Sunak echa un pulso al Parlamento británico para aprobar su ley de deportaciones a Ruanda
En la jerga política británica se llama “ping-pong parlamentario”. Ocurre cuando una ley salta de la Cámara de los Comunes a la Cámara de los Lores y viceversa hasta que una de las dos da su brazo a torcer y acepta las enmiendas del contrario. El primer ministro británico, Rishi Sunak, está dispuesto a cerrar las puertas del Parlamento este lunes —en sentido figurado— y tirar la llave al mar, hasta que consiga sacar adelante la medida a la que ha vinculado el éxito o fracaso de su mandato: la ley de deportación de inmigrantes a Ruanda. Una conjura de lores independientes y laboristas lleva casi cuatro meses bloqueando la aprobación del texto con modificaciones adicionales. Sunak quiere enviar los primeros irregulares al país africano antes del verano.
Dos son los escollos finales planteados por la Cámara alta. El laborista Desmond Browne, que fue ministro de Defensa en el Gobierno de Tony Blair, ha reclamado que todos aquellos afganos que colaboraron con las fuerzas británicas durante la última invasión de aquel país queden excluidos de las posibles deportaciones. Y el independiente David Anderson ha logrado forjar una coalición de lores que reclama la creación de una comisión que revise de modo independiente si Ruanda es realmente un país seguro al que pueda delegarse la gestión de los inmigrantes irregulares.
“Vemos de nuevo como los laboristas están intentando de nuevo bloquear la ley, algo que resulta enormemente frustrante. La paciencia de todo el mundo está comenzando a agotarse. La mía, desde luego”, advertía este viernes Sunak. “No habrá más engaños ni retrasos. [El Parlamento] se va a reunir y va a votar hasta que la ley se apruebe. Y luego comenzarán los vuelos, para lograr el efecto disuasorio necesario para resolver este problema”, añadía.
Los diputados y lores británicos se preparan para una larga sesión que puede llegar a prolongarse hasta la madrugada del martes. El Gobierno se ha mostrado firme en su negativa de cambiar una sola coma del actual texto, pero no puede descartarse que, finalmente, acabe aceptando la enmienda referente a los colaboradores afganos.
Sunak vinculó el éxito de su mandato, a los pocos días de entrar en Downing Street, con la promesa de poner freno a la inmigración irregular. El eslogan Stop the boats (Detengamos los botes, en referencia a las embarcaciones con personas que intentaban cruzar el canal de la Mancha) presidía cada comparecencia del primer ministro para abordar un asunto que, según todos los sondeos, se había convertido en la primera obsesión de los votantes conservadores.
El acuerdo con Ruanda para comenzar a deportar inmigrantes fue idea de Boris Johnson, y muchos de sus críticos consideraron entonces que se trataba de la última ocurrencia para distraer la atención pública de todos los escándalos que asediaban entonces al primer ministro. La idea, sin embargo, cobró vuelo por sí misma. Sunak la abrazó hasta convertirla en un compromiso propio y, desde entonces, la batalla entre el Gobierno por un lado, y los tribunales, el Parlamento, las organizaciones humanitarias y la opinión pública por otro se ha vuelto cada vez más cruenta.
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En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspendió en el último minuto el primer vuelo destinado a Ruanda, al que apenas habían embarcado media docena de personas después de una avalancha de recursos que dejó en tierra a muchos de los inmigrantes que el Gobierno británico pretendía deportar.
Poco después, fueron los propios tribunales del Reino Unido —un tribunal de apelación, primero, y finalmente el Tribunal Supremo— los que declararon ilegal un plan que planteaba muchas incertidumbres respecto a la seguridad de los deportados.
Presionado por el ala dura de su partido, que reclamaba incluso al Gobierno que ignorara la Convención Europea de Derechos Humanos en materia de inmigración, Sunak sacó de la chistera un nuevo texto legal, la llamada Rwanda Safety Bill (Ley para Proclamar Ruanda un País Seguro). Además de proclamar legalmente, con un tono voluntarista, que Ruanda es un lugar seguro, para calmar así las posibles dudas de los jueces, el Gobierno británico cortaba en seco cualquier posibilidad de que los inmigrantes irregulares que fueran a ser deportados pudieran recurrir la decisión ante la justicia. Solo aquellos que se enfrentaran a un “riesgo real, inminente y probable de sufrir un daño grave e irreversible”, que padecieran unas dolencias graves físicas o mentales, que hubieran sido víctimas de torturas o que tuvieran tendencias suicidas podían ser excluidos.
Es esa ley, que paradójicamente sigue pareciendo débil e ineficaz por excesivamente garantista al ala más reaccionaria del Partido Conservador, la que Sunak quiere aprobar este lunes a toda costa. Al menos 150 personas han sido ya escogidas para realizar las primeras deportaciones, que deberían realizarse antes del verano. El primer ministro quiere tener ya una victoria parlamentaria que ofrecer a los votantes y a su propio partido antes del 2 de mayo. Ese día se celebran elecciones municipales por toda Inglaterra. Los sondeos vaticinan un nuevo descalabro de los tories, que podrían llegar a perder hasta 500 representantes locales.
Aunque Sunak ha reiterado su voluntad de que no haya elecciones generales hasta el próximo otoño, una derrota superior a la prevista encendería los ánimos internos en el Partido Conservador. La idea de tener que afrontar una nueva moción de censura en el grupo parlamentario, como las que derrotaron a Theresa May, Boris Johnson o Liz Truss, podría fácilmente llevar al primer ministro a la decisión de convocar por adelantado las urnas.
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