El Partido Republicano apura las opciones para evitar el cierre del Gobierno horas antes de que concluya el plazo
Los republicanos de la Cámara de Representantes de EE UU intentan este viernes evitar contra reloj el llamado cierre del Gobierno, un mecanismo que priva a la Administración de la capacidad de contar con los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones financieras (por ejemplo, el pago de los salarios públicos). Ese intento de última hora se producía unas horas antes de la fecha límite, después de que la segunda propuesta de financiación presentada por los republicanos descarrilara en la noche del jueves. El portavoz de la Cámara, el republicano Mike Johnson, anunció a primera hora del día que su bancada había cerrado un plan C y se esperaba una votación inminente, del paquete en su totalidad o en partes, si bien fuentes cercanas al liderazgo del partido advertían a primera hora de la tarde, hora local (seis horas más en la Península), que no había consenso sobre el camino a seguir. La sensación de caos y desgobierno legislativo y partidista aumentaba a medida que pasaban las horas mientras el presidente electo, Donald Trump, redoblaba sus exigencias.
La inmensa mayoría de los demócratas y 38 republicanos rechazaron el jueves un proyecto de ley que combinaba una prórroga de tres meses de la financiación del Gobierno, 110.000 millones de dólares en ayudas para desastres y agricultura y otras medidas con una suspensión de dos años del límite de la deuda —la cantidad que puede pedir prestado el Gobierno, con autorización del Congreso, para afrontar sus obligaciones financieras—, esta última una exigencia de última hora de Trump para financiar algunas de sus promesas electorales. La tercera propuesta o plan C excluye cualquier aumento del límite de la deuda para convencer a la línea dura de los republicanos, para la que cualquier modificación de la capacidad de endeudamiento —que equivaldría a mayor gasto público— es un anatema. También es una línea roja para los demócratas, de ahí la confluencia en el voto de la bancada azul y las casi cuatro docenas de republicanos el jueves.
El llamado plan C permitiría votar tres medidas distintas: financiar el Gobierno, destinar ayuda para catástrofes naturales y asignar asistencia agrícola. Pero dejaría fuera de la ecuación, o del endiablado sudoku, la principal exigencia de Trump, el aumento del techo de la deuda. El presidente electo redobló este viernes su insistencia en que se incluya esa provisión en cualquier acuerdo, y si no, “que el cierre comience ahora”. Su declaración no pudo ser más clara: “Si tiene que haber un cierre, mejor que sea ahora con Biden” aún en la presidencia. Trump tomará posesión el próximo 20 de enero. Por eso, en un intento de ultimísima hora, los líderes del partido en la Cámara consideraban una estrategia que permitiría a los legisladores votar por separado la financiación del Gobierno y el aumento del límite de la deuda. Se esperaba que los representantes republicanos se reunieran por la tarde para discutir esta última propuesta.
Los republicanos del Senado se han mostrado furiosos por lo que calificaron de “espectáculo de mierda, disfuncional y fiasco” de la Cámara, que ha tumbado dos propuestas para financiar el Gobierno en menos de 48 horas. A instancias de Elon Musk, que llevó la voz cantante mediante una ofensiva en la red social de su propiedad X (antes Twitter), Trump hizo descarrilar el primer proyecto de ley, un acuerdo bipartidista de más de 1.500 páginas, por considerar que hacía concesiones a los demócratas, pero impulsó y apoyó el segundo, igualmente derrotado. El problema ahora no son tanto Musk o Trump, sino la vía de agua de los ultramontanos, alineados en torno al Freedom Caucus.
Si Trump logra endosar a la Administración demócrata la responsabilidad del cierre del Gobierno, los militares no cobrarían su paga en Navidad, como tampoco los millones de estadounidenses que dependen de un cheque de la Seguridad Social, entre otras disfunciones administrativas. Todas las agencias federales se verían afectadas, y de hecho, según la CNN, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca está enviando directrices adicionales a estas instancias sobre los preparativos para el cierre. Cada departamento y agencia tiene sus propios procedimientos para determinar cuántos empleados serán suspendidos de empleo y sueldo y cuáles son los considerados esenciales, así cómo qué actividades se cancelan temporalmente. Alrededor de 875.000 trabajadores federales civiles causarán baja automática, mientras que otros 1,4 millones, considerados esenciales, tendrán que seguir trabajando, la mayoría de ellos sin sueldo, según el Centro de Política Bipartidista, en un análisis de datos de septiembre. Los trabajadores recibirán sus nóminas atrasadas una vez que finalice el impasse.
En su rueda de prensa diaria, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó por qué el presidente Biden no ha hablado públicamente sobre la inminencia de un cierre del Gobierno. “El presidente no tiene que arreglar esto. Son los republicanos los que tienen que arreglar el lío que han causado”, declaró. No obstante, tanto Biden como la vicepresidenta, Kamala Harris, han regresado este viernes a Washington de los lugares donde tenían previsto pasar el fin de semana.