Paola Ugaz, periodista peruana a la que le han violado el secreto de las comunicaciones: “El proceso es la condena”

Una gran parte de los últimos seis años de la periodista peruana Paola Ugaz (Lima, 1974) han transcurrido en los tribunales. Ha sido denunciada por un rosario de presuntos delitos, de los cuales casi todos han sido archivados. Las denuncias se remontan a la época en la que trabajó en la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, quien recibió aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para evitar ser revocada de su cargo en 2013. Ugaz está convencida de que es una vendetta por haber destapado los abusos y negocios del Sodalicio de Vida Cristiana, una congregación religiosa ultraconservadora que acaba de ser sancionada por el papa Francisco. Hace poco se enteró, con desconcierto, que hace un año un juez violó su derecho de protección de fuentes al aprobar el levantamiento de sus comunicaciones. “Esta democracia ya no es democracia, porque nadie responde desde el Estado con eficacia frente a esta persecución en contra de los periodistas”, cuestiona la corresponsal del diario ABC y coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados (2015).

Pregunta. Si solo fue funcionaria pública un año en la Municipalidad de Lima, allá por el 2013, ¿por qué el periodo de esta medida de levantarle las comunicaciones abarca hasta el 2020?

Respuesta. Esa respuesta la tiene que dar la jueza Rosario del Pilar Alata Espinoza, del Primer Juzgado de Delito de Corrupción de Funcionarios. Es increíble que sea un periodo tan largo, y que nos hayamos enterado por casualidad. Mi abogado presentó un control de plazo por mi denuncia contra enriquecimiento ilícito en enero porque no hay resultados y la investigación debe cerrarse y nos responden recién a fines de agosto para darnos la razón. La Fiscalía apela y es allí al leer los documentos de la apelación que me entero que una jueza había aprobado levantar mis comunicaciones un año atrás, en agosto de 2023. Todo septiembre he deambulado entre el Poder Judicial y la Fiscalía pidiendo explicaciones y solo me decían que estaba en reserva.

P. ¿Cómo explicaría su caso?

R. Es como explicar una novela de Kafka. Fui jefa de redes sociales durante un año de un área de comunicaciones que tenía cien personas en la Municipalidad de Lima. Y mi cargo ni siquiera era de un rango mediano. Si te das cuenta las denuncias no tienen nada que ver con mis funciones. Lo que hacen es extrapolar ese cargo y a partir de allí inventar una serie de mentiras. Que he dirigido una red de lavado de activos. Que he comercializado uranio y plutonio con la familia Vargas Llosa. Que busco traficar terrenos con el periodista Pedro Salinas. Y sobre esas mentiras publican en los diarios La Razón y Expreso, armando una especie de masa y eso lo envían a la Fiscalía. En base a esas mentiras me han investigado por difamación, lavado de activos, tráfico de influencias y ahora enriquecimiento ilícito, pero todas las denuncias están hechas por el mismo delito.

P. ¿Cuál sería el papel de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público?

R. A fines del 2023 se investiga a la fiscal Benavides y señalan en el operativo Valkiria que hay un abogado del Sodalicio pidiendo que las investigaciones contra Paola Ugaz no sean cerradas. Lo único que quieren es mantenerme empapelada porque el proceso es la condena. Saben que no van a llegar a nada, pero lo hacen. Quiero resaltar que el periodo donde la fiscal pide el levantamiento de mis comunicaciones y se lo entregan es en agosto de 2023, cuando la exfiscal de la Nación Patricia Benavides seguía en el cargo. Para mí ninguna de estas cosas son coincidencia.

P. Se le acusa de haber recibido miles de dólares de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán en 2014, de haber guardado una gran parte durante seis años y recién haberlo repartido en el 2020. Por eso es que le abren las comunicaciones hasta el 2020.

R. Sí. Para hacer esos traslados de dinero que supuestamente son entre 600.000 y 1,3 millones de dólares uno debe de estar físicamente en el país y yo estuve fuera. Mencionan que yo viajé a Panamá con Susana Villarán en noviembre de 2014, pero yo no conozco Panamá. Hice un viaje a Guatemala para un curso sobre derechos humanos y periodismo, invitada por la Deutsche Welle. Pasé por el aeropuerto como todas las personas que van a Centroamérica. La mentira es que viajo con Villarán a Panamá, me da el dinero, luego tomo un bus a El Salvador le doy otra bolsa de dinero al periodista Gustavo Gorriti, y me regreso al Perú. Guardo las otras bolsas de dinero y recién las reparto en el 2020. En el único careo que tuvimos con el director del diario Expreso nos dijo que quien hizo la noticia fue Uri Ben Schmuel.

P. ¿Quién es Uri Ben Schmuel?

R. Un procesado por ser parte de la red de diarios chicha en la época de (Vladimiro) Montesinos. Le dieron la revista Oiga, también trabajó en Expreso y La Razón. Es un experto construyendo noticias falsas. Fue muy importante en los noventa para acompañar la persecución a los opositores y ahora ha sido utilizado para fabricar noticias en contra mía. Desde mayo de 2021 mi abogado pide que declare ante la Fiscalía por ser mi principal acusador, pero desde ese día Uri Ben se hizo humo.

P. En el documento fiscal que recoge la información de Expreso se denuncia que el puesto que tuvo en la Municipalidad de Lima no estaba dentro del organigrama, que se ausentó durante dos meses y medio realizando viajes y que el expediente de su contratación se extravió. ¿Qué tendría que decir al respecto?

R. Que no haya el contrato o no haya esa información en la Municipalidad de Lima no es mi responsabilidad. No tengo idea.

P. También se menciona que presenta un aumento no justificado de su patrimonio.

R. Todo esto es absurdo. Si realmente hubiese un incremento de mi patrimonio me hubiese comprado veinte casas, pero no ha sido así. Yo vivo en un departamento. No quiero debatir las mentiras de Uri Ben Schmuel.

P. Más de un lector cuestiona que la forma como se está presentando esta noticia incurre en la desinformación, porque se indica que está siendo investigada por el Sodalicio y no se señala que las demandas son por su rol en la gestión de Susana Villarán.

R. Los trolls no me importan. Yo trabajé un año, en una gestión en la cual la gente que lo dirigió eligió la corrupción para combatir la corrupción, pero ese es su problema. No tengo nada que ver con eso. Trabajo como periodista y por dedicarme a destapar el tema del dinero del Sodalicio, sufro esta persecución. Toqué el Concordato que es el acuerdo firmado entre el Estado peruano y el Vaticano para que una organización se haga multimillonaria y toqué a Jaime Baertl, un sacerdote que dirige todas estas organizaciones y que tiene socios muy importantes como quien fue dueño de Latam, Juan José Cueto, o el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El expresidente Alan García era compañero del fundador Luis Fernando Figari y también era amigo de Baertl. Son gente que no está contenta con las investigaciones que hemos hecho. Se ha revelado que tienen offshores.

P. ¿Establece una relación en que la aprobación de la jueza de levantarle el secreto de las comunicaciones se da en agosto de 2023, poco después de la misión papal Scicluna-Bertomeu enviada a Lima para investigar al Sodalicio?

R. Para mí no hay coincidencias. El equipo se fue a fines de julio luego de haber realizado varias entrevistas, pero ellos han seguido trabajando. Se removió al secretario del Dicasterio de Vida Consagrada, el español José Rodríguez Carballo, una de las personas que protegió al Sodalicio para que no le pasara nada durante más de 50 años. El 2 de abril destituyeron a José Antonio Eguren, el arzobispo de Piura y Tumbes que nos había demandado a mí y al periodista Pedro Salinas. En agosto el Vaticano expulsó al fundador del Sodalicio Luis Fernando Figari. Digamos hay un ánimo de querer saber qué estoy investigando. De hecho estuve el 4 de septiembre como testigo en la Fiscalía en el caso que se le sigue al Sodalicio por lavado de activos, declarando ante cinco abogados. Me hicieron 101 preguntas y el 80% eran sobre mis fuentes. Quieren saber quiénes son. No me parece una casualidad.

P. Y ahora el papa Francisco acaba de expulsar a diez miembros de la cúpula del Sodalicio…

R. Veo una relación directa entre las investigaciones que están cerrándose en el Vaticano al Sodalicio y a quienes lo dirigen con aplastarnos como chisguetes de un envase de pasta de dientes. Siento que cada vez que le pasa algo a ellos, a quienes los investigamos nos pasa algo malo. Que te enteres tanto tiempo después que te habían levantado las comunicaciones es estar en un limbo, es durísimo. Y darte cuenta que hasta el 2020 tienen acceso a todo. No solo son las investigaciones, mis fuentes, sino también mi seguridad personal, mis hijos. Es un atropello sin nombre.

P. ¿Exactamente a qué tienen acceso?

R. A mi geolocalización, llamadas entrantes, llamadas salientes, en fin. Toda la información recién la voy a tener cuando nos entreguen el expediente con lo que han escogido para investigar.

P. Y para eso no hay una fecha tentativa, ¿no?

R. No, además esta investigación estaba por cerrarse en noviembre porque no habían encontrado nada. Este incidente hace que el caso se mantenga un año más abierto. Insisto: el proceso legal es la condena. La semana pasada le enviamos una carta al papa Francisco con Pedro Salinas a través del nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco. Le hemos pedido una audiencia para agradecerle por lo que está haciendo con el Sodalicio, pero también para contarle este levantamiento de mis comunicaciones. Esto es como vivir en la Nicaragua de Daniel Ortega y no estoy bromeando. Soy la primera periodista a la que le levantan el secreto de las comunicaciones usando un camino kafkiano. A mi colega Gustavo Gorriti, el fiscal Alcides Chinchay está buscando conocer su geolocalización, pero en mi caso ya lo han hecho. Entonces con el camino abierto, Gustavo sigue.

P. Muchas víctimas del Sodalicio no están del todo conformes con la expulsión de sus miembros. Exigen que sean sometidos a la justicia civil.

R. El Estado peruano no está preparado para investigar a una organización que durante tanto tiempo ha acumulado mucho poder económico, político y social y nunca le ha pasado nada. Gracias a su amistad con el fallecido expresidente Alan García consiguen muchas cosas. Si tú ponías una organización vinculada al Sodalicio, además del Concordato, nadie podía fiscalizarte. Ni la Sunat, ni la Cancillería, ni el Ministerio de Economía y Finanzas, ni el Ministerio de Justicia, nadie. Este acuerdo entre el Vaticano y el Estado peruano se estira de tal manera que comenzaron a adquirir cementerios, colegios, empresas agroindustriales en el norte, una universidad en el sur, y nadie iba a fiscalizarlos nunca. Lo mismo en el caso de Luis Fernando Figari. Hubo un pedido de detención preventiva en el 2017 y no pasó nada. La investigación al Sodalicio ha venido de afuera con esta misión Scicluna-Bertomeu. Y la decisión final de lo que pase con el Sodalicio se dará en los próximos meses.

P. La estrategia del Sodalicio ha sido desmarcarse de Figari.

R. El fundador es el que le da el carisma a la congregación para obtener el permiso pontificio. Si tú expulsas al fundador no hay carisma. Entonces, ¿sobre qué se sostiene? Creo que ese es el gran problema que tiene el Sodalicio. Hizo todo en base a una sola persona, y eso al final les ha jugado en contra. El Sodalicio se funda en el 71 como una respuesta a la Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, cantando Cara al sol, haciendo una especie de oda al gobierno de Franco para conseguir favores en el Vaticano. Figari fue el niño mimado del Vaticano. Tuvieron muy buena suerte hasta la misión Scicluna-Bertomeu.

P. ¿Cuáles son los otros casos de periodistas demandados por el entorno del Sodalicio?

R. Daniel Yovera ha sufrido una persecución a raíz del documental para la cadena Al Jazeera que hizo sobre los cementerios (tráfico de terrenos) y el arzobispo emérito de Piura José Antonio Eguren. Su caso lo llevaron hasta la Corte Suprema, felizmente lo cerraron, pero Daniel no podía ni tuitear porque era difamación prolongada. En cuanto a Pedro Salinas le allanaron su casa en enero del 2022. Estaba con su familia y fue dramático. Querían hacerse de su investigación, de su libro que, por fortuna, pudo sacarlo, porque no se llevaron su computadora. Pero se llevaron su teléfono y accedieron a toda esa información. Pedro todavía tiene un caso abierto. Es un desgaste emocional y en los abogados. Y nadie responde en el Poder Judicial ni en la Fiscalía cuando son usados como látigos contra los periodistas que investigan organizaciones poderosas.

P. ¿Los periodistas somos intocables?

R. No lo somos. No es una patente de corso para moverse por el mundo y cometer delitos. Pero en el caso de Gustavo Gorriti, en el mío y en el de mis otros colegas no están buscando la verdad, no están buscando sancionarnos por algo que hicimos mal. Hay un ecosistema de desinformación pagado por la gente que hemos investigado, llámase los diarios La Razón, Expreso y los canales Willax, PBO, para inventar mentiras contra nosotros. Del mismo ecosistema mandan las denuncias a la Fiscalía y la Fiscalía sin hacer ninguna criba mínima te abre la investigación. Así funciona en Perú. Es grave. Y el Estado no tiene ningún tipo de reacción a estas campañas de enlodamiento.

P. ¿Qué piensa hoy de Susana Villarán?

R. Lo he dicho antes: tú no puedes pelear contra la corrupción aliándote a una red de corrupción.

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