Bruselas recuerda la obligatoriedad de cumplir las normas de asilo ante el plan polaco para suspenderlas
La Comisión Europea ha eludido comentar el anuncio del pasado sábado del primer ministro polaco, Donald Tusk, que planea suspender temporalmente el derecho de asilo. El Ejecutivo comunitario ha evitado el choque con una capital que, tras las elecciones del pasado 15 de octubre, se ha convertido en un aliado clave de la UE frente a la deriva iliberal de Gobierno ultraconservador anterior. Pero sí recuerda a los socios que facilitar las solicitudes para acogerse al derecho de asilo es una obligación de los Estados miembros, que “están obligados a respetar el derecho internacional”, según ha explicado este lunes una portavoz comunitaria.
Bruselas asume que hay “ataques híbridos” lanzados desde Rusia y Bielorrusia contra los países con los que tiene fronteras (Finlandia, Polonia y las tres repúblicas bálticas). Esos ataques consisten, en estos casos en particular, en instrumentalizar a migrantes llegados de “terceros países” y llevarlos a las fronteras con los países de la UE para que crucen a pie y aumentar así la presión migratoria sobre estos Estados. “Por tanto, es importante e imperativo que la Unión proteja las fronteras exteriores y, en particular, de Rusia y Bielorrusia, dos países que han ejercido en los últimos tres años una gran presión sobre esas fronteras, y esto está minando la seguridad de los Estados miembros y de la UE en su conjunto”, apuntan en la Comisión.
Esta necesidad, sin embargo, no supone que los gobiernos tengan carta blanca para suspender los derechos de quienes son instrumentalizados: “Al mismo tiempo, los países tienen obligaciones internacionales y de la UE, incluida la obligación de facilitar el procedimiento de asilo”. “La Comisión ha sido muy clara en muchas ocasiones en lo que respecta a los ataques híbridos lanzados por Rusia y Bielorrusia, y el hecho de que se necesita tener acceso al procedimiento de asilo como una obligación internacional y no es mutuamente excluyente”, ha apuntado la portavoz tratando de conjugar el equilibrio entre ambas ideas.
El precedente de Finlandia
Tusk anunció el sábado pasado que iba a lanzar una estrategia migratoria que incluye medidas duras como la de suspender temporalmente el derecho de asilo en Polonia. Tras las reacciones que provocaron estos planes el mismo sábado, el primer ministro de centroderecha trató de explicar el domingo en redes sociales que su decisión era similar a una adoptada por Finlandia hace unos meses. “Es una respuesta a la guerra híbrida declarada a toda la UE (incluida, sobre todo, Polonia) por los regímenes de Moscú y Minsk, que implica organizar traslados masivos de personas a través de nuestras fronteras. El derecho de asilo se utiliza instrumentalmente en esta guerra y no tiene nada que ver con los derechos humanos”, escribió en X. El primer ministro insistió en que “el control de fronteras y la seguridad territorial de Polonia” es prioritaria para su Gobierno.
Más de 60 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil polacas han firmado un comunicado de rechazo a la medida, que Tusk presentará ante el resto de su Ejecutivo en el Consejo de Ministros de este martes, como parte de una estrategia migratoria plurianual en la que llevan meses trabajando. Los firmantes recuerdan que la decisión, de aprobarse, violaría la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que Polonia ratificó en 1991; la Carta de Derechos Fundamentales de la UE; la política de asilo acordada por los Estados miembros y la Constitución polaca.
Las entidades recuerdan al dirigente que los derechos humanos “no son objeto de debate ni de negociaciones u ofertas políticas”. La situación de seguridad, con una guerra al otro lado de la frontera, no exime al país “de la humanidad y de la observancia de la ley”, argumentan. Y hacen un “llamamiento a la prudencia en las decisiones y en las palabras, porque están siendo observadas y escuchadas no solo por toda Europa, sino por la mayoría de los ciudadanos”.
Los medios polacos apuntan al malestar del socio minoritario de la coalición de Gobierno liberal, Nowa Lewica (nueva izquierda). El colíder del partido y eurodiputado, Robert Biedron, ha manifestado que el primer ministro no consultó la medida con ellos y manifestó su desacuerdo con privar de los derechos humanos a quienes buscan asilo. El vicepresidente del partido, Krzysztof Smiszek, recordó en X que “el Estado de derecho también significa cumplir con el derecho internacional”.
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