Aplazan la audiencia de medida de coerción al regidor Walky Cuevas
La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís aplazó este viernes la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra el regidor Walky Cuevas Charles y la ciudadana Paola Violeta Astacio, acusados de formar parte de una red de narcotráfico que tenía su centro de control en San Pedro de Macorís.
La audiencia fue aplazada a los fines de que las partes revisen el documento acusatorio realizado por el Ministerio Público y que presenten presupuestos. Se conocerá el jueves 12 de septiembre.
A la salida de la audiencia, el acusado Cuevas Charles, expresó que las autoridades lo vinculan al supuesto narcotraficante Yunior Santos Restrepo porque el le vendió un vehículo hace aproximadamente un año.
«Ese es el único vínculo que yo tengo con esa persona», aseguró el regidor. Junto al político iba la acusada Pamela Violeta Astacio, quien se tapó el rostro con sus manos y prefirió no ofrecer declaraciones a la prensa.
Mientras que, el abogado del regidor, Odalis Ramos, calificó el documento formulado por el Ministerio Público como un «bulto» y asegura que su defendido no tiene nada que ver con la organización criminal.
«Este muchacho lo que es un emprendedor, un muchacho que se dedica a la compra, venta e importación de vehículos para venderlos», dijo.
Afirma no hay «el más mínimo indicio» de que le impongan la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público de ocho meses.
El edil es acusado por el órgano acusador de estar en actividades ilícitas coordinadas por el supuesto narcotraficante Yunior Santos Restrepo, quien está preso desde el 2023.
Alegan que estos tuvieron conversaciones desde el 3 de julio de 2022 hasta el 21 de septiembre de 2023 mediante la cual coordinaban grandes transportaciones de dinero «provenientes del narcotráfico«. Durante este período, intercambiaron 1,405 mensajes de texto y audiovisuales, según las autoridades.
La supuesta organización criminal opera en las regiones este y sur de la República Dominicana, introduciendo grandes cantidades de sustancias controladas por las costas de San Pedro de Macorís y Barahona, según el órgano acusador.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados envían la droga a Estados Unidos y Europa, ocultándolas de diversas maneras. Agrega que, con las ganancias obtenidas de estas actividades ilícitas, los miembros de la organización adquirían bienes lujosos y de alto costo, tanto muebles como inmuebles, y creaban negocios para dar apariencia de legalidad a esos ingresos.
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