Un tribunal de Seúl emite una orden de detención contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol por su imposición de la ley marcial
La crisis política en Corea del Sur se agrava tras la aprobación este martes de una orden de arresto temporal contra el presidente Yoon Suk-yeol, quien el pasado 3 de diciembre declaró durante seis horas la ley marcial en el país. El mandatario está suspendido de sus funciones desde día 14, después de que la Asamblea Nacional (el Parlamento) votase a favor de una moción de destitución, y ha sido acusado de insurrección y abuso de poder. Yoon, quien niega dichas acusaciones, se ha negado a comparecer ante las reiteradas peticiones del organismo encargado de la investigación sobre el caso. Este martes, se ha convertido en el primer líder en ejercicio en la historia democrática surcoreana que se enfrenta a la posibilidad de ser detenido.
El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió la mañana de este martes la orden de arresto contra Yoon a petición de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés). Yoon, que está acusado de planear la fallida declaración de la medida extrema, orquestar una insurrección y abusar de su poder, ha ignorado tres citaciones para ser interrogado por la CIO. Tras obtener la orden judicial, esta oficina cuenta con 48 horas para mantenerlo detenido e interrogarlo. En ese periodo, puede solicitar la ampliación del arresto si fuese necesario continuar con las indagaciones. Según los medios locales, la orden obtenida es válida durante una semana y aún no se ha decidido cuándo se ejecutará.
El Servicio de Seguridad Presidencial ha bloqueado repetidamente los intentos de registro por parte de los investigadores, tanto en el complejo de la oficina presidencial como en la residencia oficial de Yoon, alegando motivos de seguridad nacional. Según ha informado la CIO, el tribunal también ha autorizado esta mañana el registro de su vivienda, lo que aumenta la presión sobre el líder conservador.
Yun Gap-geun, uno de los representantes legales de Yoon, ha asegurado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap que las órdenes de arresto y registro son “ilegales e inválidas” porque, técnicamente, la CIO no tiene “ningún derecho para investigar” sobre cargos de insurrección, ya que dependen de la Fiscalía. Los abogados de Yoon han anunciado que pedirán una orden judicial para anular la orden de detención.
Inmunidad presidencial
A pesar de su inmunidad presidencial frente a la mayoría de los procesos penales, este privilegio no se extiende a los cargos de insurrección, un delito que en Corea del Sur acarrea la cadena perpetua o la pena capital (sobre la que existe una moratoria desde 1997) para aquellos declarados culpables de organizar una revuelta de este tipo.
Yoon ha sido despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida, de aquí a junio, si restituye sus competencias o lo depone definitivamente. El fallo podría marcar un precedente decisivo en el país. El político surcoreano, antiguo fiscal general de la nación, ha rechazado los cargos de insurrección que se han presentado en su contra y ha defendido su actuación como un “acto de gobierno” ante lo que considera un abuso del poder legislativo por parte de la oposición, que controla el Parlamento y no ha permitido a su Gobierno (en el poder desde 2022) sacar adelante muchas leyes. Si el Constitucional finalmente aprueba su cese, se deberán convocar nuevas elecciones en el plazo de 60 días.
La noticia de su posible detención llega cuatro días después de que su sustituto en el cargo, el primer ministro Han Duck-soo, también fuese destituido bajo el mismo proceso de moción, acusado de ser “cómplice” de Yoon por negarse a aprobar los nombramientos de los tres sillones vacantes en el Tribunal Constitucional. Fue la primera vez que la nación asiática aprobó iniciar un juicio político contra un presidente interino. Ahora, el máximo tribunal surcoreano también deberá dictaminar si suspende definitivamente a Han de sus funciones.
Al frente del país está desde el viernes Choi Sang-mok, el actual ministro de Finanzas y siguiente miembro del Gabinete en la línea de sucesión presidencial. Ha sido el encargado de gestionar la tragedia del domingo, en la que murieron 179 de las 181 personas a bordo de un vuelo que estalló en llamas tras salirse de la pista y chocar con un terraplén y las estructuras de hormigón que delimitan el perímetro del aeropuerto internacional de Muan (provincia surcoreana de Jeolla del Sur, en el suroeste).
Corea del Sur se encuentra sumida en la incertidumbre desde que, en la noche del 3 de diciembre, Yoon Suk-yeol sorprendió al mundo al decretar la ley marcial. El anuncio reavivó en muchos el recuerdo de un oscuro pasado militar que pesa sobre la que hoy está considerada una de las democracias más sólidas de Asia. El mandatario justificó la decisión acusando a la oposición de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. La medida se topó inmediatamente con el rechazo mayoritario de políticos opositores y de su propio partido. La Asamblea logró poner fin a la ley marcial en las siguientes horas con una votación extraordinaria celebrada de madrugada mientras los militares, que cumplían órdenes del jefe del Estado, trataban de acceder al hemiciclo e interrumpir la sesión. Aquellas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo.
En los días posteriores, los ciudadanos tomaron las calles con numerosas protestas y marchas a las sedes del poder surcoreano, mientras la oposición intentaba forzar la caída de Yoon y el Gobierno trataba de controlar la tormenta. La iniciativa para tumbar al jefe del Estado salió adelante al segundo intento, después de que su partido boicoteara la primera votación. La detención de Yoon, si llega a ejecutarse, podría profundizar la polarización política en un país que enfrenta no solo divisiones internas, sino también crecientes desafíos económicos y geopolíticos en la región.
About Author
