de la Mancha contribuiría a impulsar el tan ansiado crecimiento económico en el Reino Unido, el Gobierno de Starmer salta a la defensiva cada vez que surge el asunto.
“Se muestran claramente recelosos ante todo aquello que pueda sonar a la recuperación de la libertad de movimiento de personas, que sigue siendo una línea roja para muchos de los que votaron a favor del Brexit. Y ahí es donde la precaución está fuera de lugar. Porque un Esquema de Movilidad Juvenil no supone libertad de movimiento. Es un acuerdo recíproco y controlado, que establece límites claros respecto a la edad, la duración y los derechos de aquellos que se acogen al programa”, explica Monika Brusenbauch, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos de la Universidad de Masaryk y profesora visitante de la Universidad de Aston, en Birmingham.
Estrategia política
Una encuesta reciente del Centro Europeo de Relaciones Exteriores dio la sorpresa, al señalar que una mayoría de los británicos que votaron en 2016 a favor del Brexit (54%) estarían dispuestos a aceptar de nuevo la libertad de movimiento de ciudadanos a cambio de un mayor acceso al mercado interior de la UE para el Reino Unido.
Varias encuestas anteriores ya habían dejado claro antes que la movilidad juvenil es uno de los asuntos que más apoyo suscita entre votantes de izquierda y derecha.
La Comisión Europea, que proponía permisos de trabajo o estudio de hasta cuatro años para los menores de 30, confiaba en que el nuevo Gobierno laborista acogiera de buen grado la iniciativa.
Starmer, sin embargo, tuvo que hacer frente nada más comenzar su mandato a una explosiva ola de violencia callejera cargada de xenofobia. Y durante sus primeros meses de mandato se conoció que el dato neto de inmigrantes que entró en el Reino Unido en 2023 fue de más de 900.000, muy por encima de los 700.000 que ya habían agitado al electorado cuando se anunciaron las cifras provisionales.
“Está claro que hay diferentes tipos de migración, y que la movilidad juvenil presenta un aspecto más positivo. Pero sigue habiendo mucha preocupación. Es un asunto muy delicado para muchos diputados, que los votantes de sus circunscripciones electorales les plantean una y otra vez. Es un área en la que el Gobierno de Starmer se siente vulnerable ante posibles ataques de la derecha”, señala a EL PAÍS Ed Turner, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aston y del Aston Centre for Europe.
Y el miedo no procedería, señalan algunos expertos, solo de la derecha británica. “Creo que también hay un motivo ideológico. Hay personas en el Partido Laborista, en posiciones elevadas, que están preocupados porque ganaron las elecciones del pasado 4 de julio gracias a un tipo de votante incorrecto. Llegaron al poder gracias a los ciudadanos de clase media de las grandes ciudades, pero no lograron reconquistar las mentes y corazones de la clase trabajadora que hasta ahora les había apoyado”, indica Catherine Barnard, profesora de Derecho Laboral y de la Unión Europea de la Universidad de Cambridge.
Pero a los miedos de Starmer se unen sus cálculos políticos. El Gobierno laborista, concentrado en manejar las reacciones adversas que ha provocado su primer presupuesto, ha pospuesto hasta el primer trimestre de 2025 el inicio de cualquier negociación con la UE. Su prioridad es reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa. A continuación, introducir mejoras en las condiciones del acuerdo comercial que estableció las reglas post-Brexit.
“Saben que disponen de una baza negociadora. El Reino Unido va a tener ciertas demandas, en este nuevo intento de reiniciar las relaciones con la UE, y es consciente de que [el Esquema de Movilidad Juvenil] es algo que Bruselas quiere a cambio. Estoy convencido de finalmente se llegará a algún acuerdo sobre esta materia, pero creo que habrá más entregas y concesiones. ¿Por qué malgastar una de tus mejores cartas cuando aún no han comenzado las negociaciones?”, se pregunta Turner.
Esa podría ser, ciertamente, la estrategia oculta de Starmer. ¿Pero cuál era la de la Comisión Europea? La UE, concentrada en sus propios problemas, había demostrado hasta ahora poco apetito por reabrir la carpeta del Brexit e iniciar nuevas, y posiblemente tortuosas, conversaciones con el Reino Unido.
“Fue un intento claro de evitar cualquier acuerdo bilateral entre Londres y otra capital europea, porque lo cierto es que el grueso de esta materia es realmente una competencia estatal. Los Estados miembros de la UE pueden cerrar pactos con un tercer país en aspectos migratorios. Y preocupaba a Bruselas que todo este asunto acabara encarrilándose por la vía unilateral”, señala Turner.
Es decir, la Comisión Europea, que ni siquiera tenía aún el permiso del Consejo para comenzar a negociar, quiso ser la que coordinara, de lograrse, el primer ejercicio que, de alguna manera, comenzaría a deshacer las consecuencias del Brexit.
La resistencia de las universidades
Finalmente, junto al recelo que despierta cualquier asunto migratorio en la política británica, hay una cuestión económica de primer orden. Desde hace más de 10 años, las universidades públicas del Reino Unido no podían cobrar más de 9.250 libras (unos 11.160 euros) por la matrícula anual a los estudiantes británicos o con permiso de residencia en el país. A partir del año que viene, el Gobierno de Starmer ha subido ese límite hasta las 9.535 libras (unos 11.500 euros).
El Brexit frenó en seco la llegada de estudiantes de la UE al Reino Unido. A cambio, aumentaron los alumnos procedentes de Asia y África. Las universidades les han cobrado matrículas anuales de entre 23.000 y 30.000 libras (27.700-36.200 euros aprox.), algo que les ha permitido frenar una situación financiera en claro deterioro.
Abrir las puertas de nuevo a los estudiantes de la UE ―al abaratar la matrícula para los comunitarios― tendría su impacto en la inmigración. “Desgraciadamente, para las universidades, [el Esquema de Movilidad Juvenil] es y no es un asunto migratorio. Las estadísticas de estudiantes extranjeros se incorporan a los datos generales de inmigración, porque el criterio para añadirlos es haber residido en el país más de un año, algo que es inevitable para un alumno universitario”, señala la profesora Barnard.
Como tantos otros asuntos derivados del Brexit, las soluciones prácticas, que todo el mundo es capaz de ver, se ven paralizadas por los miedos políticos. Y Starmer no puede evitar la constante visión del fantasma amenazante del populismo ante todo aquello que suponga abrir las puertas del Reino Unido.
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