Joe Biden conmuta la pena de muerte por cadena perpetua a 37 de los 40 condenados por delitos federales
A cuatro semanas de ceder el timón del Gobierno estadounidense, el presidente Joe Biden anunció este lunes la conmutación de las penas capitales de 37 de los 40 presos condenados por delitos federales que esperaban su suerte en el corredor de la muerte. Esos reos reciben en su lugar una condena a cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Biden adopta esta medida, por la que en las últimas semanas ha recibido la presión de organizaciones abolicionistas y de derechos civiles, así como de familiares de víctimas y de diversos líderes y congregaciones religiosas, con el Papa Francisco a la cabeza, en previsión de que Donald Trump cumpla a su llegada al Despacho Oval sus promesas, formuladas en campaña, de ejecutar al mayor número de personas y lo más rápido posible.
“Estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte en el ámbito federal”, dijo el lunes en un comunicado Biden, que hizo campaña en 2020 con esa idea. Después, no pudo cumplir esa promesa durante su presidencia, debido a la oposición del Congreso, pero sí forzó una moratoria en las ejecuciones, dictada por el Departamento de Justicia. “En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva Administración reanude las ejecuciones que yo detuve”, aseguró Biden en referencia a su sucesor en el puesto.
Los Estados tienen la potestad de imponer o no la pena capital por asesinatos cometidos dentro de sus fronteras. De los 50 que forman la Unión, 27 la contemplan actualmente. Algunos delitos, porque trascienden esas fronteras o por su propia naturaleza, se castigan a nivel federal, ámbito en el que también se aplica la pena máxima. Hasta este lunes, había 40 presos en esa situación; todos ellos, encerrados en el corredor de la muerte de una cárcel de Indiana. Se trata de una fracción mínima del total: a fecha de octubre pasado, había 2.180 reos esperando su ejecución en todo el país, de los que 49 son mujeres.
Los 37 cuya pena acaba de conmutar Biden cumplen condena por asesinato, y nueve de ellos por matar a otras personas encarceladas en el sistema federal. “No se equivoquen”, continúa el escrito de Biden. “Condeno a estos asesinos, me solidarizo con las víctimas de sus actos despreciables y me duele la memoria de todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables”.
Fuera de la medida de gracia quedan tres hombres condenados como autores de terribles matanzas que sacudieron el país. Se trata de Robert D. Bowers, de 52 años, que en 2018 asesinó a 11 feligreses en una sinagoga en Pittsburgh; Dylan Roof, de 30, supremacista blanco que acabó con la vida de nueve personas en una iglesia afroamericana en Charleston, Carolina del Sur, y Dzhokhar Trarnaev, de 31, uno de los dos hermanos que planearon y llevaron a cabo en 2013 un atentado en el Maratón de Boston que provocó tres muertos e hirió a una docena de inocentes.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca se relaciona la “histórica medida de clemencia” con “el historial de reforma de la justicia penal de Biden”. “El presidente ha emitido más conmutaciones en este momento de su presidencia que cualquiera de sus predecesores recientes en el mismo momento de sus primeros mandatos”.
Récord de indultos
El comunicado resalta que a principios de diciembre, Biden indultó a “aproximadamente 1.500 estadounidenses”, lo que supuso un récord histórico para un solo día. “También es el primer presidente en emitir indultos categóricos a personas condenadas por el simple uso y posesión de marihuana, y a exmiembros LGBTQI+ del ejército condenados por conducta privada debido a su orientación sexual”, recuerda el comunicado, que, sin embargo, prefiere obviar el indulto más famoso y polémico del presidente saliente: el de su hijo Hunter, al que perdonó en los casos de posesión ilegal de un arma y fraude fiscal mientras esperaba la sentencia tras ser declarado culpable del primer delito y admitir los cargos en el segundo, y pese a las reiteradas promesas de Biden de no utilizar los poderes extraordinarios del cargo en beneficio de sus familiares.
Trump apoya la pena de muerte y aspira a ampliarla para que se pueda aplicar a los traficantes de drogas y de personas y a quienes abusan de menores. En la segunda parte de su primer mandato, el republicano puso fin a un periodo de 17 años en los que el Gobierno de Estados Unidos no mató a ningún preso federal y, entre el 14 de julio de 2020 y el 16 de enero de 2021, ejecutó a 13 internos de la prisión Terre Haute (Indiana).
La Casa Blanca también difundió este lunes un comunicado de Martin Luther King III, famoso activista contra la pena de muerte, en el que se felicitaba porque Biden acabara de hacer “lo que ningún presidente antes que él estaba dispuesto a hacer: tomar medidas significativas y duraderas no solo para reconocer las raíces racistas de la pena de muerte, sino también para remediar su persistente injusticia”. Por su parte, Donnie Oliverio, policía retirado de Ohio cuyo compañero fue asesinado por uno de los hombres cuya sentencia de muerte fue conmutada, aseguró que la ejecución de la persona que mató a su “mejor amigo” no habría servido para traerle la “paz”. “El presidente ha hecho lo correcto”, añadió Oliverio en un texto también hecho público por La Casa Blanca, “y lo que es consistente con la fe [católica] que él y yo compartimos”.
Estados Unidos reintrodujo la pena capital en 1982 con una ejecución llevada a cabo en Texas por el método de la inyección letal. En este tiempo, unas 1.600 personas han sido ajusticiadas en Estados Unidos. Los Estados que contemplan la pena de muerte están ensayando alternativas como la asfixia por nitrógeno o recuperando prácticas como el pelotón de fusilamiento en vista de la dificultad para lograr los medicamentos necesarios, porque las empresas farmacéuticas se han venido negando a venderlos por una cuestión de imagen corporativa y porque la Unión Europea prohibió en 2011 la exportación de esas drogas a Estados Unidos.
Según una encuesta de Gallup del pasado octubre, el apoyo a la pena capital sigue siendo el más bajo en cinco décadas en Estados Unidos, donde pese a todo el 53% está a favor de que exista. Ese reparto proporcional se invierte entre los ciudadanos entre 18 y 43 años, franja en la que más de la mitad se opone a ella. El apoyo público a la pena de muerte alcanzó su punto máximo en 1994, cuando el 80% de los estadounidenses estaban a favor.
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