Los diez mandamientos de Luis Abinader

La ética y la transparencia son dos temas difíciles para cualquier gobernante de nuestros países latinoamericanos, y, por supuesto, Luis Abinader no es una excepción a la regla.

Sabiendo, como sabe, los malos ratos que pasó en su primer período con muchos de los funcionarios nombrados en puestos de importancia, que entendían que el cambio que pregonaba el mandatario no aplicaba a ellos en el manejo de los dineros públicos, decidió poner a los nuevos incumbentes a firmar los diez mandamientos de la integridad y la ética.

El mandamiento número diez, el último, dice: «Aceptamos, en nuestra condición de funcionarios de la administración pública, que, en caso de incurrir en violación de los compromisos éticos establecidos en el presente documento, seremos susceptibles de la debida sanción».

El párrafo anterior, a mi juicio, es muy importante. Queda establecido que violar cualquiera de los otros nueve tiene consecuencias. Eso es lo que más falta hace aquí.

El dominicano, sea de arriba, de abajo o del medio, es poco dado a respetar «papeles». Tanto es así que el principal documento, escrito en papel, que contiene las normas que nos rigen como sociedad, como país, y las reglas para vivir en un sistema democrático, la Constitución, obliga al presidente de la república a convocar a la asamblea constituyente para crear dificultades a los que vienen detrás de él, para evitar que la modifiquen en beneficio propio.

Desde la primera Constitución hubo que hacer una modificación para complacer a Santana, agregando el artículo 210 que le daba plenos poderes para hacer y deshacer. Hasta nuestros días, con pocas excepciones, el gobernante de turno busca la manera de adaptar la Carta Magna a sus ambiciones políticas para permanecer en el poder más allá de lo establecido constitucionalmente.

El segundo y tercer mandamiento se refieren a la obligación de cumplir con la ley que obliga a hacer una declaración jurada de patrimonio, y la otra es el cumplimiento de la Ley 200-04 de libre acceso a la información pública. ¡Válgame Dios! ¡Que haya que ponerlos a firmar un documento público para que digan lo que tienen y para que informen al público lo que hacen!

El mandamiento número nueve dice: «Luchando firme y decididamente en contra de la corrupción administrativa para preservar el patrimonio y los recursos del Estado, comprometidos en dar a conocer a las autoridades competentes y a la sociedad cualquier hecho lesivo a los bienes públicos».

Celebro la buena intención de la iniciativa para firmar el documento, el cual, además, se firmó en el primer Consejo de Gobierno convocado en la recién inaugurada gestión gubernamental. Ello es muestra de que Abinader está consciente de que la ética y la transparencia son fundamentales para una administración pública eficiente, justa y legítima.

Es responsabilidad de todos, desde los funcionarios públicos hasta los ciudadanos, promover y exigir una gestión pública ética y transparente. Abinader, que ahora avanza en su último período gubernamental, comienza dando muestra de que no quiere salir del poder con aura de honesto que permitió la corrupción y no detuvo la deshonestidad administrativa.

Ese compromiso ético significa no solo adherirse a un código de ética o a un conjunto de valores previamente establecidos, sino también ser coherente en la práctica de esos valores en situaciones reales, incluso cuando sea difícil o inconveniente hacerlo.

De poco vale firmar documentos si se carece de la integridad necesaria para actuar de manera recta, honesta, transparente, sin doblez ni engaños. Un compromiso ético no se centra en el bienestar individual, sino que toma en cuenta el impacto de las acciones en la comunidad y en la sociedad en general, trabajando por el bien común.