Caso Intrant: depositan medidas de coerción
El Ministerio Público depositó la noche de este viernes la solicitud de medidas de coerción por operación Camaleón, en la que fueron arrestados el exdirector del Intrant Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y otras cinco personas por su presuntas irregularidades en un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre a la empresa Transcore Latam.
Siendo las 7:47 p.m., la coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, llegó acompañada de otros fiscales al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para depositar el expediente de solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso de los semáforos del Intrant.
Ortiz dijo que pidieron prisión preventiva para Beras y Gómez y declaratoria de caso complejo.
Además de Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), de las empresas Aurix S.A.S. y Transcore Latam; fueron arrestados por este caso Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
En una nota de prensa, el Ministerio Público denominó como Operación Camaleón el operativo mediante el cual se realizaron los allanamientos. Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
«Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto», dice el documento de prensa.
Durante la Operación Camaleón, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron unos 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
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