Terminación de contratos de Las Parras se transó por RD$154.8 MM
La terminación amigable de los contratos de construcción de la cárcel La Nueva Victoria, ahora Las Parras, implicó una transacción entre la Procuraduría y las empresas adjudicatarias de las obras por 154.8 millones de pesos.
Dicho monto será descontado de los fondos retenidos por concepto de garantía por vicios ocultos que se estipuló en los contratos, por lo que las empresas no tendrán que realizar nuevas erogaciones a favor del Estado.
La información la dio a Diario Libre el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, representante de la procuradora Miriam Germán Brito en el caso de corrupción conocido como Medusa, que tiene como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Las empresas con las que se llegó a un acuerdo
La Procuraduría llegó a acuerdos con las empresas Constructora Pablo Yarul & Asociados, S.R.L., Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC-Pretensados Estructurales Dominicanos, S.R.L., Constructora Woxxen, S.R.L. y el Consorcio Remix-Rotilla.
Dichas empresas resultaron ganadoras de cuatro de los cinco lotes en que se subdividió la construcción de Las Parras, la mayor de las obras ejecutadas durante el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario que llevó a cabo la gestión de Rodríguez a partir del año 2018.
Aunque las obras fueron inauguradas en 2020, las investigaciones que dieron origen al caso Medusa determinaron que el penal quedó inconcluso, con problemas de diseño. A esto, los investigadores suman el supuesto pago de sobornos en que incurrieron los contratistas a cambio de ser adjudicados.
«Por la terminación, nosotros no tendremos que entregarles a ellos 154,819,807.32 pesos» Procurador adjunto
El procurador adjunto luego indicó que el monto equivale a un aproximado del 85 % del dinero que se había retenido a esas empresas por concepto de garantía.
«Ese es un dinero que está previsto en el pago. Uno tiene la obligación de darle ese dinero y entonces, ellos nos lo ceden. Es una cesión parcial, pues hubo cosas que sí se le reconocieron. Esos 154 millones es como el 84 o el 86 % de todo el dinero que se le tenía retenido»Procurador adjunto
Esa retención se sustentaría en las acusaciones que hizo el ministerio público de que la obra quedó inconclusa.
Los ejecutivos de las referidas compañías figuran como testigos del ministerio público en la acusación de Medusa, según la cual, éstos habrían admitido que pagaron soborno. Sin embargo, ninguno formó parte de la acusación penal que actualmente se conoce en los tribunales, por lo que, reitera el procurador adjunto, se trató de una terminación «amigable de mutuo acuerdo», meramente en lo civil.
Espiñeira dice que además hay un valor aún no estimado por materiales en obra que también quedará a favor de la Procuraduría.
«»Hay beneficio para el Estado, pues nos quedamos con un porcentaje y se hizo de forma civil»» Procurador adjunto
Los montos contratados
Los acuerdos terminados y que permitirán al Gobierno dominicano recontratar las obras faltantes para habilitar Las Parras, abarcaron un monto superior a los 3,000 millones de pesos.
El Consorcio Construcción y Transporte de Prefabricados EEC- Pretensados Estructurales Dominicanos, SRL, fue adjudicado del Lote I de La Nueva Victoria por un monto de 946.1 millones de pesos. Según el expediente de Medusa, debía pagar soborno por 145,000,000 de pesos.
Al Consorcio Remix-Rotilla, SRL., le adjudicaron el Cuadrante B, Lote 2, por un monto de $971,638,698.63, y a la Constructora Pablo Yarull & Asociados se la adjudicó el Lote 3, Cuadrante C, por 955,333,530 pesos.
El Lote 4 se entregó a Constructora Woxxen, S.R.L. por uno original de 692 millones de pesos, más una adenda de 106 millones. El soborno que supuestamente debía pagar era de 138 millones.
Además de las empresas con las que la Procuraduría llegó a acuerdos amigables, en la construcción de Las Parras participó, además, la empresa Mac Construcciones, SRL, adjudicada con el lote 5, por un monto de 1,298.8 millones de pesos.La empresa, representada por Lisandro José Macarrulla Martínez, fue procesada por los delitos de soborno, desfalco y asociación de malhechores, imputaciones que admitió como parte de un acuerdo con el ministerio público.Según las informaciones que dio el magistrado Espiñeira, el monto total de los acuerdos a los que ha arribado con ésta y otras empresas procesadas judicialmente es de 170, 851,995.75 pesos.Dicho monto, sumado a los 154.8 millones de los acuerdos amigables, suman unos 325.6 millones recuperados de la presunta estafa contra el Estado que el ministerio público estima fue por 6,000 millones de pesos.
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