El Consejo de Europa reconoce a Julian Assange como preso político
El Consejo de Europa ha reconocido este miércoles a Julian Assange como preso político, en una resolución aprobada por una holgada mayoría en la Asamblea Parlamentaria de la institución con sede en Estrasburgo. En la misma decisión el organismo insta a Estados Unidos a que reforme la Ley de Espionaje por la que procesó al fundador de Wikileaks.
El australiano, de 53 años, recuperó la libertad de la que estuvo privado durante más de una década el pasado junio, tras llegar a un acuerdo judicial con Washington por el que aceptaba una condena de cinco años. Una pena que la justicia estadounidense dio por cumplida con su estancia en una prisión británica de máxima seguridad desde que fue sacado en 2019 de la embajada ecuatoriana de Londres, donde estuvo refugiado otros siete años.
Como recordó el martes Assange en Estrasburgo, en su primera comparecencia pública desde que llegó como “hombre libre” a Australia, el pago fue declararse culpable “de hacer periodismo”, un extremo que, según la resolución ahora validada del Consejo de Europa, ha tenido un “efecto disuasorio” en materia de derechos humanos y libertad de prensa que va mucho más allá del caso del líder de la plataforma de filtraciones.
“La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente graves presentados por EE UU contra Julian Assange bajo la Ley de Espionaje, exponiéndolo a un riesgo de una condena de facto a cadena perpetua, combinada con su condena y sentencia bajo esa ley por lo que, en esencia, era una recopilación y publicación de noticias, cumple los criterios (…) de la definición de preso político y justifica la designación de Assange como preso político”, señala el texto de la resolución aprobada con 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones. El Consejo de Europa es un organismo internacional que no legisla formado por 46 Estados —entre ellos, los 27 miembros de la UE—, que vela por los derechos humanos, la democracia y Estado de derecho.
El fundador de WikiLeaks, que siguió el debate de la resolución desde la tribuna de invitados, celebró la aprobación del texto con su habitual saludo levantando el puño antes de salir del hemiciclo acompañado de sus abogados y de su esposa, Stella Assange.
Posteriormente, se reunió, a puerta cerrada —Assange ha evitado todo contacto con la prensa— con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que acudió a Estrasburgo a presenciar la votación. Su Gobierno (2007-17) le concedió asilo político en 2012 en su embajada en Londres, donde el australiano se encerró después de que un tribunal británico aprobara su extradición a Suecia por un caso de supuesta violación que el australiano siempre negó. Assange ha vinculado ese caso a la persecución judicial de Estados Unidos por publicar cientos de miles de documentos clasificados sobre Irak y Afganistán en 2010, entre ellos un vídeo en el que se ve a soldados estadounidenses disparar desde un helicóptero a dos reporteros de la agencia Reuters en Bagdad. Ese mismo año, WikiLeaks filtró también a varias cabeceras internacionales, entre ellas EL PAÍS, más de 200.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado de EE UU, el denominado Cablegate, que sacudió la diplomacia mundial.
Su reconocimiento por el Consejo de Europa como preso político es “un gran paso, pero tan solo un primer gran paso para ajustar cuentas con la historia”, ha valorado Correa en declaraciones a periodistas. La persecución al fundador de WikiLeaks “le funcionó” a Estados Unidos, ha lamentado: “Es un mensaje que funcionó como efecto disuasorio, para que nadie más se atreva a denunciar crímenes de guerra en EE UU. Eso lo han logrado, pero al menos se empieza a ajustar cuentas con la historia para que nunca más ocurra algo similar”, ha agregado el exmandatario, quien ha revelado que hasta este miércoles no conocía personalmente a Assange y que, aunque fue bajo su mandato que se le concedió el asilo “más que justificado”, nunca, durante los siete años que permaneció en la embajada ecuatoriana, mantuvieron contacto.
La resolución sobre Assange también considera que el “uso incorrecto” de la Ley de Espionaje contra Assange “ha causado un peligroso efecto disuasorio, desanimando a editores, periodistas e informadores de informar sobre conductas inapropiadas de gobiernos, lo que ha minado severamente la libertad de expresión y ha abierto el espacio a más abusos por parte de autoridades estatales”. Por este motivo, Estrasburgo insta a EE UU, país observador, a “reformar urgentemente” la Ley de Espionaje para, entre otros, “excluir” de su implementación a “editores, periodistas e informadores que revelen información clasificada con la intención de alertar e informar de crímenes graves como asesinato, tortura, corrupción o vigilancia ilegal”.
También urge a Washington a “cooperar de buena fe” con la justicia española para “aclarar todos los hechos de la presunta vigilancia ilegal de Assange y sus interlocutores en la embajada ecuatoriana en Londres”. Según reveló una investigación de EL PAÍS, una empresa de seguridad privada española, Undercover Global S. L., contratada para proteger la legación diplomática entre 2012 y 2018, sometió a espionaje al ciberactivista y a la gente que lo visitaba, especialmente sus abogados y colaboradores.
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