El delicado equilibrio de Starmer para castigar a Israel sin romper platos
Keir Starmer no disimula su admiración a Israel. A pesar de ser un ateo confeso, su esposa Victoria proviene de una familia judía, y los Starmer celebran el sabbat y pertenecen a la Sinagoga Liberal Judía del barrio de St. John’s Wood, en Londres. El actual primer ministro británico asentó su autoridad como líder del Partido Laborista erradicando todos los supuestos rasgos de antisemitismo con los que su predecesor, Jeremy Corbyn, había impregnado la formación.
Pero Starmer también ha sido abogado y fiscal. Sabe que la ley puede ser el mejor escudo frente a las críticas a una decisión política incómoda o controvertida. Detrás de su movimiento de esta semana de suspender las licencias de exportación de 30 componentes de armas a Israel, que ha irritado al Gobierno de Benjamín Netanyahu, incomodado a la Administración estadounidense y ofendido la comunidad judía del Reino Unido (el quinto país del mundo con más judíos), hay una evidente estrategia política, pero también el propósito de poner distancia frente al anterior Gobierno conservador, que presumió de torcer a su voluntad la legalidad internacional.
“Muchas de las personas incorporadas al actual Gobierno laborista, incluidos el primer ministro Starmer o el Abogado General del Estado, Lord Hermer [el principal asesor legal del Ejecutivo], tienen una trayectoria profesional muy vinculada con el derecho internacional humanitario”, explica a EL PAÍS Jamie Gaskarth, profesor de Política Exterior y Relaciones Internacionales en el centro de estudios The Open University. “No es extraño que pongan el foco de un modo más intenso que el Gobierno anterior en este modo de pensar la política. La aproximación de Starmer hacia muchos asuntos es siempre muy legalista y respetuosa de los procedimientos”, añade.
Una decisión salomónica
La tibia reacción de Starmer ante la tragedia de Gaza, y su apoyo incondicional al Gobierno de Israel, después de la masacre llevada a cabo por Hamás el 7 de octubre, causó gran malestar en la comunidad musulmana británica, que supone unos cuatro millones de ciudadanos. Si en 2019 se calcula que votaron al Partido Laborista un 80% de ellos, en las pasadas elecciones del 4 de julio, después de que el candidato hubiera amotinado a decenas de cargos locales que renunciaron a sus puestos, el apoyo se redujo en torno a 20 puntos porcentuales
La formación de izquierdas se enfrenta a finales de septiembre a su congreso anual (“conferencia”, en la jerga política del Reino Unido), en Liverpool. Las duras y “dolorosas” decisiones económicas anunciadas por el Gobierno laborista para el presupuesto de octubre, diseñadas para sanear las cuentas públicas heredadas de los conservadores, han enrabietado ya a los sindicatos y al ala más a la izquierda del partido. Starmer no se podía permitir llegar a ese congreso con un segundo frente abierto. Eran muchos los miembros del partido que reclamaban acciones más contundentes contra la ofensiva bélica de Israel en Gaza, como un embargo de armas.
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“Es un asunto complejo, lo reconozco”, admitía este miércoles Starmer ante la Cámara de los Comunes al referirse a la decisión de suspender la venta de armas. “Pero es una decisión legal, no es una decisión política”, insistió el primer ministro británico, para dejar claro que su apoyo al derecho de Israel a defenderse seguía siendo firme.
Era el mismo pragmatismo con el que el jefe de gobierno también echó atrás la voluntad del anterior Ejecutivo conservador de recurrir la orden de arresto contra Netanyahu del Tribunal Penal Internacional. Starmer ni apoyó ni condenó la decisión. Se limitó a tumbarla, al no considerarla suya. Logró un efecto político, pero sin salpicarse mucho la ropa.
El “progresismo realista”
El responsable de lanzar el mensaje, que ha tenido una importante repercusión internacional, ha sido el nuevo ministro británico de Exteriores, David Lammy. Nada más ocupar su cargo, ordenó a los expertos una revisión sobre la legalidad de las exportaciones de armas a Israel, a la luz de las noticias procedentes de Gaza.
El anterior Gobierno de Rishi Sunak ya había recibido fuertes presiones por parte de altos funcionarios y de abogados y jueces para que suspendiera las licencias, de acuerdo con los Criterios para la Licencia de Exportaciones Estratégicas. Los conservadores evitaron tomar decisión alguna, e incluso ocultaron los informes jurídicos al respecto elaborados por Exteriores o Comercio.
“Lamento tener que informar a esta Cámara [de los Comunes] de que el informe que he recibido no me deja otra opción que concluir que, en el caso de determinadas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario”, anunció esta semana Lammy a los diputados.
La decisión tendrá pocos efectos prácticos sobre el terreno. El armamento suministrado por el Reino Unido a Israel apenas supone el 0,02% del material bélico del país, que depende de las ventas de Estados Unidos y Alemania. Las licencias suspendidas son 30, de un total de 350, y corresponden a componentes de equipos aeronáuticos ofensivos como cazas de combate, helicópteros y drones.
El simbolismo político de la medida no se le escapa a nadie. El Gobierno de Netanyahu ha reaccionado con cólera ―“vergonzosa”, la llamó el primer ministro israelí―, y la comunidad judía británica ha cargado contra Starmer: “Esta decisión solo servirá para envalentonar a nuestros enemigos comunes”, aseguró en X (antes Twitter) Ephraim Mirvis, el Gran Rabino de las Congregaciones Unidas Hebreas de la Commonwealth.
Lammy se ha definido como un “sionista progresista liberal”, amigo de Israel, pero defensor de la “solución de los dos estados”, Israel y Palestina. Poco antes de convertirse en ministro ya anunció, en un artículo para la revista Foreign Affairs, que su proceder estaba guiado por lo que el definía como “progresismo realista”, una combinación de la defensa de los intereses internacionales del Reino Unido con la promoción de los derechos humanos y el imperio de la ley.
“Lammy aplica esa filosofía, que supone el respaldo a objetivos progresistas como son los derechos humanos, pero con plena conciencia de dónde reside el poder y cuáles son los límites posibles”, señala el profesor Gaskarth. “En la decisión de suspender las licencias de exportación de armas, ha excluido componentes del programa de los cazas de combate F-35, algo que hubiera tenido un mayor impacto en las relaciones con Estados Unidos y otros socios”, apunta.
El Gobierno laborista confía en que su decisión sirva para que el Reino Unido adquiera voz propia y recupere prestigio, por su defensa de la legalidad internacional, pero Starmer también es consciente de que sus habituales equilibrios jurídicos corren el riesgo de disgustar por igual a rivales y aliados.
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