Un juez suspende en Italia el bloqueo del barco de rescate de Médicos Sin Fronteras ordenado por las autoridades
El barco de rescate de Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo (MSF), el Geo Barents, que estaba atracado en el puerto de Salerno desde el pasado 25 de agosto con la prohibición de hacerse a la mar durante dos meses, puede volver a zarpar. Un juez del tribunal de esta ciudad ha aceptado este miércoles el recurso de MSF y ha suspendido el bloqueo cautelar administrativo, a la espera de una vista que tendrá lugar en noviembre. Dentro del tenso pulso que mantiene el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni con las ONG que auxilian en el Mediterráneo a embarcaciones procedentes del norte de África, MSF había sido sancionada tras ser acusada de haber incumplido las normas italianas. El motivo, salvar a 37 personas del mar sin haber informado antes de la operación, el pasado 23 de agosto.
El juez —que aún no se pronuncia sobre la acusación en sí— asesta sin embargo un severo varapalo a las autoridades al subrayar que el bloqueo de la nave en puerto implica un “peligro inminente de un daño grave e irreparable”, porque afecta al derecho del Geo Barents a desarrollar sus tareas de auxilio en el mar. “Una actividad ―señala―que implica la persecución de objetivos humanitarios de indudable valor ex se, en obsequio al sistema de valores constitucionales y del derecho internacional consuetudinario a los que Italia se adhiere y que además está llamada a promover”.
El buque de MSF ya había sido bloqueado otras dos veces, aunque fue por 20 días en ambas ocasiones, y no se aceptaron sus recursos. Es la primera vez que ocurre, una decisión que ha llegado horas después de una rueda de prensa de la ONG para denunciar la situación ante la prensa internacional. “Salimos a Sicilia, y en cuanto estemos listos, el domingo probablemente, volvemos a rescatar”, confirma el jefe de operaciones en el Mediterráneo central de la organización, el español Ricardo Martínez. “Estamos llorando de la emoción”. Hasta ahora, de 25 órdenes de bloqueo emitidas contra naves de ONG en los últimos 20 meses, en aplicación de las nuevas normas del Gobierno, los jueces solo habían suspendido la medida en tres casos.
MSF, que rechaza las acusaciones, ha explicado sobre el rescate bajo investigación que informó a las autoridades nueve minutos después, porque las personas que encontraron en un bote se arrojaron al agua junto a su nave y, ante la emergencia, el equipo actuó de inmediato. En todo caso, añade la organización, ya habían informado de la presencia de la embarcación a la guardia costera libia, con la que habían coordinado horas antes otros dos rescates. En total, salvaron a 197 personas. Pero al volver a puerto se encontraron con la orden que les impedía volver a zarpar.
El juez de Salerno, a la espera de analizar detenidamente todo el material aportado, ya dice tras una primera visión de los vídeos grabados por MSF en la operación, que “parece deducirse que la nave, sin contribuir a crear ninguna situación de peligro a bordo, estaba ocupada en inaplazables operaciones de socorro de náufragos”, y que la guardia costera libia estaba informada de ello.
Estos choques frecuentes con la ley están condicionando el trabajo de las ONG de salvamento de migrantes en Italia, que en los últimos 10 años han rescatado a 170.000 personas. Sin embargo, desde diciembre de 2022 son hostigadas por las severas normas del Ejecutivo de Meloni, que limitan enormemente su actividad. Las organizaciones y también el Consejo de Europa alegan que las medidas del llamado decreto Piantedosi (por el nombre del ministro de Interior, Matteo Piantedosi), van contra el derecho internacional.
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MSF ha recurrido ante la Justicia italiana, que aún debe pronunciarse, la prohibición de acudir al puerto más cercano tras un rescate y tener que ir al que asignen las autoridades, a menudo a cuatro o más días de navegación en el norte de Italia, en lugares como Génova o Ravena. El decreto también obliga a las naves a informar de cada rescate y pedir permiso previamente para efectuarlo y a hacer solo uno cada vez. Deben regresar a puerto en cuanto terminen y no pueden auxiliar a otras embarcaciones. Las ONG que incumplan las normas se arriesgan a multas de hasta 50.000 euros y al cuarto bloqueo de la nave, incluso a que sea confiscada. MSF, como otras organizaciones, ya está ante su tercera orden.
Uno de los casos que simbolizan el crudo enfrentamiento de los partidos de ultraderecha italianos con las ONG llega este sábado a un momento culminante. Se trata del juicio contra Matteo Salvini, actual vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, acusado de secuestro de personas y abuso de autoridad por impedir en 2019, cuando era titular de Interior, el desembarco de 162 inmigrantes rescatados por el buque español Open Arms en Lampedusa. Después de tres años de proceso, el fiscal anunciará sus conclusiones este sábado (”Me arriesgo a tres o 15 años de cárcel”, ha protestado Salvini), y el 18 de octubre será la última audiencia, antes del anuncio de la sentencia.
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