Starmer se enfrenta a su primera crisis por los disturbios violentos alentados por la extrema derecha
La creciente agitación en los círculos de extrema derecha en el Reino Unido se ha convertido en la primera crisis para el nuevo Gobierno del laborista Keir Starmer, cuando se cumple un mes de su victoria electoral. La ola de desinformación diseminada en internet en torno al acusado del apuñalamiento múltiple del pasado lunes en Southport (en el noroeste de Inglaterra), que se cobró la vida de tres niñas de entre seis y nueve años, ha prendido la mecha en grupúsculos radicales que han aprovechado la tragedia para alentar narrativas supremacistas y el discurso del odio contra la migración. Aunque el imputado, de 17 años, nació en Cardiff (capital de Gales) en el seno de una familia de refugiados de Ruanda, comentarios falsos en la Red afirmaban que es un solicitante de asilo sirio, en el radar de los servicios de inteligencia.
La exaltada movilización en las redes sociales se trasladó a las calles y surgieron disturbios que comenzaron en Southport y se extendieron a otras localidades. Al final de esta semana, había un centenar de detenidos y 50 policías heridos. La protesta organizada el martes en el exterior de una mezquita en la localidad del ataque, que coincidía con una vigilia por las víctimas, se expandió posteriormente a Londres, Mánchester y a Hartlepool. Ni siquiera ha frenado esta exaltación la difusión de la identidad del sospechoso. Pese a que se trata de un menor, el juez de Liverpool ante el que compareció tomó esa decisión precisamente para intentar contrarrestar el “vacío” que había permitido “expandir desinformación” sobre el caso.
Este fin de semana están convocadas cerca de una veintena de protestas por todo el Reino Unido, incluyendo Mánchester, Nottingham, Leeds, Newcastle, Liverpool o Belfast, la mayoría bajo el lema de las convocatorias de la semana: “Ya es suficiente” (”enough is enough”, en inglés). La retórica es la habitual en la doctrina de la extrema derecha británica, con apelaciones a “patriotas” y consignas como “salvemos a nuestros niños”, que vincula el suceso de Southport al riesgo que supone la migración. Se asemeja también a “paremos los botes” (”stops the boats”), el eslogan del anterior Ejecutivo conservador en su campaña contra la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha.
Aunque las concentraciones han reunido hasta ahora apenas a unos centenares de personas, en el mejor de los casos, el primer ministro, Keir Starmer, no ha querido esperar a que la crisis se le vaya de las manos. Cuando no habían pasado ni 24 horas desde que más de un centenar de manifestantes radicales fuesen arrestados en las inmediaciones de Downing Street, su residencia oficial, el mandatario laborista convocó a los jefes de policía para coordinar una respuesta integrada ante potenciales altercados y transmitir un mensaje de mano dura contra los promotores.
Los cuerpos policiales de todo el país están en estado de alerta, después de que Starmer les garantizase poderes y, más importante, recursos para contener los altercados violentos. Entre las medidas previstas está el uso de sistemas de reconocimiento facial para identificar a personas en el radar de las fuerzas de seguridad, o la supervisión constante de la venta de billetes de ferrocarril para detectar desplazamientos. En muchos casos, los instigadores no proceden de la comunidad afectada, sino que responden a una estrategia concertada en plataformas como Telegram. Por ello, un centro virtual de inteligencia controla ya el contenido de los canales vinculados con la extrema derecha.
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Asimismo, habrá más agentes en trenes y centros de transporte para facilitar apoyo ante lo que el presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía, Gavin Stephens, ha anticipado como “días difíciles”.
El propio Starmer tampoco es ajeno al efecto llamada de los disturbios: cuando en 2011, con él como jefe de la Fiscalía, tuvieron lugar en Londres las protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la policía, unas 3.000 personas fueron llevadas en cinco días ante tribunales que operaban prácticamente las 24 horas, con las sentencias más duras posibles.
En esta ocasión, sin embargo, tanto el Gobierno como la Policía tienen en las redes sociales un desafío añadido que apenas pueden contrarrestar. El primer ministro lanzaba esta semana una advertencia velada a los gigantes tecnológicos sobre su responsabilidad en la diseminación de desinformación, la retórica del odio y la movilización alentada por ultras, pero reconocía también el delicado equilibrio impuesto por la libertad de expresión, un debate que había dividido ya al Ejecutivo tory cuando redactó la legislación en la materia.
Como consecuencia, mientras X (anteriormente Twitter) comenzó a retirar, aunque tarde, algunas de las publicaciones falsas sobre el ataque de Southport; otras plataformas como Telegram —cuyo principal reclamo es la ausencia de moderación— se han convertido en uno de los grandes medios de canalización del malestar. En la práctica, el Reino Unido carece de los mecanismos para combatir la desinformación por internet, como quedó de manifiesto cuando la Policía Metropolitana, el mayor cuerpo del país, reconoció hace unos meses que no podía hacer nada ante los audios falsos que habían circulado del propio Starmer, o del alcalde de Londres, Sadiq Khan.
Ofcom, el regulador nacional de las comunicaciones, se encuentra en fase de definición de las normas para las plataformas de internet en la Ley de Seguridad Online, que entrará en vigor el próximo año. El texto, no obstante, no hace referencia específica a la desinformación y los gigantes tecnológicos solo tendrán que actuar si sus términos y condiciones lo requieren, a diferencia de la iniciativa asumida por la Unión Europea con la Ley de Servicios Digitales, que ha multado ya a X por vulnerar las reglas en materia de desinformación.
Como consecuencia, figuras como Tommy Robinson, exlíder del grupo ultranacionalista Liga de Defensa Inglesa (EDL, en sus siglas en inglés) y cuyo nombre fue coreado en las protestas de esta semana, tienen margen para perpetuar informaciones falsas, sin cruzar necesariamente el umbral de la ilegalidad; al igual que Patriotic Alternative (Alternativa Patriótica), una organización que alienta la provocación, fundamentalmente como reacción a las noticias, cuidándose de evitar llamadas directas a la violencia para eludir la prohibición. El nuevo diputado populista Nigel Farage también contribuyó a la narrativa de la conspiración, al declarar, en relación con el ataque del lunes: “Me pregunto si nos están ocultando la verdad”.
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