Grupos latinos mantienen un pulso judicial con los Estados de Texas, Misuri y Arkansas por dificultar el voto
En unas elecciones como las de este año en las que los votantes latinos son decisivos para elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, hay Estados que han impuesto barreras que dificultan su participación. Varias organizaciones latinas tienen demandas interpuestas contra las leyes de Texas, Misuri y Arkansas, que restringen la actuación de los asistentes que ayudan a los votantes con discapacidades o que tienen dificultades por el lenguaje. Muchos latinos no dominan el inglés y acudir a las urnas se convierte en una tarea complicada sin alguien que les explique cómo votar. La legislación federal garantiza que puedan elegir a un asistente que les ayude, pero las normas estatales dificultan que puedan ejercer su derecho al voto.
Los impedimentos pueden ser por varios motivos: limitando el número de personas que un asistente puede atender; prohibiendo que los ayudantes les asistan en su horario laboral; aumentando hasta la confusión las faltas en las que se puede incurrir, u obligando a los asistentes a firmar un juramento que les intimida porque corren el riesgo de ir a la cárcel si cometen algún error. En todos los casos el argumento es el mismo, impedir el fraude electoral, la letanía que los simpatizantes del candidato republicano, Donald Trump, repiten desde que perdió las elecciones de 2020.
MALDEF (Fondo Mexicanoamericano de Defensa Legal y Educación) interpuso una demanda contra el Estado de Texas por su Ley SB1, que el gobernador republicano Greg Abbott firmó en 2021. “Las garantías de la ley federal son más amplias, por lo que el Estado no puede imponer restricciones que sean contrarias a ella”, explica Nina Perales, vicepresidenta de Litigios de la firma. “La gente no está dispuesta a ayudar a los votantes porque sienten que si cometen algún tipo de error en su asistencia, serán procesados. Si no completan la documentación del juramento, también pueden meterse en problemas. Hay mucho miedo ahora para ayudar a un votante”, sostiene.
La ley SB1 de 2021 estuvo rodeada de polémica desde el comienzo por ser una de las más estrictas para votar. Entre las nuevas disposiciones, se obliga a los asistentes a que rellenen un formulario con datos personales, la relación con el votante y la aprobación de asumir los riesgos legales de ayudar a un elector, que en el caso de infracción pueden ser desde multas hasta pena de cárcel.
Además de las personas con discapacidades, los latinos son los más afectados por estas barreras. “Estas restricciones de asistencia son muy onerosas para la comunidad latina porque el dominio del inglés es limitado. Además, muchas personas no han podido obtener una educación debido a la discriminación que han sufrido y no pueden leer ni escribir bien”, apunta Perales.
La ley texana impide además que los asistentes cobren por la ayuda que ofrecen. Ello afecta a organizaciones como LUPE (La Unión del Pueblo Entero), fundada por los históricos activistas de derechos para los latinos César Chávez y Dolores Huerta, que está detrás de la demanda presentada por MALDEF. Este grupo ayuda a los latinos a entender el proceso del voto y les asiste cuando lo necesitan, pero la ley impide que los asistentes cobren por esa labor, así que sus trabajadores sólo pueden hacerlo en sus horas libres.
Michael Mireles, director de Compromiso Cívico de LUPE, ya ha sufrido los efectos de la ley texana. En noviembre de 2023, cuando Texas votaba enmiendas a la Constitución, accedió a la petición de una mujer latina para que la asistiera en la votación. Era disléxica y la primera vez que votaba, por lo que se sentía confundida. Mireles recuerda que varios empleados de la mesa electoral le increparon durante minutos sobre si estaba votando dos veces.
“La ley ha puesto mucha presión y las personas que trabajan en los centros de votación están estresadas y temerosas de infringir una ley y cometer un delito grave. El ambiente se volvió mucho más hostil y tenso”, afirma Mireles. Situaciones como ésta pueden desincentivar el voto en una comunidad en la que la abstención está muy extendida. “Recuerdo haber pensado que era una experiencia muy desafortunada para una persona que va a votar por primera vez”, añade.
Otra de las trabas con las que se enfrentan se refieren al voto por correo, que en Texas está muy restringido. Prácticamente sólo los mayores de 65 años y los discapacitados pueden emitir su voto a distancia y los asistentes no pueden ayudarlos. Los trabajadores de LUPE ofrecen información en las casas de sus afiliados, pero la ley texana se lo prohíbe si alguna papeleta de votación está presente. “Vamos a diferentes vecindarios, tocamos puertas y hablamos con la gente para ver qué tipo de apoyo necesitan para poder participar en las elecciones. El miedo que tenemos es que no sabemos si hay una boleta en el hogar, si ya habían llenado una solicitud o recibido alguna por correo, porque estaríamos infringiendo esa ley”, cuenta Mireles.
Sin información en español
El lenguaje es sin duda una de las principales barreras que enfrentan los latinos y solo algunos condados, por la cantidad de hispanohablantes que residen, ofrecen información en español.
En Arkansas es difícil encontrar información en esa lengua y la ley impide que un asistente ayude a más de seis votantes. “Es una violación de la ley federal del derecho del votante, que dice que tienes derecho a contar con la asistencia de la persona que elijas si eres ciego o si tienes alguna discapacidad o si tienes problemas para leer y escribir”, afirma Susana Sandoval Vargas, abogada de MALDEF encargada de la demanda contra ese Estado. Su cliente es Arkansas United, una organización de defensa de los migrantes, que encuentra difícil ayudar a todas las personas que lo requieren por causa del límite impuesto. “No tienen capacidad para hacerlo porque no hay mucha gente bilingüe que pueda dar asistencia”, explica Sandoval Vargas.
La mayor parte de la gente a la que ayuda United Arkansas son latinos que no saben leer y escribir en inglés y necesitan asistencia, porque en ese Estado no hay suficiente población de habla hispana como para que la ley les obligue a tener la información en español. “El riesgo es que si un votante elige a alguien para que le ayude y ese asistente ya ha cubierto el límite de seis personas, puede decidir no votar”, mantiene Sandoval Vargas.
Los demandantes están a la espera del fallo judicial, que también afectará a otra demanda interpuesta por varias organizaciones latinas contra el Estado de Misuri. En este caso, el límite es aún más restrictivo y cada asistente sólo puede atender a un votante. Esta demanda, por ser parecida a la interpuesta contra Arkansas, está paralizada hasta conocer la decisión que sale de aquel Estado.
No hay expectativa de que ninguno de los tres casos abiertos se decida antes del 5 de noviembre, por lo que las restricciones seguirán aplicándose en estas elecciones. Sus defensores justifican que es una manera de impedir que los asistentes influyan en el voto ajeno y evitar así el fraude.
Perales cuenta que un testigo de la defensa en el caso de Texas reconoció que no se había registrado ningún caso de fraude entre los asistentes en las votaciones. “Entonces, ¿por qué poner estas barreras? Debe ser por un motivo distinto al fraude”, supone.
About Author
