Rodolfo Valentín Santos: A las autoridades les basta con encarcelar
Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), organismo que recientemente dio a conocer el informe del 2023 sobre el estados de las cárceles del país, no aprueba que estos recintos estén bajo la administración de la Procuraduría General de la República (PGR).
Según Valentín, la PGR tiene una dirección que trata de hacer el esfuerzo para mejorar las condiciones de estos centros penitenciarios, pero que no cuenta con los recursos necesarios para cambiar su realidad.
Cree que no es adecuado que el control sea del Ministerio Público y de los policías ya que solo se cumple el objetivo inicial de encarcelar personas, más no se presta atención a la gestión y la rehabilitación de los reos.
Sobre los policías destacó que estos no están formados para esa tarea, que, en su lugar, debe haber agentes especiales para poder tratar a los privados de libertad.
«Tú puedes imaginarte, el Ministerio Público, la fiscalía, persigue, acusa, encarcela y pide un montón de prisión preventiva como medida de coerción y luego es el ente que administra a la gente que ellos persiguen», dijo.
Atribuyó el exceso de prisión preventiva, como medida de coerción, a que para las autoridades «basta con poner en prisión» a las personas porque ya con esto su trabajo está cumplido, pero que no existe apuro en que estos reos salgan, sean procesados y que se les conozca un juicio.
Dijo que la inseguridad ciudadana y el descontrol social respecto a los delitos se deben a la falta de un proyecto de prevención o un plan operativo de responsabilidad con el cual se pueda disminuir la criminalidad.
Planteó que el país tiene cerca de 26,000 privados de libertad, pero se sigue atracando, violando, cometiendo homicidios y asesinatos en las calles. «Los culpables no son los que están presos. La prevención del crimen, del delito y de la inseguridad ciudadana, debemos aplicarlo fuera, no dentro de las cárceles«, dijo.
Casi 5,000 casos en 2023
El director de Defensa Pública informó que en el 2023 lograron concluir unos 5,000 casos entre descargos, absoluciones y autos de no ha lugar.
«Esto quiere decir que estas personas no cometieron los hechos o que eran insuficientes las pruebas que había en contra de ellas. Eso tiene un mensaje y es que no todos los casos que procesa el Ministerio Público tienen peso para ser procesados o condenados».
De los procesos llevados por la Defensa Pública en 2023, informó que 2,229 recibieron autos de no ha lugar y 2,767 descargos. De estos últimos, 2,669 fueron a adultos en jurisdicción ordinaria. Los adultos que recibieron un no ha lugar suman 2098.
Además, hubo 98 descargos y 131 no ha lugar en casos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Los datos ofrecidos por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) señalan que más de cien mil personas recibieron asistencia y que a las cárceles y destacamentos se realizaron 20, 294 visitas durante el 2023.
«Por eso hay un montón de casos que nosotros ganamos dentro del sistema, por esa irresponsabilidad del Ministerio Publico por dejar que sea la justicia que se encargue y esos casos van al sistema con falencias, sesgos»Oficina Nacional de Defensa Pública
En el primer semestre de este año, 45,581 personas han recibido asistencia de la ONDP.
Al respecto, dijo que uno de los principales problemas del Ministerio Público es que las fiscalías barriales no están haciendo su trabajo ya que cuando hay alguna situación entre vecinos, esta instancia no logra que se pongan de acuerdo ya que carecen de capacidad para arbitrar. Esto conlleva a que «irresponsablemente» se remitan esos casos a la justicia y es un juez el que decide.
«Por eso hay un montón de casos que nosotros ganamos dentro del sistema, por esa irresponsabilidad del Ministerio Público, por dejar que sea la justicia que se encargue y esos casos van al sistema con falencias, sesgos y con insuficiencia de pruebas y el juez no tiene otra cosa que descargarlo», explicó Valentín Santos.
Mas cárceles en el país
A su consideración el país no necesita más cárceles, sino que se implementen programas de prevención respecto al delito y la criminalidad, especialmente en el segmento joven de la población.
Puntualizó que crear más centros penitenciarios es «visualizar y profetizar» que se van a cometer más crímenes y delitos, «soy de los que creo que se deben cerrar más cárceles«.
«Cuando usted piensa en crear más cárceles es pensando que va a aumentar la inseguridad ciudadana. Entonces yo creo que no debemos hacer más cárceles lo que debemos hacer es transformar los hombres que tenemos en la cárcel y disminuir el hacinamiento dentro de las cárceles«.
Precisó que antes de enviar a prisión a una persona se debe hacer un estudio del entorno en que se encuentra ya que, a consideración de Valentín Santos, «es lamentable pensar que la concepción de la prisión es una venganza a un hecho o una retribución o como el ojo por ojo, diente por diente».
Dijo que mientras en el país se tenga ese concepto las cárceles van a seguir «siendo un desastre», al tiempo que cuestionó cuál es el fin de imponer penas.
Explicó la teoría de las erres, que son la regeneración, reeducación, rehabilitación y reinserción social, pero que en el país no se ve así, sino que las penas se ven como «venganza» y es la apreciación que le da toda la sociedad.
Entre las recomendaciones para mejorar la reinserción de los privados de libertad, Rodolfo Valentín Santos propone que el Estado asuma ese compromiso y brinde talleres en todos los centros penitenciarios para que estos aprendan algún oficio y cuando salgan de la cárcel sean contratados por los entes gubernamentales y no tengan estigmatización de la sociedad por haber estado encarcelados.
«Yo creo que muchas de estas personas cometieron en su vida un error, no por haber sido delincuentes, y puedes estar seguro que existe al 100 % la posibilidad de que un segundo error como ese no lo cometan», expresó el director de la ONDP.
Agregó que en el país existe hacinamiento por no tener dirección, gerencia, control, administración y un buen plan operativo y son esos ejes que hacen falta para evitar que continúe esta situación en las cárceles.
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) tiene un déficit de 250 defensores públicos, de acuerdo a su director lo que ocasiona que los 182 defensores públicos, y 151 abogados adscritos contratados estén muy cargados pues tienen que manejar ente 300 y 400 casos cada uno. «El tema del salario también hace que un defensor público se vaya al ejercicio privado, lo que gana un defensor público en un mes se lo puede ganar cualquier abogado en tres horas o en dos horas en una vista de medida de coerción ahí en Ciudad Nueva o en cualquier tribunal de esos», precisó. Explicó que el informe del Consejo Nacional de Defensa Pública, publicado recientemente, sobre las condiciones de detención y de prisión del RD 2023, donde se detectaron casi cinco mil privados de libertad enfermos y que no reciben tratamiento, mostró las «condiciones inhumanas» en las que estos cumplen sus penas.