Abogado de Jochi: caso Intrant no puede calificarse de terrorismo
El empresario José Ángel Gómez Canaán –Jochi Gómez- se encuentra desde hace varias horas en la oficina de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) para ser interrogado nuevamente por su vinculación con el «contrato fraudulento» para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
Al igual que él, aunque separado, su abogado Carlos Balcácer, se trasladó de la sede de la Procuraduría General de la República, en el Centro de los Héroes en el Distrito Nacional, para acompañarlo en el proceso.
Al enterarse de algunos de los señalamientos que hace el Ministerio Público contra su defendido, Balcácer indicó que los hechos atribuidos a Jochi Gómez no pueden calificarse como terrorismo.
«Cada infracción tiene sus elementos que la caracterizan de acuerdo a la ley, eso no está dentro del delito de terrorismo que requiere un concierto de voluntades, de financiamiento, pero no estamos en clases de derecho», expresó.
El togado indicó, además, que apagar un semáforo puede considerarse obstrucción al tránsito pero no terrorismo. Señaló que la falsificación de documentos, una de las imputaciones a Jochi Gómez, es una infracción que no se conoce en una jurisdicción penal.
Balcácer consideró que este caso no debe tratarse con la complejidad que pretende el Ministerio Público.
Ley No. 267-08 sobre Terrorismo establece que se considera terrorismo aquellos actos que se ejecuten empleando medios susceptibles de provocar en forma indiscriminada o atroz, muertes, heridas, lesiones físicas o psicológicas, de un número indeterminado de personas, o graves estragos materiales a infraestructuras estratégicas de la nación o propiedad de particulares, con la finalidad de:
a) Atemorizar a la población en general o determinados sectores de ésta, obligando al gobierno nacional, a otro gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo;
b) Ejercer retaliaciones fundadas por motivos políticos, étnicos, religiosos, o de cualquier otra índole; y
c) Afectar las relaciones del Estado dominicano con otros estados o su imagen exterior.
A diferencia de la defensa de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), también implicado este caso como «coautor de la presunta red de corrupción y crimen organizado» a lo interno de la institución, Balcácer manifestó que con su cliente el organismo de persecución ha llevado el debido proceso concerniente a los interrogatorios.
Este jueves el Ministerio Público dio a conocer como Operación Camaleón el caso de los semáforos del Intrant. Arrestó a siete personas a las que, en las próximas horas, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Durante la operación, desplegada anoche, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado, informó la Procuraduría General.
El organismo dijo que entre los hechos objetos de la investigación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
Señalamiento a Jochi Gómez
De acuerdo a las imputaciones preliminares contenida en la orden de arresto, José Ángel Gómez Canaán (a) Jochi (beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.) es el principal beneficiario económico del esquema corrupto. Expresa que Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia.
En el documento, el Ministerio Público dice además, que utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos. En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. También le atribuyen ser el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el Gran Santo Domingo.
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