Codue pide se revise Política de Protección de Datos de Poder Judicial
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) expresó su preocupación por la Política de Protección de Datos del Poder Judicial que, dijo, pudiera beneficiar a los jueces, pero impide a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, el cual es un derecho fundamental para todas las personas.
El presidente del Codue, Feliciano Lacen Custodio, sostuvo que el derecho fundamental a la protección de datos personales deriva directamente de la Constitución y atribuye a los ciudadanos un poder de disposición sobre sus datos, de modo que, en base a su consentimiento, puedan disponer de los mismos, artículo 44, constitucional, numeral 2.
Lacen Custodio consideró que, si comprendemos que el acceso a la información pública es una prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información generada por el Estado y su administración pública, estamos estableciendo como premisa que a través de este derecho los ciudadanos pueden ejercer su «ciudadanía«, sustento básico de la democracia.
El Codue favorece la posición de rechazo asumida por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), de que dicho intento de legislar contraviniere el derecho al acceso público a los expedientes judiciales, y fomentaría la opacidad judicial al otorgar a la SCJ un excesivo poder discrecional para ocultar información esencial para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas.
«El acceso a la información cobra una nueva dimensión porque, además de ser un derecho de los ciudadanos, fortalece directamente a los gobiernos democráticos, y se convierte al mismo tiempo en un mecanismo de autocorrección y aprendizaje, en la medida que facilita la interacción de los ciudadanos con el gobierno y la administración pública», añadió Feliciano Lacen.
Dijo, además, «que muchas veces se quieren tomar decisiones sin la colaboración y la sociabilización con los sectores, de manera que la población esté nutrida de lo que está
pasando. Las cosas han cambiado, ya no se gobierna como se gobernaba antes y las instituciones, los políticos y los funcionarios tienen que estar conscientes de eso».
La institución que representa a la población evangélica ve «con suma preocupación que esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos» entro otros delitos.
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