Y llegó la reforma fiscal

Es de conocimiento general qué hace años el país requiere de enmiendas tributarias, y quien fuera que ganara las pasadas elecciones tendría que embarcarse en ellas. Se sabía, era como el lobo que anunciaba Pedrito. Ganó Luis Abinader, y llegó la reforma fiscal. Y si bien resulta doloroso, es un acto valiente y muy responsable del presidente.

El gobierno pretende recaudar sobre los ciento veinte mil millones de pesos, y explica que esos recursos se destinarán a los ayuntamientos, a obras de infraestructura, a reforzar la seguridad ciudadana y a incrementar las transferencias sociales. Una manera legítima de motivar su reforma. Aunque para invertir en eso no es necesario subir impuestos. El presidente sólo tiene que mantener o aumentar el ritmo de endeudamiento un par de años, y dejarle el problema al próximo.

Pero los motivos que soportan esta reforma son mucho más sólidos y valederos. Porque si bien la economía dominicana es diversa, resiliente y crece de manera consistente, muestra también un bajo nivel de ingresos fiscales que obliga a financiar buena parte del gasto público.

Y aunque el monto de la deuda con relación al Producto Interno Bruto no es problema, los compromisos de pago como porcentaje de los ingresos sí genera preocupación. Haciendo una especie de símil con un préstamo personal, para el banquero el asunto no es la garantía, es la capacidad de pago del individuo.

Una situación que no puede mantenerse indefinidamente en el tiempo, ya que un incremento constante de este factor podría devaluar la clasificación de la deuda dominicana. Y ante riesgos de incumplimientos o desajuste presupuestarios, serían entonces necesarios incrementos impositivos menos moderados, con los riesgos de inestabilidad política y social que conllevan ajustes severos en momentos de crisis.

Esa realidad la conocen todas las asociaciones empresariales y los agentes económicos, entre quienes existen dos consensos. Uno es que el Estado necesita recaudar más, y el otro que nadie quiere pagar un chile adicional ni perder incentivos, subsidios o privilegios.

Es por eso que ahora salen en tropel a reclamar y hacer proyecciones catastróficas sobre los efectos negativos que se adviene en sus respectivos sectores. Un derecho que las autoridades entienden, pues incluso se muestran abiertas a revisar algunas de las propuestas.

Porque puede que sea necesario reconsiderar algunas cosas, siempre que no desvirtúen el proyecto afectando su impacto recaudatorio, ni conlleven mayores gravámenes a los sectores vulnerables o a una clase media ya bastante golpeada. Si al final todos tendremos que hacer sacrificios, lo justo es que sean proporcionales con los niveles de ingresos, beneficios y activos de cada contribuyente.

Y si bien la oposición debe jugar su rol, cabe esperar que nadie pretenda utilizar un momento delicado para procurar provecho político apostando a la pérdida de la paz social de que disfrutamos los dominicanos.

Los debates y discusiones son parte de la democracia, siempre que se produzcan dentro del marco de las ideas y las propuestas. En este país no caben intentos irresponsables de soliviantar los ánimos de una población, con sobradas razones para disgustarse cuando le convoca a asumir nuevos sacrificios.