Más de 10 veces el presupuesto para migración y una posible recesión: el costo de la gran deportación de Trump
Por ahora todo es imaginario. “La mayor deportación de la historia”, la repetida promesa de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, es un escenario nebuloso, un hipotético sin precedentes ni explicaciones sobre cómo se llevaría a cabo. De todas formas, un 54% de los votantes del país lo apoya. Sin ofrecer pruebas, Trump repite en mitines o entrevistas que, aunque la cifra oficial más reciente indica que hay, incluyendo menores, unos 11 millones de inmigrantes sin papeles en el país, él cree que el número es más cercano a los 15 o 20 millones. También dice que la expulsión de inmigrantes empezaría el primer día de su segunda presidencia, si gana.
No hay claridad de cómo el republicano pondría en marcha esta política de dimensiones históricas. El Proyecto 2025, el manual ultraconservador escrito para un hipotético segundo mandato de Trump, apunta algunas ideas. La imagen que arroja es de un estado policial con campos de internamiento masivos a lo largo de la frontera. Pero queda otra pregunta sin contestar, ni siquiera por encima: ¿cuánto costaría todo esto?
El programa electoral oficial se lee como cualquier discurso de campaña de Trump y ofrece 20 promesas más parecidas a eslóganes que a conceptos. Los dos primeros, en mayúscula: “Sellar la frontera y detener la invasión de migrantes” y “llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”. Nada más. Para Trump y los republicanos que lo siguen, la idea es aparentemente sensata porque abriría puestos de trabajo y sacaría del país a supuestos “criminales migrantes”. Las cifras demuestran que el crimen ha bajado y que los inmigrantes son menos propensos a delinquir que la población nativa, pero el expresidente mantiene que los inmigrantes están “envenenando la sangre de la nación”, un lema que hace eco de palabras usadas por los nazis.
“La mayor deportación de la historia”, lógicamente, tendría un impacto económico enorme, tanto en su costo operativo como en sus repercusiones económicas a largo plazo. Un estudio de 2015 elaborado por el American Action Forum, un think-tank económico que se describe a sí mismo como de “centroderecha”, calculó que identificar, detener, transportar, procesar, retener y finalmente expulsar, costaría 18.214 dólares por persona. Esto asciende a 24.094 actualmente, ajustándolo a la inflación, loque genera una cuenta total de 265.000 millones de dólares por deportar a los 11 millones de inmigrantes ilegales que actualmente se estima que hay en el país. Si se aplica la cifra de 20 millones que arrojan Trump y su candidato vicepresidencial, J.D. Vance, el costo sería de unos 481.000 millones de dólares. Por poner estas cifras en perspectiva, ICE, la agencia migratoria que actualmente se encarga de deportar a quienes están en el país de manera irregular, y CBP, aduanas y fronteras, en 2024 tuvieron un presupuesto de casi 30.000 millones en conjunto.
También se pueden usar los datos propios de la agencia. En su reporte de 2023, ICE informó que deportaron a 142.580 “no-ciudadanos” y que su gasto había sido de más de 420 millones de dólares, lo que da un costo de casi 3.000 dólares por persona expulsada. Al multiplicar eso por 11 millones de personas, el costo asciende a 33.000 millones de dólares para expulsar a los inmigrantes sin papeles que actualmente hay en el país, y casi el doble si el número de deportaciones fuese de 20 millones. Esto solo se refiere a la expulsión y no tiene en cuenta, como sí lo hace el cálculo anterior, el precio de poner en marcha un programa para buscar inmigrantes, transportarlos a la frontera y procesarlos en campos de internamiento, los cuales habría que construir.
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Como ha dicho el mismo Trump y también se indica en el Proyecto 2025, para hacer frente al gran esfuerzo de deportación es probable que fuera necesario incorporar a las fuerzas policiales locales, la Guardia Nacional y hasta al ejército en las labores migratorias. Esto no está permitido bajo la normativa actual, pero incluso, si lo fuera, también supondría un costo enorme difícil de estimar y que habría que sumar a los cálculos existentes. En cualquier caso, la salvedad sirve para advertir que estos dos cálculos, solo un par de varios de todos los que se han hecho, son probablemente muy conservadores.
La factura de “la mayor deportación de la historia” va más allá del costo de implementarla. Dejaría estragos en la economía del país: afectaría primero al mercado laboral y a los salarios, pero también se han estimado impactos en el PIB y en la inflación. A pesar de la dificultad de monitorear el mercado laboral de personas sin papeles, el National Bureau of Economic Research estima que en Estados Unidos hay 7,1 millones de trabajadores migrantes indocumentados, que representan el 4,5% de la fuerza laboral del país. Si Trump los expulsa a todos, los ámbitos más afectados serían la construcción, con 1,5 millones de trabajadores menos —lo que aumentaría los costos de construir, incrementando el ya históricamente alto precio de la vivienda—; la hostelería, que perdería 1,1 millones de trabajadores; el ámbito de los servicios, con otro millón de empleados perdidos y la manufactura, con 714.000.
Las secuelas del terremoto que supondría perder al 4,5% de la fuerza de trabajo del país serían profundas. Es imposible estimarlo de manera exacta por la cantidad de variables que hay en juego, pero el modelo llamado la Ley de Okun, que traza la relación entre el desempleo y el PIB, apunta que disminuiría el crecimiento del PIB por más de nueve puntos —en el pico de la Gran Recesión de 2008 el crecimiento del PIB disminuyó 4,3%—. Aunque el modelo de Okun se ha usado más a menor escala y puede ser mucho menos preciso cuando se trata de deportaciones masivas.
Un estudio más modesto, pero específicamente sobre las deportaciones, encontró que estas también significan la pérdida de trabajos por parte de nativos, a raíz del impacto económico más amplio. Un cálculo derivado del estudio encontró que por cada millón de trabajadores expulsados, se perderían 88.000 puestos de trabajo de estadounidenses. Si se expulsan 7,1 millones de migrantes trabajadores, esto indicaría que 968.000 ciudadanos perderían sus empleos también.
El impacto no acabaría ahí. Un programa de deportación masiva también podría reactivar la inflación. Los costos laborales suponen, en promedio, alrededor del 60% de los gastos empresariales, los cuales aumentan cuando los empleadores tienen que sustituir a un gran número de trabajadores, como ocurrió cuando restaurantes, bares y hoteles volvieron a abrir después de la pandemia. Las empresas que se enfrentan a una importante escasez de mano de obra tienen tres opciones principales: pagar más por horas extras, pagar más para contratar a nuevos trabajadores o aceptar una menor productividad. En todos los casos, los costos adicionales suelen generar un aumento de los precios. En el caso de perder siete millones de trabajadores, el efecto en la inflación amenazaría con ser masivo.
Ver el futuro es una tarea imposible, y cuando se trata de economía la cantidad de elementos en juego puede descarrilar cualquier estimación. Pero si Trump puede imaginar que un país sin 20 millones de migrantes sin papeles sería un paraíso, los datos pueden refutar esta imagen y arrojar otra mucho más sombría.
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