Grecia mantuvo en prisión a nueve inocentes del naufragio de 2023 en el Jónico, pese a saber que Egipto había juzgado a los responsables
El 14 de junio de 2023, un viejo pesquero naufragó en el mar Jónico y el agua se tragó a más de 600 migrantes en uno de los puntos más profundos del Mediterráneo, a 80 kilómetros de las costas de Grecia, cuando trataban de llegar a Italia desde Libia. Los 104 únicos supervivientes fueron trasladados al puerto griego de Kalamata y allí, dos días después, la policía detuvo a nueve de ellos, todos ciudadanos egipcios que entraron en prisión provisional bajo la acusación de ser los organizadores de la travesía mortal. El Gobierno griego solicitó cooperación judicial a Egipto en virtud de un acuerdo bilateral firmado en 1986 entre ambos Estados y, por su parte, el país norteafricano desarticuló la trama criminal que organizó el viaje y juzgó a sus miembros.
Un año y medio después, una investigación de EL PAÍS en colaboración con el medio griego Solomon, el alemán TAZ, la red de periodismo de investigación árabe ARIJ y The New Humanitarian ha descubierto que Grecia desatendió la cooperación judicial con Egipto y mantuvo en la cárcel a estos nueve migrantes durante un año a pesar de que ya se había demostrado la inocencia de todos ellos.
La investigación de las autoridades egipcias no tardó en arrancar. Pocos días después del naufragio, la policía de ese país identificó a 36 sospechosos de formar parte de la red criminal que había fletado el barco. Detuvo a 23, pero el resto huyó a Libia, incluido Abu Sultán, el líder de una de las mayores redes de tráfico de migrantes desde África a Europa. El 8 de julio de 2023, Egipto envió a Grecia una documentación que proporcionaba información detallada sobre la estructura criminal, además de una solicitud de acceso a las declaraciones de los supervivientes del naufragio y de otros testigos. EL PAÍS accedió al expediente interno de la Fiscalía egipcia, así como a las fichas de los ministerios egipcios de Interior y Exteriores relativos al caso. Son más de 700 folios de documentos oficiales.
La documentación egipcia evidencia que los nueve supervivientes encarcelados en Grecia eran simples pasajeros y no formaban parte de la red de contrabandistas. Habían pagado grandes sumas de dinero para realizar la travesía, al igual que otros migrantes. Ante la falta de respuesta griega, Egipto reiteró su solicitud de cooperación a finales de agosto.
Por la misma época, el 30 de agosto de 2023, un alto mando de la policía egipcia especializado en el tráfico de migrantes declaró ante la Fiscalía de su país que los nueve encarcelados en Grecia no formaban parte de la organización criminal que él investigaba. Ninguna de las identidades coincidía con la de alguno de los 36 sospechosos, y añadió que cada uno de ellos había pagado entre 140.000 y 160.000 libras egipcias (entre 2.680 y 3.065 euros), como el resto de pasajeros. El agente declaró que incluso los detenidos en Egipto habían confirmado que los nueve encarcelados en Grecia no formaban parte de la organización.
Este grupo de medios intentó contactar con el Gobierno griego por teléfono y correo electrónico para conocer su versión de los hechos, pero nadie respondió a las preguntas.
Pantalla de humo
Esta investigación ha descubierto también que el Ministerio de Justicia griego remitió las pruebas aportadas por Egipto a la Fiscalía de Kalamata, que en ese momento se consideraba competente para juzgar a los acusados. Sin embargo, Grecia no respondió con celeridad tampoco al segundo requerimiento de El Cairo para compartir sus hallazgos y, cuando finalmente lo hizo, la respuesta fue negativa. La Fiscalía egipcia celebró una reunión interna el 20 de septiembre de 2023 para decidir qué hacer, porque Grecia había respondido que en ese momento no podía compartir su investigación, sin ofrecer una justificación clara al respecto.
A pesar de saber que los verdaderos traficantes se encontraban en Egipto y Libia, la Fiscalía de Kalamata presentó cargos contra los nueve acusados en Grecia. Les atribuía delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y más de 500 homicidios, lo que sumaba miles de años de cárcel para cada uno de ellos.
Tras conocerse las acusaciones, en febrero de 2024, una delegación diplomática egipcia de alto nivel viajó a Grecia para reunirse con ocho de los acusados en la prisión de Nauplia, en el Peloponeso. El informe elaborado por la delegación egipcia contenía alegaciones de que las autoridades griegas utilizaban la acusación contra nueve egipcios para desviar la atención por su propia responsabilidad en el naufragio. Dichas alegaciones son compatibles con las declaraciones de testigos y las investigaciones periodísticas que revelaron que el naufragio se produjo como consecuencia de una maniobra imprudente de los guardacostas griegos al tratar de remolcar el barco, en vez de sacar a los pasajeros en peligro.
Un informe de la Oficina de Derechos Fundamentales de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras, también avaló la tesis de que las autoridades griegas no hicieron todo lo posible para salvar a los cientos de personas que viajaban en el pesquero. Este fue denominado Adriana por la prensa internacional, pero esta investigación también ha descubierto que su último nombre registrado fue Al Mutawakkil, que en árabe significa “de confianza”.
Los nueve acusados del Al Mutawakkil permanecieron en prisión provisional durante un año. En mayo de 2024, el tribunal de Kalamata que los juzgó declaró que no tenía jurisdicción para resolver el caso porque el naufragio se produjo en aguas internacionales. Solo entonces los acusados quedaron en libertad.
La verdadera trama criminal
El 14 de julio de 2023, un mes después del naufragio, la policía egipcia detuvo en una lujosa villa de El Agami, en Alejandría, a Mohammed Solaiman, mano derecha del cabecilla de la trama, Abu Sultán. En la operación, se incautaron de 330.000 libras egipcias (unos 6.300 euros) y otros 1.000 euros en efectivo, así como los contratos de compra de dos apartamentos de lujo fechados el 23 de junio, una semana después del naufragio. Además, se encontró un cuaderno con 146 nombres y la cifra 140.000 junto a cada uno, supuestamente la cantidad correspondiente al pago de cada pasajero.
La documentación a la que ha tenido acceso este periódico detalla la estructura jerárquica y el funcionamiento de la red de Sultán, al que las autoridades europeas investigan desde hace años. Este delincuente es tan conocido entre quienes quieren viajar a Europa y no pueden hacerlo por medios legales, que otros traficantes han llegado a publicitarse con su marca para atraer clientes. Su verdadera identidad corresponde a Mohammed Saad al Geheshi, de 36 años y origen libio.
La red atraía clientes en Facebook y utilizaba la ciudad libia de Tobruk como base de operaciones. Bajo sus órdenes estaban dos lugartenientes, uno de ellos Solaiman. La organización se estructuraba en células, con una estricta separación de la información para proteger la identidad de los líderes y minimizar el riesgo de infiltración. Cada miembro tenía una función específica, desde cobrar pagos hasta asegurar la entrada ilegal de migrantes en Libia.
Los traficantes tenían profesiones legales para camuflar sus operaciones. Eran vendedores de huevos, conductores, abogados y propietarios de una granja de pollos. La organización trabajaba con la empresa Al Farahat, constituida legalmente en Egipto, que en teoría era una agencia de contratación y una agencia de viajes que gestionaba contrataciones de trabajadores egipcios en el extranjero.
La Fiscalía egipcia descubrió que la red utilizaba a pescadores egipcios como intermediarios para comprar barcos de pesca en mal estado con el propósito de destinarlos al transporte de migrantes. La mayoría de operaciones se realizaba en la ciudad egipcia de Rashid, debido a las características específicas de los buques construidos allí. En concreto, el número de camarotes, suficiente como para alojar a cientos de personas. Es el caso del Al Mutawakkil. Aunque no se conoce la fecha exacta del viaje de Egipto a Libia, sí se sabe que fue a finales de mayo de 2023 y que a bordo viajó un pequeño grupo de migrantes procedentes de las ciudades egipcias de Rashid y Metoubes.
El lavado del dinero del viaje mortal
Las autoridades egipcias encontraron pruebas en los teléfonos de los acusados que vinculan directamente a Abu Sultán con actividades de tráfico de personas. Entre otras, una fotografía donde se ve a uno de los contrabandistas identificados por la policía que porta una pistola en el desierto con la frase “saludos de Mohammed Abu Sultán”.
También se encontraron evidencias de que en Tobruk (Libia) decenas de pasajeros del Al Mutawakkil fueron retenidos en un almacén durante semanas, hasta que los traficantes recibieron el pago completo. Abu Sultán tenía propiedades agrícolas en este país y las utilizaba para sus operaciones.
Las granjas eran solo parte del entramado de negocios que empleaba la organización para blanquear sus ingresos ilícitos. También disponían de una joyería, una tienda de comestibles y una casa de cambio. El dinero también se blanqueaba mediante la compra de propiedades. Tras el naufragio, Abu Sultán ordenó la adquisición de dos apartamentos en un complejo turístico de Alejandría, a nombre de un testaferro para evitar sospechas. Son las dos propiedades que las autoridades hallaron en manos de Solaiman.
En Rashid fueron detenidos el propietario de una joyería y su empleado de 17 años, que confesó haber transferido grandes sumas de dinero a desconocidos bajo las órdenes de su jefe. La joyería era utilizada como tapadera para mover el dinero generado por el tráfico de personas. El joven admitió que no era la primera vez que le pedían que enviase dinero a desconocidos ajenos al negocio.
En Metoubes, las autoridades arrestaron a otro miembro de la red: Hasan Al Badawy. Este negó su implicación en el tráfico de migrantes y afirmó que solo recibía dinero ocasionalmente por petición de su cuñado, pescador en Libia, para entregarlo a su hermana. Sin embargo, en un análisis de su teléfono, las autoridades recuperaron pruebas borradas, incluyendo fotos de pasajeros del barco que naufragó, mensajes de audio relacionados con el viaje, contactos de otros traficantes y registros de transferencias realizadas por los migrantes.
El 5 de febrero de 2024, 23 de los 36 acusados comparecieron ante un tribunal. Once fueron condenados en ausencia a cadena perpetua y multados con cinco millones de libras egipcias (unos 94.000 euros cada uno). Entre ellos el cabecilla Abu Sultán, aún en paradero desconocido. Otros 16 fueron condenados a cinco años de prisión y una multa de un millón de libras egipcias (unos 19.000 euros cada uno). Nueve fueron absueltos inicialmente por falta de pruebas, pero tres de ellos fueron condenados en segunda instancia por pertenencia a la organización criminal.
Los nueve supervivientes del naufragio encarcelados en Grecia fueron liberados después de su absolución y actualmente se encuentran en el país a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo.
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