La crisis en Corea del Sur se agrava con la destitución del presidente que reemplazó al líder que declaró la ley marcial
El caos político continúa asediando a Corea del Sur. Tras la destitución hace dos semanas del presidente Yoon Suk-yeol, el hombre que el 3 de diciembre promulgó durante seis horas la ley marcial en el país y desató la mayor crisis institucional de la era democrática, la Asamblea Nacional (el Parlamento) ha votado este viernes una moción contra el mandatario en funciones, el primer ministro Han Duck-soo, que lo había reemplazado en el cargo. La oposición, que controla el hemiciclo, acusa a Han de “cómplice” y de “insurrección” por negarse a aprobar los nombramientos de nuevos jueces para el Tribunal Constitucional, el órgano sobre el que ahora recae la decisión de reinstaurar o deponer definitivamente a Yoon. Es la primera vez que la nación asiática aprueba que se inicie un juicio político contra un líder interino. Le sustituirá Choi Sang-mok, actual ministro de Finanzas y siguiente miembro del Gabinete en la línea de sucesión presidencial.
Han, del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), actuaba desde el pasado 14 de diciembre a la vez como jefe del Estado y del Gobierno. Dado que Corea del Sur no había relevado nunca de su puesto a un presidente en funciones, no existía precedente sobre si esa votación debía aprobarse con dos tercios del Parlamento (necesario en el caso de intentar destituir a un presidente) o si bastaba con una mayoría simple (como ocurre cuando se trata de cesar a un primer ministro). La última palabra la ha tenido el presidente de la Asamblea, Woo Won-shik, del opositor Partido Democrático (PD), quien ha decidido que bastaba con la mitad de los 300 escaños parlamentarios. Su anuncio ha provocado la protesta de los legisladores conservadores, que han rodeado durante varios minutos el estrado desde el que preside Woo y denunciado a gritos que el Parlamento estaba a punto de convertirse en una “tiranía”. Sin la participación de los miembros del PPP, la moción ha salido adelante con los 192 votos de la oposición.
“Respeto la decisión de la Asamblea Nacional y, para no aumentar la confusión y la incertidumbre, suspenderé mis funciones de acuerdo con las leyes pertinentes y esperaré la rápida y sabia decisión del Tribunal Constitucional”, ha expresado Han en un comunicado recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
El PD, que ostenta la mayoría parlamentaria, había amenazado desde el martes con presentar una moción de destitución contra Han si este no ratificaba los nombramientos de los tres magistrados que deben ocupar los sillones vacantes del Tribunal Constitucional. El jueves, Han anunció que no lo haría hasta que el PPP y el PD alcanzasen un acuerdo sobre los tres perfiles, insistiendo en que lo justo era que cada formación presentase un candidato y consensuasen un tercero. El máximo tribunal surcoreano debe concluir antes de junio si Yoon violó o no la Constitución al declarar el estado de excepción y si hace definitivo su cese. De no cubrirse las tres vacantes, los seis letrados que actualmente ocupan asientos en la institución deberán aprobar por unanimidad la destitución para que esta sea firme.
“En tiempos de guerras comerciales globales y emergencias nacionales, la ausencia de una torre de control para los asuntos de Estado causaría graves daños a la credibilidad de nuestro país, a la economía, a la seguridad nacional y a la continuidad de la gobernanza”, alertó Choi, el nuevo presidente interino, antes de que el Parlamento votase a favor de la destitución de Han. Sus advertencias no han servido para revertir el plan de la mayoría opositora. “La única manera de devolver la normalidad al país es erradicando rápidamente todas las fuerzas insurreccionales”, había contraatacado el líder del PD, Lee Jae-myung. El won surcoreano se ha desplomado este viernes hasta su valor más bajo en 16 años frente al dólar estadounidense.
La declaración de la ley marcial por primera vez desde 1980 ha provocado un terremoto en Seúl que está crispando aún más las relaciones entre los dos principales partidos políticos, el liberal PD y el conservador PPP, que se encuentran inmersos en un nuevo e intenso pulso. La oposición está tratando de garantizar el cese definitivo de Yoon lo antes posible para que así se convoquen elecciones presidenciales anticipadas, en las que los sondeos perfilan al PD como claro favorito. El PPP, por su parte, está intentando dilatar el proceso en el tiempo, ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda ratificar pronto una sentencia por violar la ley electoral que pesa sobre el cabecilla de los liberales.
Incertidumbre
Corea del Sur se encuentra sumida en la incertidumbre desde que, en la noche del 3 de diciembre, Yoon Suk-yeol sorprendió al mundo decretando la ley marcial. El anuncio reavivó en muchos el recuerdo de un oscuro pasado militar que pesa sobre la que hoy está considerada una de las democracias más sólidas de Asia. El mandatario justificó la decisión acusando a la oposición de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte. La medida extrema se topó inmediatamente con el rechazo mayoritario de políticos opositores y de su propio partido. La Asamblea logró ponerle fin en las siguientes horas gracias a una votación extraordinaria celebrada de madrugada mientras los militares, que cumplían órdenes del jefe del Estado, trataban de acceder al hemiciclo e interrumpir la sesión.
En los días posteriores, los ciudadanos tomaron las calles con numerosas protestas y peregrinaciones a las sedes del poder surcoreano, mientras la oposición intentaba forzar la caída de Yoon y el Gobierno trataba de controlar la tormenta. La iniciativa para tumbar al jefe del Estado salió adelante al segundo intento, después de que su partido boicoteara la primera votación.
El Constitucional celebró, también este viernes, la primera audiencia preparatoria del juicio político que pesa contra Yoon. El acusado se ha negado hasta ahora a designar un equipo legal para su defensa. El político surcoreano, antiguo fiscal general de su país, ha rechazado los cargos de insurrección que se han presentado en su contra y ha defendido su actuación como un “acto de gobierno” ante lo que considera un abuso del poder legislativo por parte de la oposición. Si el Constitucional finalmente aprueba su cese, se deberán convocar nuevas elecciones en el plazo de 60 días.
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