¿Por qué necesitamos un órgano rector del desarrollo digital y la innovación?
Nuestra Agenda Digital 2030, a través de su Plan de Acción 2021-2024, establece la necesidad de aprobar una ley que cree un órgano rector del desarrollo digital y la innovación. Por tal razón, procederemos a realizar un análisis minucioso del tema para determinar la pertinencia o no de la misma, ya que algunos actores institucionales y ciudadanos en general podrían tener aprehensiones al respecto.
Situación actual
En materia de desarrollo digital e innovación, la situación en República Dominicana es la siguiente al 2024:
- No existe en el país un ente rector del proceso de transformación digital ni de la innovación. Una solución proxy fue la creación de los Gabinetes de Transformación Digital y de Innovación (fusionados en el Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital por el Decreto No. 338-23) para que se hicieran cargo de la elaboración y seguimiento de la Agenda Digital 2030 y la Política Nacional de Innovación 2030, respectivamente. Ambas estrategias establecen como una prioridad la definición de la gobernanza y el marco jurídico-institucional para estos temas.
- Solo en materia de gobierno electrónico (uno de los varios componentes de la transformación digital) existe por ley desde 2008 un organismo nominalmente a cargo, el Ministerio de Administración Pública (MAP), pero que nunca ha ejercido esa competencia ni mucho menos desarrollado un reglamento de la Ley 41-08 dedicado al tema. Por otro lado, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) por decreto ha asumido esa tarea de forma operativa desde el 2004. Es en ese contexto que en 2021 la OPTIC es transferida al MAP como órgano desconcentrado, ya como Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), lo cual aún no resuelve los conflictos competenciales que existen con otras entidades en materia de transformación digital e innovación ni tampoco resuelve la falta de legislación para implementar y estandarizar el gobierno electrónico en los ayuntamientos y más allá del Gobierno Central.
- Ante la falta de un marco legal e institucional apropiado, históricamente los esfuerzos relacionados tanto con la transformación digital como con la innovación se han encontrado dispersos y no articulados, lo que ha motivado que el país exhiba un ritmo de avance inferior a la región latinoamericana. Aunque ya contamos con las dos estrategias previamente mencionadas, al no tener un marco jurídico-institucional apropiado, eso podría no ser suficiente para revertir la situación.
- Este fenómeno queda evidenciado en varios índices internacionales relacionados con gobierno electrónico, preparación tecnológica e innovación, donde RD sostenidamente se ha mantenido por debajo del desempeño de la región (la única excepción fue en 2020 solo en materia de gobierno electrónico para volver a caer por debajo). En el eGovernment Development Index de la Organización para las Naciones Unidas (ONU), en su última versión 2022, el país perdió 10 lugares en el ranking mundial con relación al estudio de 2020 (único año en que llegamos a superar la media regional). En 2022 registramos un score de 0.643 cuando la media regional era 0.668. Con relación al informe 2020, el país bajó también de la posición #10 a la #11 en Latinoamérica.
- En cuanto al Global Innovation Index de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), desde la primera publicación en la que aparece RD (2012), hemos mantenido una brecha con relación a la media regional que ha ido aumentando a través del tiempo. Del lugar #93 que estábamos en 2021 subimos a la posición #90 en 2022, pero para volver a caer en la posición #94 en 2023, aún más lejos del lugar #86 que ocupamos en 2012 y #87 en 2019.
- El mejor estudio para medir el proceso integral de transformación digital en los países es el Networked Readiness Index (NRI) del Foro Económico Mundial (WEF) y Portulans Institute. Desde su primera versión en 2003, solo en ese año y en 2020, la RD llegó a obtener una calificación por encima del promedio regional. En las últimas tres publicaciones (2021, 2022 y 2023), el país volvió a caer por debajo de la media regional y de la posición #7 en 2020, bajó a la #10 en 2021-2022 y recuperó un lugar en 2023 (posición #9), presentando este último año la brecha más grande entre nuestro desempeño y el resto de la región.
- Hasta el año 2020, según el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, el gasto TIC del Estado dominicano ha estado incrementándose de forma sostenida (tendencia que fue revertida gracias a los controles implementados desde 2021 por el Gabinete de Transformación Digital, aunque siguen siendo montos muy superiores a los años pre pandemia), sin que eso se haya traducido en una mejora en nuestro desempeño regional en materia de Gobierno Electrónico o preparación tecnológica en general (como vimos en los gráficos previos). Eso sugiere que debe haber un mayor control y regulación del gasto en tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la Administración Pública, ya que la institucionalidad y mecanismos de control actuales no parecen ser efectivos.
Argumentos a favor del nuevo organismo
Ante el bajo desempeño del país en materia de transformación digital e innovación (en comparación con la región latinoamericana), y el elevado gasto público en tecnología, ha tomado fuerza la idea de que se apruebe una ley que instaure la gobernanza necesaria y se cree una entidad con la capacidad institucional y el mandato legal requerido para revertir la situación descrita, al tiempo que lidere la implementación de todas las estrategias relacionadas (Agenda Digital, Política Nacional de Innovación, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, entre otras), regule el gasto TIC del sector público, genere un ecosistema digital adecuado y, al mismo tiempo, apoye a todos los sectores para que aprovechen las tecnologías digitales y fomenten así el desarrollo económico y social sostenibles.
Los argumentos que avalan esta propuesta son múltiples, incluyendo diagnósticos puntuales que organismos internacionales han realizado sobre la situación de nuestro país.
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