Tres Administraciones y presión política intermitente: el efecto de las sanciones de Estados Unidos en Venezuela
Estados Unidos ha recurrido una vez más a las sanciones económicas como medida de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Este jueves, Washington ha reactivado las restricciones al sector energético suspendidas hace seis meses ante la eliminación de la competición electoral de candidatos opositores como María Corina Machado, inhabilitada por el chavismo. En la práctica, no se ha renovado la llamada Licencia General 44, que permitió a Venezuela comercializar su gas y crudo en los mercados internacionales. Pero esa presión, ahora ejercida en plena carrera hacia las presidenciales del 28 de julio, no es nueva. Abarca tres administraciones en la Casa Blanca y se ha ido complicando progresivamente. Estas son las claves de del forcejeo diplomático con Caracas:
En 2015, bajo el mandato de Barack Obama, se impusieron las primeras medidas en el marco de la Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, con la que se pretendía castigar a los señalados como responsables de violaciones de derechos fundamentales. Se trataba de sanciones de tipo individual, entre los que figuraban altos mandos de cuerpos de seguridad, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional, involucrados en la violenta represión de protestas antigubernamentales de 2014.
Las primeras sanciones de carácter económico se remontan a 2017. El Departamento del Tesoro a las órdenes de Donald Trump impuso restricciones a las operaciones, transacciones y negociaciones entre entidades y personas estadounidenses y el Gobierno venezolano. Esto llevó a una política de sobrecumplimiento en los departamentos legales de los bancos estadounidenses con relación a transacciones en las que estuvieran involucrados ciudadanos venezolanos. Ese año Venezuela entró en default en sus pagos de deuda.
Cerco a PDVSA
En los años siguientes, se fueron agregando sectores y organismos específicos. En 2019, en pleno pulso entre Juan Guaidó y Maduro, Washington golpeó a PDVSA, muy debilitada por la crisis económica y la corrupción galopante de la petrolera estatal, y sus empresas filiales. En esa ocasión, por primera vez, se suspendió el intercambio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, un tradicional cliente y pagador de la petrolera sudamericana que le despachaba entonces unos 500.000 barriles diarios.
Junto con estas sanciones, conocidas como “primarias”, se aplicaron las llamadas “sanciones secundarias” que amenazan con un veto en el sistema financiero estadounidense, no solo a los ciudadanos de ese país sino a ciudadanos y entidades extranjeras que “asistan materialmente, patrocinen o proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al sancionado Gobierno de Venezuela”. Con esta prohibición se complicó la comercialización del crudo de PDVSA en los mercados internacionales y llevó al país caribeño a recurrir al mercado negro de petróleo, comerciándolo con grandes descuentos, y a tretas como el uso de buques fantasma para asegurar la venta o el trueque por mercancías o derivados de hidrocarburos de los barriles que se iban quedando en los muelles de PDVSA.
En esas aguas llenas de intermediarios navegaron estas negociaciones opacas que han terminado en una extensa red de corrupción, que el chavismo ha llamado PDVSA Cripto. Este nuevo desfalco en la principal industria del país involucró la pérdida de 21.000 millones de dólares y una purga en el Gobierno de la que se generaron varias detenciones de funcionarios y que hace unos días ha llegado a un presunto desenlace con el reciente encarcelamiento de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y hombre cercano de Maduro, luego de desaparecer de la vida pública y sin explicaciones durante un año.
Alivio de seis meses
El camino a la flexibilización de estos bloqueos a la venta del petróleo venezolano empezó el 25 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania. El desajuste del mercado energético global con una nueva guerra en el panorama terminó acercando a Estados Unidos al Gobierno de Maduro. Largas conversaciones y al menos seis reuniones en Doha, auspiciadas por Qatar en paralelo a las negociaciones con la oposición que habían iniciado un año antes en México, llevaron a los Acuerdos de Barbados, con una serie de compromisos políticos, y a la implementación de la Licencia 44.
Esta Licencia General abrió la puerta a la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas desde Venezuela. El cambio de este jueves sobre el régimen sancionatorio de Venezuela tuvo un movimiento previo a finales de enero, cuando el Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado. Entonces, el Departamento del Tesoro ordenó cerrar todas las operaciones con Minerven antes del 13 de febrero de 2024 que habían sido permitidas con la emisión de la licencia 43A en octubre pasado.
Poco impacto para la gente
El impacto del alivio de las sanciones, tanto en el mercado energético mundial como en la economía de calle en Venezuela, es limitado. Remontar la producción, luego de años de desinversión y malos manejos, ha sido difícil para PDVSA, que no ha logrado elevar significativamente el número de los barriles producidos. Venezuela, un país que en otro tiempo llegó a más de tres millones de barriles diarios, no ha vuelto a superar el millón desde que registró sus mínimos en el momento de mayor crisis en las operaciones de la empresa estatal que se agudizó con el veto de Estados Unidos al petróleo venezolano.
Hoy se producen entre 800.000 y 850.000 barriles diarios. El flujo de caja que ha entrado a las arcas del Gobierno de Maduro le ha permitido hacer inyecciones de dólares al mercado cambiario para mantener a raya la inflación. Pero el gasto social sigue contraído. Hace dos años no se aumenta el salario mínimo en Venezuela, que hoy es equivalente a poco más de tres dólares mensuales.
La rendija de las licencias específicas
El alivio de las sanciones despertó interés a petroleras europeas, indias y chinas. Este mismo miércoles, en la víspera del vencimiento de la licencia otorgada el año pasado, PDVSA y la española Repsol firmaron un acuerdo de extensión del área geográfica de la Empresa Mixta Petroquiriquire. La licencia 44 que Estados Unidos ha decidido no renovar en respuesta a los pocos avances del Gobierno de Maduro en el cumplimiento de los acuerdos ha sido sustituida por la Licencia 44A, que da mes y medio a las empresas involucradas para el cierre de las operaciones y abre la posibilidad de que la OFAC considere solicitudes de licencia específicas a quienes estén interesados en continuar en operaciones autorizadas por la licencia que termina hoy. Con esta letra pequeña, Estados Unidos ha logrado no volver del todo al régimen totalmente cerrado previo a las negociaciones de Barbados.
“Venezuela con licencia y sin licencia va a seguir creciendo”, aseguró Pedro Tellechea, presidente de PDVSA, durante la firma del convenio con Repsol. “La licencia da una apertura a que vengan empresas indias, asiáticas y europeas y pidan su licencia y sigan trabajando con Venezuela”, añadió. La reacción de PDVSA es opuesta a la del alto mando del chavismo, que ha interpretado la no renovación de la Licencia 44 como un incumplimiento de Estado Unidos a lo acordado en Doha.
Tiempo extra para Chevron
En 2022, Estados Unidos emitió una primera licencia orientada a la flexibilización de sanciones con Venezuela. Fue una de las primeras señales de Washington de mover la palanca sancionatoria a cambio de avances en la democratización del país. Esta licencia se dictó luego de la que la oposición y el Gobierno volvieron a la mesa de negociación de México, luego de meses de estancamiento en las conversaciones.
La beneficiada entonces fue la petrolera estadounidense Chevron, que recibió la autorización para reanudar la producción de petróleo en el país y los proyectos de nuevos campos. Sobre esta licencia, que se ha renovado cada seis meses, Estados Unidos todavía no se ha pronunciado, por lo que podría continuar vigente. La licencia general 8M, que permite transacciones limitadas hasta el 16 de mayo de 2024 con Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC y Weatherford International, también sigue vigente.
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