¿La nacionalidad como producto de un ilícito?
En el debate migratorio actual, surge una cuestión fundamental que desafía los principios más básicos del Estado de derecho: ¿debe otorgarse la nacionalidad a quienes ingresaron de manera ilegal a un país? El aforismo ex iniuria ius non oritur, que establece que la ilegalidad no genera derechos, nos ofrece una respuesta clara.
Otorgar la nacionalidad a violadores de la norma migratoria implica legitimar una acción contraria a las leyes, y con ello, se envía un mensaje contradictorio y peligroso. En esencia, se estaría recompensando una violación a la soberanía y al ordenamiento jurídico. Las fronteras no son solo líneas en un mapa, no importa cuán porosas o difusas. Son, ante todo, un conjunto de reglas que organizan el acceso a los derechos y responsabilidades en una sociedad. Saltarse esas reglas y luego obtener un bien jurídico tan trascendental como la nacionalidad va en contra de la justicia y del orden público.
Lejos está el principio de patrocinar la violación de los derechos humanos básicos de los migrantes, pero necesario establecer una diferencia clara entre el respeto a los procesos legales y su inobservancia. A quienes han entrado ilegalmente no se les puede conceder un premio en forma de nacionalidad, ya que esto erosionaría la confianza en el sistema legal y alentaría a otros a seguir el mismo camino, perpetuando el problema en lugar de resolverlo.
El otorgamiento de la nacionalidad debe ser un proceso transparente, en sintonía con la Constitución. Pretender que un acto ilícito puede ser la base de un derecho legítimo es tanto una injusticia para quienes han seguido el camino legal, como una violación al principio de equidad sobre el que se sustenta cualquier Estado de derecho.
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