La reforma fiscal
¿Es necesaria una reforma fiscal?
La respuesta responsable y contundente es solo una: sí.
Eso nadie puede negarlo, pues la Estrategia Nacional de Desarrollo así lo establece y así lo plantearon los tres candidatos presidenciales en la pasada campaña.
La pregunta es, ¿cuál reforma?
La reforma que necesitamos es una reforma ecléctica, que mejore la eficiencia del Estado para proveer mejores servicios públicos, pero que cree las bases para robustecer al sector privado, hacer progresar a la clase media y generar empleos y divisas.
Una reforma verdaderamente estructural, que formalice la economía, que reduzca el enorme y macrocefálico aparato estatal, que genere superávit, que reduzca la deuda pública y que elimine el déficit cuasifiscal, el cual distorsiona el sistema financiero y encarece el crédito local.
Una reforma que reduzca y simplifique impuestos, que elimine trámites burocráticos y reduzca su costo a la mitad (los cuales tienen un costo superior al 5% del PIB) y que cierre instituciones innecesarias. El gobierno sabe que hay por lo menos 65 instituciones que pueden ser eliminadas o fusionadas, lo cual generaría un esquema eficiente de administración pública.
Una reforma que no detenga los motores del desarrollo, la generación de empleos y de divisas, y que no permita que nuestros competidores (ejemplo: México, Colombia, Jamaica y Puerto Rico) nos ganen la carrera en la atracción de inversiones extranjeras.
La propuesta del gobierno es muy ambiciosa, aunque ciertamente valiente, y requiere cambios importantes, pues algunas de sus medidas deben ser bien discutidas y otras definitivamente eliminadas.
El gobierno no puede aspirar a subir o mantener las tasas, ampliar las bases y eliminar exenciones. El IVA debe bajar por lo menos a 15%.
La propuesta de reforma planteada por el gobierno tiene algo positivo: modifica el régimen tributario de una forma que fomentará el emprendimiento y apoyará el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, eliminando y modificando el régimen del odioso anticipo.
Pero la propuesta de reforma, desde el punto de vista productivo, tiene un gran pecado, y es la ausencia de la palabra clave para el futuro de la RD: las exportaciones. Esta reforma no solo debe servir para fortalecer la capacidad del Estado, sino para marcar la tónica del modelo económico de la próxima década.
Posiblemente, esto es lo que lleva al sector productivo a pensar que tiene un sesgo antiindustrial. Yo creo que la etiqueta es más amplia: esta es una reforma estatista en su naturaleza, y esto no debe ser así. Para variar esto, el Estado debe ofrecer una reducción mayor y más agresiva de su gigantesca estructura.
Por ello, el país merece tener los estudios de impacto de las diferentes propuestas en los diversos sectores y, además, es mandatorio, de conformidad con la Constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo, un proceso de consulta a través del Consejo Económico y Social.
Otro aspecto es que la reforma no debe enfocarse solo desde un punto de vista aritmético o contable, sino desde una perspectiva de desarrollo.
Debemos cuidarnos de destruir sectores e industrias completas por captar ingresos en el corto plazo, pues podríamos matar la gallina de los huevos de oro, sobre todo aquellas que atraen inversión extranjera, tan esencial para mantener el equilibrio de la balanza de pagos en los últimos años.
Cuidar la industria cinematográfica y el turismo es un compromiso nacional. Lo que debemos hacer es penalizar de forma ejemplar las malas prácticas de quienes se aprovechan de manera delictiva del fomento sectorial.
También la reforma debe considerar las decisiones estratégicas que están tomando nuestros competidores para evitar que nos ganen la carrera.
La reforma debe fomentar la modernización y actualización tecnológica del país. En ella debe estar contenida la hoja de ruta para la plena digitalización de la administración tributaria, la bancarización de la economía y la digitalización de la moneda. Es por eso que resulta contraproducente el mantenimiento de las altas tasas a los servicios de acceso a internet y a las telecomunicaciones en general.
Lo que estoy diciendo aquí no es muy distinto de lo prometido por el presidente en sus dos campañas.
La reforma plantea compensaciones importantes para las clases populares, como un aumento de 2,000 pesos al subsidio de alimentos o el incremento de los salarios mínimos, pero el gobierno se olvida de la parte más amplia de la población y la que será más golpeada por los nuevos impuestos: la clase media.
Esta reforma debe incluir compensaciones relevantes para quienes impulsan la economía, ya que verán sus condiciones de vida limitarse de forma importante por el abanico de nuevos impuestos a pagar. El voucher educativo de 200,000 pesos y el internet gratuito para teletrabajo y estudios podrían ser buenas medidas.
La reforma incluye medidas excesivas que podrían ser contraproducentes. Inmiscuirse en los gastos de consumo de cada persona podría parecer una violación grave a la intimidad personal que podría ser inconstitucional.
En los próximos días estaré analizando y opinando sobre las medidas específicas de la propuesta del gobierno.
La reforma que necesitamos es una reforma ecléctica, que mejore la eficiencia del Estado para proveer mejores servicios públicos, pero que cree las bases para robustecer al sector privado, hacer progresar a la clase media y generar empleos y divisas.
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